Las demandas de responsabilidad civil por violaciones graves de derechos humanos tropiezan con obstáculos derivados de la especial cualidad de la parte demandada, que suele ser un Estado (u órganos o agentes del mismo). La inmunidad de jurisdicción es una dificultad típica, que combaten tanto la doctrina como la práctica de algunos (pocos) países.

En un momento histórico de apogeo de los derechos humanos continúan las violaciones graves de derechos humanos básicos por parte del Estado (sus órganos o agentes; empresas que operan con la connivencia estatal). Las carencias de los mecanismos tradicionales de Derecho Internacional Público llevan a los particulares a buscar remedio en las acciones por responsabilidad civil ante las jurisdicciones domésticas.