Han pasado ya muchos años desde que las redes sociales se integraron en nuestra vida diaria, transformando por completo nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos. Si echamos la vista atrás, muchos recordamos el momento en que abrimos nuestra primera cuenta en una red social, como Facebook, Tuenti, Instagram o Twitter. Sin embargo, en aquel entonces, si alguien nos hubiese hablado del papel clave que llegarían a desempeñar los “influencers” en la comunicación digital, seguramente ni siquiera habríamos sabido qué significa ser un influencer ni tampoco el impacto de las “fake news”.
Vivimos en un mundo donde cualquier persona con acceso a un smartphone puede convertirse en un experto en política internacional, medicina o incluso física cuántica, y con sus opiniones pueden influir en decisiones de compra, estilos de vida e incluso en temas sensibles como la ideología política o la salud. No importa si tienes 3 millones de seguidores en TikTok o una columna en un periódico nacional: si puedes hablar, puedes mentir.
El problema es que esas mentiras no siempre son inofensivas y conllevan riesgos, especialmente cuando difunden bulos (fake news) o información no verificada. Desde influencers promocionando remedios mágicos que prometen quitarte las arrugas en 3 días, hasta titulares sensacionalistas en la prensa que convierten rumores en «hechos»; la desinformación está en todas partes.
Pero, ¿sabemos realmente cuál es el impacto de estas fake news o bulos?
Un bulo no es un chisme inofensivo que te cuentan, sino que es algo más, es una mentira o información falsa que se difunde como si fuera la última noticia. Evidentemente este tipo de información falsa tiene un gran impacto en la sociedad cuando son difundidos por personas que tiene un especial poder para llegar a un gran número de usuarios. No es lo mismo decir que “comerte dos hamburguesas a la semana te hace más feliz” (lo cual, siendo sinceros, no es una mentira tan terrible) que decir que hay un tratamiento milagroso para curar el cáncer.
Este fenómeno plantea una pregunta clave: ¿qué responsabilidad legal hay al compartir información falsa?
En primer lugar, difundir información falsa puede tener consecuencias penales.
Por ejemplo, la difusión de información falsa cuando intencionadamente se menoscaba la fama o reputación de otra persona puede suponer un delito de injurias, o en el caso de informaciones falsas con mensajes de alarma, las cuales pueden implicar que sea preciso activar protocolos de alarma, podría ser constitutiva de un delito de desórdenes públicos. Igualmente, entre otros, durante el COVID-19, fuimos víctimas de bulos sobre métodos curativos sin base científica, lo que podría considerarse un delito contra la salud pública.
Por otro lado, las noticias falsas que engañen a los consumidores sobre las características de productos pueden ser constitutivas de delitos contra el mercado y los consumidores.
En segundo lugar, cometer alguno de estos delitos puede implicar la obligación de asumir la responsabilidad civil derivada de los mismos, lo que se traduce en el pago de indemnizaciones económicas. Asimismo, aunque ciertas conductas no lleguen a constituir un delito, pueden dar lugar a una demanda civil para reclamar una compensación por los daños y perjuicios ocasionados, especialmente en defensa de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen. Además, es posible enfrentarse a elevadas sanciones administrativas.
Pero ¡ojo! es fundamental recordar que la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución Española. No obstante, este derecho tiene sus límites y no ampara la difusión de informaciones falsas que puedan causar un perjuicio a otras personas. La legislación penal, civil y administrativa española prevé penas, indemnizaciones y sanciones para quienes difundan deliberadamente bulos que dañen bienes jurídicos protegidos, como el honor, la seguridad pública o la salud.
Sin embargo, en el momento actual en el que la información se propaga con una enorme velocidad gracias a los medios digitales y a las redes sociales, todas estas sanciones no son suficientes, y el pasado mes de diciembre el gobierno daba luz verde al anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que reemplaza la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo.
La nueva Ley de Rectificación tiene un objetivo claro: poner orden en el caos informativo. Desde influencers hasta grandes medios de comunicación, todos están bajo el mismo paraguas legal. ¿Pero cómo funciona exactamente?
Esta nueva normativa lo que pretende es que si alguien difunde información falsa que afecta a una persona, empresa o colectivo, tiene que rectificar públicamente en el mismo espacio donde se difundió el bulo. Por ejemplo, si un video llega a 1 millón de personas, la disculpa tiene que ser igual de visible, o si el bulo fue en una portada de una revista, la rectificación también tiene que serlo.
Asimismo, las personas o empresas perjudicadas pueden solicitar la rectificación directamente, sin necesidad de largos procesos judiciales, comunicándoselo directamente al medio de comunicación, o a los usuarios relevantes o influencers, quienes deberán de implementar mecanismos de fácil acceso que agilicen el ejercicio del derecho de rectificación.
En el supuesto de que no se implemente la rectificación,se regulan importantes sanciones económicas o incluso demandas judiciales.
En resumen, en esta era de información instantánea, tanto influencers como medios de comunicación tienen el poder de influir en nuestras decisiones y creencias. Pero con ese poder viene una responsabilidad que, hasta ahora, muchos han ignorado.
La futura Ley de Rectificación no es perfecta, pero es un paso hacia un entorno informativo más responsable. Porque, seamos sinceros: si un influencer puede venderte agua con limón como la clave de la inmortalidad o un titular puede hundir la reputación de una empresa en segundos, es hora de poner límites.
Ahora bien, no solo es responsabilidad de las personas que tienen capacidad de influir, es una responsabilidad colectiva de todos nosotros, ¡antes de compartir una noticia hay que verificar su veracidad!
La verdad ya no es opcional.
