El incremento del SMI, sin pretenderlo, aumenta la separación entre el colectivo de personas con discapacidad que no trabajan con el mundo laboral al que quieren acceder. Para revertir esta situación, el Gobierno deberá promover, de forma urgente, las ayudas necesarias para que quienes más difícil lo tienen para acceder al mercado de trabajo no se encuentren aún más excluidos. Es necesario incrementar los apoyos de fomento del empleo, sobre todo de las personas con discapacidad intelectual y de aquellas con problemas de salud mental, para que no salgan perjudicadas laboralmente por esta mejora salarial.
El pasado día 4 de febrero el Gobierno incrementó el SMI fijando una cuantía mínima para el año 2020 de 950 euros al mes, cuyo fin es incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores con sueldos bajos. En principio es una buena noticia para los trabajadores con discapacidad que tengan trabajo, pues estadísticamente están en dicha franja salarial, pero para aquellos que no están empleados no lo es, pues lo tendrán aún más difícil para acceder al mercado laboral.
Las estadísticas muestran que el colectivo de personas con discapacidad es uno de los más castigados por el desempleo y por la desocupación. Las personas, que además de buscar empleo tienen una discapacidad, lo tiene más difícil que quienes no tienen discapacidad, acumulando más de un 10% de desempleo que la tasa general. Dentro de este grupo, hay un subgrupo que no sólo tienen las tasas de desempleo más altas del colectivo, sino que además sus tasas de actividad son muy bajas, este lo forman las personas con discapacidad intelectual y quienes tienen problemas de salud mental, de ellos, quienes tienen o buscan empleo son una pequeña minoría, en general ni siquiera intentan entrar en un mercado laboral que los excluye.
No son contratados, por muchos motivos, entre los que se encuentran la discriminación y el estigma, pero sobre todo el desconocimiento de la realidad de sus capacidades, son personas con derecho a trabajar, como todos, pero sobre los que se cierne la percepción, que es realidad en algunos casos, de no llegar a la productividad general media y por eso requieren de un apoyo específico.
El incremento del SMI será bueno para muchas personas, pero si no se prestan los apoyos necesarios separa a los colectivos más vulnerables del empleo al que quieren acceder. Incrementa la brecha, que ya es un abismo, entre los que tienen trabajo y quienes no lo tienen, pues para acceder al empleo, estos últimos deberán demostrar aún más capacidad de generar el rendimiento suficiente para que al empleador le resulte rentable su contratación.
Pero el Estado, que es quien ha incrementado el SMI no ha modificado las bonificaciones que promueven la contratación desde el año 2006. Si dicho año la cuantía mínima que debía pagar un empresario a un trabajador eran 7.573€ anuales, el mismo empresario en el año 2020 deberá pagar al mismo empleado 13.300€, pero el gobierno, pero desde hace 14 años, desde aquel 2006 no ha incrementado ni un céntimo, las ayudas en bonificaciones para contratar en el mercado ordinario. Hay que resaltar que el año 2019, dotó una subvención de un 5% adicional para cubrir los salarios de los trabajadores con discapacidad severa de los centros especiales de empleo, pero la norma establecía explícitamente que era extraordinaria y sólo para ese ejercicio.
Las cifras generales indican que está cayendo la contratación, y con ello el empleo de las personas con discapacidad. Según los datos del SEPE, desde el año 2016 al año 2017 hubo un incremento de la contratación de un 11,40% y entre el año 2017 y 2018 aumentó un 6,18%, pero se puede comprobar con preocupación que el año 2019, coincidiendo con el incremento de un 22,3% del SMI, se produjo un parón en la contratación de personas con discapacidad, registrando un mísero ascenso de un 0,51%.
Las cifras de dicho año, por Comunidades Autónomas, muestran que se en el año 2019 se produjo crecimiento de empleo en unas compensando la pérdida de contratos de otras. Así frente a un incremento de contratos en el Principado de Asturias de un 14,16% y en Castilla la Mancha de un 8,70%, la contratación se hundió en la Rioja con un descenso de -17,31% y en la Comunidad de Navarra con un -7,46%. Y de forma similar, las comunidades que generan más empleo para personas con discapacidad también se compensaron unas con otras, las comunidades de Madrileña y Catalana registraron un aumento de un 4%, y un menor crecimiento de un 1,20%, respectivamente, y la Comunidad Valenciana disminuyó un -3,24%.
Los datos agregados de enero de 2020, mes en el que los empleadores sabían que se iba incrementar otra vez el SMI, todavía no están disponibles, pero si se han publicado datos parciales de dicho periodo, y los contratos indefinidos de personas con discapacidad en toda España se han reducido un -17,28%, habrá que esperar a los datos completos, pero esta cifra es muy preocupante.
Estamos a principios de año, a tiempo para que los apoyos al empleo de las personas con discapacidad cambien. El Gobierno, que ha decidido incrementar el SMI deberá tener en cuenta ya, de forma urgente, las necesidades de este grupo de personas. De las que tienen empleo y también de las que quieren acceder a él, y deberá hacerlo estudiando de forma particular la situación laboral de las personas con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental, que lo tienen más complicado para acceder y mantener un empleo. A medio plazo habrá que modificar el sistema de empleo protegido, que no está dando los frutos correctos, pero las personas esperan, y necesitan, que para este año 2020 se doten presupuestariamente los apoyos necesarios para poder ejercer, o para continuar manteniendo, su derecho a trabajar.
