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02/03/2024. 14:10:38

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LOS ACUERDOS UE-MERCOSUR-CANADA SON PARA LAS PYMES

Una integración cultural con libre-comercio para la clase media

Abogado en Canadá, Argentina y Brasil. Profesor de ética jurídica, de regulatory compliance y de abogacía internacional. Socio fundador y manager de The Latin Lawyer LC.
alex@latinlawyer.ca

Durante la primera semana de diciembre el Mercosur celebró en Rio de Janeiro, “a cidade maravilhosa”,  su cumbre semestral con el anuncio de que no se firmará tampoco esta vez, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). 

De lejos, un paraíso jurídico. Los que viven en Río están familiarizados con el zoom de la panoramica del Cristo Redentor hacia Ipanema que enamora desde lejos pero que despierta al aproximarse, todas sus pesadillas urbanas. Analogicamente en el Mercosur, cuanto más se negocia la belleza aspiracional de una unión aduanera recurriendo a la afinidad cultural entre sus naciones, más se evidencian sus inconsistencias reglamentarias locales y comunitarias.

El derecho del Mercosur todavía no acompaña a la realidad ferviente de la integración social espontánea de sus ciudadanos y debe enfocarse en la circulación de los pequeños y medianos negocios regionales porque sino, el libre comercio intra-zona no se concretar. Mientras no se defina por ese enfoque intra-zona, sus mas importantes negociaciones,  como el acuerdo UE-Mercosur y el Mercosur-Canadá sufrirán estancandose.

Afinidad cultural y después?  La afinidad  cultural entre UE, Canadá y el Mercosur tiene raíces sólidas e históricas.Canadá es un país tan antiguo, agrícola y con recursos naturales como los países del Mercosur. Tecnológicamente comparable a Brasil y poblado como la Argentina, atrae la inmigracion de todas las clases medias del planeta. Además de  reformar el Nafta, hoy USCMA, con un notable adelanto jurídico enfocado en las pymes y en el comercio digital,  ha ratificado un acuerdo novedoso con la UE hace seis años, el CETA (Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement).

La aprobación de un tratado internacional depende de un procedimiento complejo de  coordinación entre las provincias canadienses. Alberta por ejemplo, ha sancionado un dispositivo legal para vetar iniciativas federales que puedan afectar sus intereses económicos provinciales.

Mantiene también, un sistema de consulta amplio e inclusivo de las comunidades y de los sectores económicos comprometidos. El respeto de los derechos  humanos y la no discriminacion en el contexto del comercio internacional constituyen también pilares legales esenciales de toda negociación. Y los tratados de libre comercio deben asistir a las pymes canadienses.

Sin lugar a conjeturas.  En el 2019,  cuando se lanzó la propuesta  del nuevo texto del acuerdo UE-Mercosur, Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica criticaron las altas cuotas concedidas, mientras liberaban esos mismos productos con el CETA. Toleraban cuotas canadienses y rechazaban cuotas del Mercosur. En pocas palabras, las pymes canadienses aseguran el cumplimiento de normas técnicas y las del Mercosur, no se sabe. 

Con el Mercosur, la discusión para-arancelaria tuvo lugar. Control de calidad y de las medidas fitosanitarias, eran fundamentales para proteger estándares europeos. El CETA en cambio, contiene un mecanismo de coordinación e información dinámicos para las empresas y fundamental para las pymes. El argumento ecológico de que en el Mercosur, la crianza de ganado es responsable por el 80% de la deforestación amazónica, desembocó en un posible incumplimiento del Pacto Verde Europeo. 

Hacer negocios en el Mercosur fué sistemáticamente asimilado a acceder primero al mercado brasileño. Argentina cerró sus aspiraciones de libre comercio cuando comenzó a aplicar retenciones a sus exportaciones y a controlar las importaciones, asfixiando tributariamente a sus pymes. Paraguay creó el sistema tributario más competitivo del bloque. Uruguay comenzó a proponer al bloque que las negociaciones bilaterales serían más rápidas y efectivas. Bolivia acabó por ingresar al bloque, tal vez hasta Chile y Perú integren el bloque con una salida al pacifico.

Libre establecimiento para las pymes. Tras 22 años de existencia, el derecho del Mercosur ha concretado algunos protocolos y acuerdos relevantes, aunque muchos de ellos no se encuentran vigentes. Los tribunales de justicia nacionales casi no escuchan los razonamientos de derecho comunitario. El Tribunal Permanente del Mercosur (TPR), debería recibir facultades para emitir opiniones consultivas judiciales a instancia directa de los empresarios e individuos.

El fluido intercambio cultural y económico entre los países miembros, prevalece dominado por las pymes. Los ciudadanos del Mercosur quieren hacer negocios y circular, junto a sus bienes, capitales y servicios dentro del bloque. Aflige al derecho de la integración que la libre circulación de las personas, no figure expresada entre las libertades del Tratado de Asunción. De la libre residencia, no hay otra cosa hoy, que una residencia temporaria por dos años.

Mucho menos existe una norma de libre establecimiento.Para reconocerla en el Mercosur, se debe incorporar una noción empresarial y corporativa, que habilite la apertura de filiales, la transferencia de sede, un control societario regional transparente, el reconocimiento recíproco de pasivos y pago de gastos en el extranjero, simplificar la admisión de la personalidad jurídica, extender el trato nacional, entre otras herramientas. Libertad de establecimiento y libre circulación de los trabajadores constituyen la piedra jurídica angular de la integración económica.

Con el libre establecimiento, el Mercosur debería transformar e integrar los recursos de energía, poner en circulación sus capitales libremente -incluyendo al fintech-, potenciar la ubicuidad de las empresas de tecnología. Si UE-Mercosur sigue el modelo del CETA, esa integración depende de observar e investigar cómo se integran las pymes y cómo circula regionalmente la clase media en el Mercosur.

El CETA de las Pymes y de la clase media. Irlanda, uno de los países opositores al acuerdo UE-Mercosur, es uno de los principales beneficiados por el régimen del CETA. Durante las negociaciones cuestionaba la progresividad de sus reglas porque permite la circulación de los prestadores de servicios y de los trabajadores. El Partido Verde irlandés lo calificó de “caballo de troya” de las grandes empresas y hoy el 90% de las pymes europeas y canadienses operan a través del CETA. Irlanda es sede de casi todas las filiales canadienses para operar en la UE y casi 700 empresas irlandesas se incorporaron en Canadá. Canadá reconoció 143 apelaciones de origen de productos irlandeses (incluyendo el famoso whiskey) sin afectar la competitividad de los mismos productos canadienses. El régimen para la libre prestación de servicios abrió completamente las finanzas, las telecomunicaciones, la medicina y la investigación para la innovación. Creó un marco acelerado para el reconocimiento de diplomas profesionales.

El artículo 10 de CETA habilita la circulación temporal de empleados de empresas y directivos y autorizó más visas de inversión.

El sistema de solución de controversias del CETA fue inicialmente muy criticado. Con la modernización de la legitimación “inversor-país”, CETA habilitó como partes opinantes y reclamantes a las empresas instituyendo un sistema rotativo para la designación del panel de árbitros.

CETA es hoy conocido como un tratado de libre comercio para la clase media. El 30 de abril de 2019, la Corte de Justicia de la UE (CJUE) opinó (#1/17) que el novedoso sistema de solución de disputas del CETA es compatible con el derecho europeo. El Mercosur debería modernizarse jurídicamente y permitir que el TPR opine sobre la aplicación dinámica de las libertades comunitarias y resuelva sobre el impacto regional de los acuerdos de libre comercio.

Canadá-Mercosur: seis condiciones jurídicas. La nota de entendimiento bilateral del 2018 establece un estudio del impacto ambiental y laboral contra la discriminación de la liberación comercial. Según Foreign Affairs Canada, la consulta al Standing Committee on International Trade (SCIT) de diciembre del 2018, fijó seis condiciones para el acuerdo con el Mercosur. El 3 de abril del 2019 el Honorable Jim Carr, canciller canadiense hoy fallecido, tomó nota de esas condiciones y las aprobó, explicando al Parlamento su estrategia de negociación. 

Primero, las empresas canadienses que tendrán prioridad son las de software, iluminación, pesca, canola, tecnología, partes de automotores y equipamiento agrícola.

Segundo, el uso abusivo de barreras no arancelarias impone que Canadá reclame al Mercosur el establecimiento de reglas exigibles para combatirlas. Licenciamiento para comercio exterior,  costos cambiario, protección de las inversiones en biotecnología agropecuaria y de la propiedad intelectual demandan un sistema de consulta bilateral activo y eficiente.

Tercero, el cuidado de la competitividad de las empresas canadienses requiere la creación de un sistema de solución de conflictos para prevenir los subsidios injustificados. Asimismo, Canadá demanda un sistema permanente de información en el Mercosur al mismo nivel del Canadian Business Network para las empresas que deseen acceder a su mercado.

Cuarto, Canadá requiere la inclusión de cláusulas multiculturales que respeten la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco.

Quinto, Canadá examinará la protección de las inversiones de sus empresas reconociendo el derecho a tomar medidas de interés público.

Sexto, la internacionalización e información de las pymes debe operar incluyéndolas para garantizar que fluyan sus oportunidades de comercio e inversión. El Mercosur debe aceptar los capítulos de admisión laboral y de prestación de servicios, protección del medio ambiente y acceso tecnológico, detallando la relación entre comercio y género, comercio y naciones originarias. Para el medio ambiente, el acuerdo debe crear un régimen que garantice una gobernanza robusta, exigible y ambiciosa en el marco del comercio internacional libre sin ser derogatoria de principios.

La integración depende del libre comercio de las pymes. Sin gran detalle juridico, el punto 16 del texto del acuerdo del UE-Mercosur propuesto en Bruselas el 1 de julio del 2019, busca instituir un intercambio de informaciones sobre acceso al mercado para las pymes, catalogando apenas códigos arancelarios y tasas, normas de origen y otros requisitos de importación algo mas específicos. UE-Mercosur debe nivelarlo con el sistema del CETA porque las pymes representan hoy el pulmón del intercambio y de la integración internacional.

El acuerdo UE-Canada, mantiene un comité conjunto que determina activamente las etapas concretas que las pymes precisan recorrer en Europa y en Canadá, en el marco de un plan de trabajo que reporta publicamente sus resultados.

El Mercosur, tiene que demostrarle al mundo que cuenta con los instrumentos jurídicos para garantizar la circulación interna de sus pymes. Constituye una grave falencia que no ofrezca estructuras eficientes de información técnica, ni que no explore exhaustivamente la integración regional de sus pymes. Desde la vieja resolución 59 del Grupo del Mercado Común de 1998 el Mercosur para las pymes no se ha modernizado.

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