El pasado 21 de enero de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, por la que el Gobierno se comprometió a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para abordar el reto del cambio climático con una hoja de ruta a modo de agenda de políticas transversales a implementar durante su mandato (a excepción de cinco de ellas, que habrían de aprobarse durante los primeros 100 días).
Entre las cinco medidas urgentes de la nueva agenda para combatir la emergencia climática se encuentra la aprobación del proyecto de la tan esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética (en adelante, “LCCyTE”), para su posterior remisión al Congreso de los Diputados, con el objeto de alcanzar la neutralidad climática sobre la base de un sistema eléctrico completamente renovable para el año 2050.
Sin embargo, ha sido otra emergencia, la sanitaria, causada por el COVID-19, la que ha retrasado el cumplimiento del compromiso gubernamental adquirido. No sólo esto, pues no hay duda sobre que la crisis sanitaria ha afectado a esa hoja de ruta en materia de transición energética, habiendo dejado suspendido el plazo otorgado para la consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (en lo sucesivo, “PNIEC 2021-2030”) y retrasado la presentación de la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, así como la aprobación del proyecto de la ya mencionada LCCyTE [1].
Respecto de este último, en todo caso, el retraso ha sido mínimo, atendiendo a que, el pasado 19 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó y acordó la remisión a las Cortes Generales del proyecto de LCCyTE, dando paso así a su posterior tramitación parlamentaria. Es precisamente esta ley la que está llamada a concretar unos objetivos mínimos de transición energética para 2030 aún más ambiciosos que los acordados en el seno de las instituciones europeas, a saber: (1) la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto de los niveles del año 1990; (2) la penetración de la energía renovable en un 35% del consumo de energía final; (3) el logro de un sistema eléctrico con un 70% de la generación a partir de energía renovable; y (4) la disminución del consumo de energía primaria en un 35%.
Estos objetivos mínimos se ven superados en la previsión que realiza el PNIEC 2021-2030 (23% de reducción de gases de efecto invernadero, 42% de renovables sobre el uso de energía final, 74% de generación a partir de energía renovable y 39,5% de mejora de la eficiencia energética). Asimismo, a falta de la redacción definitiva de la norma a resultas de su tramitación parlamentaria, el proyecto de LCCyTE contempla los objetivos mínimos para el año 2050, consistentes en lograr la neutralidad climática y un sistema eléctrico cuya producción se base exclusivamente fuentes de energía renovable. La consecución de unos objetivos de generación renovable tan ambiciosos se antoja una ardua tarea, que requeriría la instalación de una capacidad adicional de generación renovable durante los próximos diez años que se ha cifrado en 59 GW (esto es, el incremento en 32 puntos porcentuales del porcentaje de generación renovable) [2].
¿Quieres seguir leyendo este contenido y otros? Suscríbete a la Revista de Derecho Ambiental
[1] Escribano, G. y Lázaro, L. (27 marzo, 2020). Energía, clima y coronavirus [Artículo en página web]. Recuperado de: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_ CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari31-2020-escribano-lazarotouza-energia-clima-y-coronavirus [Consultado el 20 de mayo de 2020].
[2] Borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (20 enero, 2020). Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/pniec_2021-2030_borradoractualizado_tcm30-506491.pdf [Consultado el 20 de mayo de 2020].
