Muchas de las cosas del día a día se hacen on line. Estamos creando, voluntaria pero inconscientemente un enorme banco de datos, difuso pero real, que no controlamos. Hace unos años, las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos eran difusas y sufría incomprensión por parte de la ciudadanía. Sin embargo, pocos son los que en los tiempos que corren minusvalorarían una institución así.
Sin querer, muchas veces dejamos las puertas de la intimidad abiertas de par en par. En los primeros meses de 2009, el número de reclamaciones, junto con las inspecciones de la Agencia, están teniendo un crecimiento destacado: a fecha 1 de junio las denuncias se han incrementado en un 60 por ciento y las actuaciones posteriores en un 138 por ciento.
Precisamente, el informe relativo a 2008 del Defensor del Pueblo llama la atención en referencia al número significativo de quejas en esta materia, acompañada de un requerimiento por parte del Defensor del Pueblo para que la Agencia Española de Protección de Datos informe sobre las soluciones normativas o de otra índole que puedan adoptarse.
Artemi Rallo, responsable de la Agencia, ha informado que se está ultimando un proyecto de Instrucción sobre el modo de publicar información personal en diarios y boletines oficiales que pretende, entre otros aspectos, minimizar los datos personales que se publican, sin afectar a los fines legales de la publicación; ofrecer mecanismos para que sean los interesados los que accedan al contenido íntegro de los actos administrativos, así como evitar la indexación por parte de los motores de búsqueda de la información publicada, cuando lesionen los derechos individuales.
Por lo que respecta a la Administración de Justicia, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado recientemente procedimientos por infracción a cinco órganos judiciales de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Galicia y a las Consejerías de Justicia de Valencia, Galicia y Andalucía, y ha dado traslado de las actuaciones practicadas a las Agencias de Protección de Datos de Madrid y Cataluña por si procede iniciar actuaciones contra sus respectivas Consejerías de Justicia. No obstante, la Agencia ha intercambiado criterios con el CGPJ sobre cómo deben coordinarse en el ejercicio de sus respectivas competencias de inspección, "lo que constituye un paso previo para evaluar el cumplimiento de la LOPD en los órganos judiciales".