Opinión

El autor afirma que el daño ecológico, económico y social que provocan todos los incendios no se resuelve con la represión del delito. Por ello, pide que la Administración y la Fiscalía, además de perseguir y enjuiciar a los culpables, trabajen de forma más activa en el plano de la prevención.

Hoy en día se ha abierto un debate sobre la cadena perpetua, su oportunidad y sobre todo su posible acomodo a nuestra Constitución y en concreto a lo previsto en el artículo 25 de la Constitución. El primer problema que surge es el de su propia denominación, de tal suerte que, tal cual es concebida en los países de nuestro entorno no es una pena para toda la vida,  y por ello se podría  denominar prisión permanente revisable. El debate se puede abrir y se debe abrir sobre su conveniencia, su proporcionalidad, su eficacia, pero creo que el debate sobre su acomodación a la Constitución está superado. Muchos son los que consideran este tipo de penas inconstitucionales, en especial  algunos responsables políticos, pero  ello requiere unas breves reflexiones jurídicas.

Ante el comienzo de las Olimpiadas, el autor critica la violación de los derechos humanos en China

El artículo trata sobre la extralimitación competencial de la Dirección General de Registros y del Notariado para resolver cuestiones sustantivas que no encajan en el concepto de función registral o notarial.

En la fenomenología de la responsabilidad médico-sanitaria hay tres escenarios en los que entra en juego la lesión del derecho del paciente a autodeterminarse mediante una...

El autor habla sobre la sentencia de la Sala Tercera Tribunal Supremo que anula algunos artículos del Reglamento Notarial, resolviendo así el recurso planteado por el Colegio de Registradores. Argumenta que se trata de un debate técnico y no político y que cualquier reforma de aspectos sustanciales del sistema de seguridad jurídica preventiva debe hacerse intentando conseguir la anuencia y el consenso de los operadores en él involucrados.

El autor sostiene que la excesiva juridificación estatal ahoga la iniciativa de la sociedad civil y pone en peligro el equilibrio democrático institucional

Tras meses de interinidad de los dos órganos más visibles de la justicia española debido cuando no a la incomunicación al enfrentamiento entre gobierno y fuerzas políticas, ayer se escenificaron los prolegómenos de un nuevo pacto de Estado que hará posible el cambio de miembros, pero no el cambio de situación de una justicia impregnada de posiciones políticas.

Según la última resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, un usuario deberá pagar una sanción de 60.000 euros por inscribir a otra persona a varias listas de distribución.