Una sentencia pionera condena a un año y medio de prisión por abofetear en la cara y estirar del cabello a un funcionario del Servicio de Salud de Baleares
El Juzgado de lo Penal número 2 de la Audiencia Provincial de Palma ha emitido una sentencia pionera que condena a un año y seis meses de prisión a una mujer que agredió a un enfermero en un centro sanitario de s’Indioteria, por considerarlo un «atentado», además de «lesiones».
Es la primera vez que en un juicio por la
agresión a un trabajador del ámbito sanitario se aplican los artículos 550 y
551 del Código Penal, de forma que el delito cometido adquiere la consideración
de "atentado", según han informado a Efe fuentes del Servicio de
Salud de Baleares (Ib-Salut).
Los hechos juzgados ocurrieron en la tarde del 18 de julio de 2006 en la Unidad
Básica de Medicina del barrio de s'Indioteria de Palma, cuando la acusada
"abordó al enfermero" y tras hacerle varias preguntas le
"abofeteó en la cara y estiró del cabello", agresión que le ocasionó
un "esguince cervical, cefaleas y ansiedad". El agredido requirió
tratamiento médico durante 31 días.
La titular del Juzgado número 2, la juez Magdalena Ferreté, ha tenido en cuenta
en la sentencia que el enfermero tiene calidad de "funcionario
público" al depender de la Conselleria de Salud y Consumo de Baleares y ha
atendido la petición del Ministerio Fiscal basándose en los artículos 550 y 551
del Código Penal para la calificación del delito.
En virtud de dichos artículos, se considera que incurren en atentado quienes
"acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen
fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa
también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con
ocasión de ellas".
La juez ha condenado a la agresora a un año de prisión por el delito de
atentado -la pena mínima para esta calificación- y a otros seis meses por
lesiones, con inhabilitación especial durante ambas penas para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo.
La acusada deberá además pagar una indemnización de 1.104 euros al agredido y
asumir las costas del proceso como consecuencia de la "responsabilidad
criminal declarada".
La condenada, probablemente, no ingresará en prisión, dado que no tiene
antecedentes penales.