Práctica Jurídica

Fuera del específico ámbito de la construcción, el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD. 174/2004, de 30 de enero, que desarrolla aquél establecen la regulación de la normativa sobre coordinación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, estableciendo un importante núcleo obligaciones que si bien se extiende a todas las empresas concurrentes, especialmente incide sobre las empresas titular del centro de trabajo y principal.

La regulación preventiva prevé la existencia de trabajadores que por la existencia de ciertas afectaciones a lo largo de su vida, consecuencia ya del propio desarrollo vital –minoría de edad, maternidad- o de la actualización de ciertas patologías, pueden encontrarse en situaciones en las cuales las prescripciones de protección “ordinarias” no sean suficientes, no dotando de una protección eficaz frente a los riesgos en el trabajo.

La figura del recurso preventivo se establece como un medio humano destinado al control específico de ciertas situaciones en las que por la naturaleza especialmente peligrosa de la tarea o actividad o por la concurrencia de otras circunstancias se incrementan particularmente los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Se halla regulado en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales conforme a la redacción de la Ley 54/2003, desarrollado por el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

A través del artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, se articulan los efectos que la imprudencia del operario tiene en la noción de accidente de trabajo.

El autor valora positivamente la futura supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque advierte que se debe efectuar con profesionalidad y sin ignorar los aspectos positivos que dicho tributo presenta en el conjunto de nuestro sistema fiscal.

Cada vez con más frecuencia se presenta el supuesto en que el Estado tiene deudas tributarias (o de Derecho público) contra otros entes públicos que, a su vez, también son acreedores de aquél, suscitándose la duda de si el Estado puede iniciar directamente la vía de apremio o debe antes proceder a la compensación de oficio.

El autor analiza si procede la inclusión del recargo ejecutivo reducido del 5%, que nace al iniciarse la vía ejecutiva, cuando el Estado opera la compensación de oficio con otros créditos que el ente público deudor pueda tener contra él.

La Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal introdujo un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria en el IVA, con el fin de combatir un tipo de fraude que se ha extendido de forma preocupante entre los países de la Unión Europea. El autor analiza con sentido de síntesis el alcance y contenido de esta clase de responsabilidad tributaria.

Con apretado sentido de síntesis, el autor continúa analizando críticamente el nuevo supuesto de responsabilidad tributaria que introdujo en el IVA la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal.