Práctica Jurídica

El trust es un instrumento plurifuncional, susceptible de múltiples aplicaciones prácticas. Una de ellas es la protección de menores y personas en situación de dependencia. A través del trust se puede conseguir una eficaz gestión patrimonial a favor de menores o personas dependientes y planificar cuál será el destino final de los bienes que se administran en su beneficio.

El instituto angloamericano del trust permite regular la sucesión del patrimonio familiar durante varias generaciones, asegurando su permanencia dentro de la familia. Ofrece igualmente la posibilidad de posponer en el tiempo la elección de los destinatarios finales y la medida de su participación en los bienes del fondo, pudiendo así valorar circunstancias desconocidas en vida del causante.

Por medio del trust se aislan los bienes transmitidos al fondo de las deudas personales que no responden al cumplimiento de la finalidad fiduciaria. En Estados Unidos, la inserción de una cláusula spendthrift permite además prevenir transmisiones, voluntarias o involuntarias, del derecho de los beneficiarios. En Inglaterra, con el protective trust el derecho del beneficiario se extingue o transforma cuando se produce alguna circunstancia que lo hace peligrar.

Como forma de luchar contra el cambio climático se reestructura el impuesto de matriculación sustituyendo la cilindrada de los vehículos por las emisiones de dióxido de carbono como criterio de determinación de los tipos impositivos. Estos tipos ya no son dos sino cuatro para cada uno de los epígrafes o categorías de vehículos, y van desde el 0% para los vehículos que emiten menos de 120 g/km, al 14'75% para los que emiten igual o más de 200 g/km.

La nueva Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad moderniza el régimen jurídico básico del patrimonio natural (bienes y recursos naturales relevantes) y de la biodiversidad (variabilidad de la fauna y la flora), armonizando los instrumentos y espacios naturales protegidos tradicionales en nuestro ordenamiento con los previstos en la normativa internacional y comunitaria, con el objetivo de conservar el patrimonio natural y la biodiversidad, y garantizar su uso sostenible, su mejora y su restauración.

Tras la elaboración en 2006 de un nuevo Reglamento comunitario relativo al traslado de residuos, dos recientes Reglamentos modifican y complementan esa regulación. La modificación afecta a la documentación e información requeridas para el traslado de residuos. El otro Reglamento establece los procedimientos que deben seguirse para la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a determinados países no comunitarios.

Por primera vez se aprueba en España una Ley de responsabilidad medioambiental que establece un sistema público de responsabilidad de daños ambientales que incluye medidas de prevención, de evitación y de reparación de dichos daños. Una responsabilidad que es ilimitada y, en algunos casos, objetiva.

Se aprueba una Ley de calidad del aire y de protección de la atmósfera con un enfoque integral, ya que no se centra únicamente en el control de las fuentes de contaminación atmosférica, sino que incorpora también la moderna estrategia de evaluación y gestión de la calidad del aire. La Ley destaca también por derogar no sólo a la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico, sino sobre todo al viejo Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia es uno de los documentos programáticos ambientales más importantes que se han aprobado en nuestro país, por integrar y armonizar la política climática y la energética. En él se diseñan los objetivos y líneas de actuación para los próximos años en dos ámbitos de enorme trascendencia económica, social y ambiental.