Práctica Jurídica

La mayor parte de los Estados contemplan en sus legislaciones internas, la figura jurídica del embargo de activos bancarios puesto que para el acreedor constituye un medio eficaz de cobrar la cantidad que se le adeuda. Sin embargo, la eficacia del embargo pierde fuerza cuando la deuda tiene un carácter transfronterizo. En estos casos los deudores pueden transferir con rapidez y facilidad sumas de dinero de unas cuentas a otras cuya existencia es desconocida por el acreedor.

El pasado 8 de junio se publicaba en el BOE la reforma del Reglamento del Registro Mercantil sobre la Sociedad Anónima europea domiciliada en España. Esta reforma, que tiene su génesis en el Reglamento Comunitario de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, permitirá materializar la constitución de sociedades anónimas europeas y sociedades anónimas europeas-holding con domicilio en España

El pasado 12 de octubre entró en vigor la Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Su objetivo principal es la protección de los clientes o consumidores de servicios financieros que realizan operaciones de comercialización a distancia, tales como la contratación electrónica o telefónica de servicios bancarios, de crédito o de pago, de inversión, de seguros privados, o de planes de pensiones, entre otros.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha promulgado la sexta revisión de las denominadas Reglas y usos uniformes para Créditos Documentarios, conocidas (UCP). Las nuevas reglas, que entraron en vigor el pasado 1 de julio de 2007, incorporan importantes novedades en cuestiones de formularios, transporte, seguros, definiciones e interpretaciones.

En una primera lectura del Art. 1 de la LAU/1994, pudiera deducirse que cualquier arrendamiento que tenga por objeto una finca urbana, ha de ser incluido dentro de su ámbito de aplicación, pero esta apreciación no es del todo cierta.

Aunque  la LAU/1994, guarda silencio al respecto, nada ha cambiado a este respecto en relación con la anterior regulación; los arrendamientos complejos, constatado el libre aporte de voluntad para su formalización, están excluidos en principio del ámbito de la Legislación especial.

La Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.

Transcurridos más de trece años de vigencia de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, la dispersión en la interpretación jurisprudencial de sus preceptos, quebranta la aspiración a la obtención del "Derecho cierto", tan consustancial para la configuración del "Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil". Cabe esperar que la progresiva utilización del recurso de casación por interés casacional, contribuya a paliar ésta situación de distorsión.

La propia  Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, en su preámbulo, informa del abandono de la distinción tradicional entre arrendamientos de vivienda y arrendamientos de negocio y asimilados.