PEKIN (Reuters) – El Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió el viernes a España que impida el proceso judicial que trata de probar supuestos abusos de los derechos humanos de China en la región del Tíbet.
El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa, un monje que tiene también la nacionalidad española, presentaron una querella contra el expresidente chino Jang Zemin y el ex primer ministro Li Peng en 2006, por supuesto genocidio en Tíbet.
España ha sido uno de los países pioneros en utilizar el concepto de justicia universal para perseguir judicialmente crímenes cometidos en países cuyos gobiernos no permitan hacerlo, aunque el anterior Gobierno socialista, con el apoyo del Partido Popular ahora en el poder, limitó su aplicación a aquellos casos en los que haya ciudadanos españoles afectados.
Los dos antiguos líderes y otros tres altos cargos que trabajaron en el Gobierno chino en las décadas de los 80 y los 90 están acusados de abusos de derechos humanos en la región himalaya.
El jueves, la Audiencia Nacional española informó de que había rechazado una petición de la Fiscalía para anular las órdenes internacionales de detención de Jiang y Li, que originalmente se hicieron en noviembre.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hong Lei, dijo que Pekín estaba pidiendo a Madrid que "aclarara" lo que está ocurriendo y que esperaba que España impidiera que se repitieran este tipo de casos.
"El asunto de Tíbet es de gran interés para China y los sentimientos de la gente, y es extremadamente sensible", dijo en una sesión informativa.
Señaló que China esperaba que España "no envíe un mensaje erróneo a las fuerzas separatistas tibetanas" y diera pasos "para no permitir que el territorio español se use para actividades separatistas antiChina" y para "impedir que este tipo de incidentes ocurran de nuevo".
El Ejército comunista chino tomó control de Tíbet en 1950. Pekín sostiene que "liberó pacíficamente" la remota región del Himalaya que afirma estaba atrasada, hundida en la pobreza, la explotación y la parálisis económica.
Las organizaciones
de defensa de los derechos humanos han denunciado que Pekín administra
la región con mano dura, poniendo trabas a la libertad religiosa y a la
cultura en Tíbet.
El líder budista tibetano, el Dalai Lama, huyó a India en 1959 tras un fallido levantamiento contra el mandato chino. Los grupos tibetanos en el exilio defienden el retorno del Dalai Lama y la autonomía de Tíbet.
Aunque es poco probable que Jiang o Li terminen en el banquillo en España, el caso recuerda al del arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, después de una orden de arresto emitida por el exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.
El Partido Popular está intentando sacar adelante una reforma de esta ley que restringiría la capacidad de los jueces del país para actuar más allá de sus fronteras.
En octubre, la Audiencia Nacional española imputó al expresidente chino Hu Jintao por supuesto genocidio en el Tíbet. El Gobierno de China denunció esta medida y dijo que interfería en sus asuntos internos.
