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13/08/2022. 01:33:01

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El sector asegurador detecta cada año cerca de 435.000 intentos de fraude.

La Guardia Civil y la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras firman un convenio para prevenir el fraude en el cobro de seguros

ICEA - "El Fraude al Seguro Español. Estadística a diciembre. Año 2014"

El pasado noviembre, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y la presidenta de la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Pilar González de Frutos, firmaron un Procedimiento operativo dirigido a la coordinación contra el fraude a las entidades aseguradoras.

Pilar González de Frutos, presidenta de la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil

Su objetivo principal es establecer un modelo colaborativo a nivel de comunicación entre el Cuerpo del Instituto armado y las aseguradoras que operan en territorio nacional, para prevenir e investigar las acciones dirigidas al fraude en este campo. Destaca la creación por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de una norma técnica de funcionamiento para las denuncias falsas en delitos contra el patrimonio.

El Procedimiento operativo firmado entre UNESPA y Guardia Civil es un desarrollo del Acuerdo marco de colaboración que rubricaron el 7 de noviembre de 2014 la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y UNESPA. La Unión de Aseguradoras ya colabora con la Guardia Civil y las Unidades de Policía Judicial en la prevención de fraude del seguro mediante el programa Coopera.      

Fraude en el seguro

Al año, el sector asegurador detecta cerca de 435.000 intentos de fraude, que requerirían el pago de unos 2.000 millones de euros; sobre todo en ámbito de automóvil  -7 de cada 10 casos, según ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones)- y hogar. El fenómeno de este tipo de fraude se da tanto desde organizaciones perfectamente estructuradas a defraudadores ocasionales sin antecedentes penales.

Los importes reclamados a las 30 compañías participantes en el estudio de ICEA ascendieron a 586 millones de euros, cantidad de la que resultó finalmente procedente para el pago 160 millones, es decir, un 27% de lo solicitado.

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