- Los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta deben garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA
- Las personas no solo tienen derecho a ser identificadas correctamente, sino que también tienen derecho a no ser identificadas en absoluto
El pasado 6 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución relativa al uso de la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales en la que solicita a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, en colaboración con el CEPD y el SEPD, elabore directrices generales, recomendaciones y mejores prácticas a fin de especificar en mayor medida los criterios y las condiciones para el desarrollo, el uso y el despliegue de aplicaciones y soluciones de IA para su uso por las autoridades policiales y judiciales.
Además, el PE se compromete a realizar un estudio sobre la aplicación de la Directiva sobre servicios con funciones coercitivas, con el fin de determinar cómo se ha garantizado la protección de los datos personales en las actividades de tratamiento por parte de las autoridades policiales y judiciales, en particular cuando se desarrollen o desplieguen nuevas tecnologías. Por último, pide a la Comisión que examine si es necesaria una acción legislativa concreta para especificar con más precisión los criterios y las condiciones para el desarrollo, el uso y el despliegue de aplicaciones y soluciones de IA por parte de las autoridades policiales y judiciales.
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