La unificación de la disciplina contractual en España ha sido una vieja aspiración, defendida y rechazada históricamente, desde que viera la luz el primer Código de Comercio de Sainz de Andino en 1829. La necesidad de una regulación contractual que ofreciera seguridad jurídica al tráfico económico y el retraso de la codificación civil por la llamada cuestión foral propiciaron que el Código de Comercio incluyera en su seno una amplia configuración del régimen general de las obligaciones y contratos. Desde entonces se ha contado con un sistema fragmentado y dual que ha enfrentado como categorías irreductibles a la contratación mercantil, sujeta al Código de Comercio y su legislación especial, frente al resto de los contratos privados sometidos al Código civil; normativa aplicable con carácter subsidiario por ser depositaria de la disciplina común general en cuanto rige también para la contratación mercantil como legislación especial «en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad para contratar»
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