MADRID (Reuters) – El órgano de gobierno de los jueces ha vuelto a suspender a Baltasar Garzón tras la apertura del segundo juicio contra el magistrado por parte del Tribunal Supremo con motivo de algunas de las escuchas que ordenó en la causa sobre la trama de corrupción Gürtel.
Garzón ya fue suspendido de su empleo en la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial hace casi un año, al abrírsele un proceso por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo. En la actualidad trabaja como asesor de la Corte Penal Internacional.
"La Comisión Permanente (…) habiendo examinado el informe del Ministerio Fiscal y las alegaciones presentadas por el Magistrado D. Baltasar Garzón Real, ha acordado decretar su suspensión cautelar (…) como consecuencia del Auto de Apertura de Juicio Oral dictado en la Causa Num. 20716/2009 que se sigue ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", informó el CGPJ el martes en un breve comunicado.
El acuerdo se tiene que someter al Pleno del mismo Consejo para su más que probable ratificación.
Garzón, conocido internacionalmente por sus investigaciones sobre crímenes contra la humanidad y que también ha instruido numerosas causas de terrorismo, va a ser juzgado acusado de un delito continuado de prevaricación y de otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales por ordenar espiar en febrero de 2009 a los abogados del caso Gürtel cuando se entrevistaban con los presuntos cabecillas de la red.
Este caso, en el que se investiga a decenas de personas, ha salpicado a altos cargos del Partido Popular por haber obtenido supuestamente dinero y regalos a cambio de adjudicar cuantiosos contratos a empresas dirigidas por Francisco Correa, encarcelado como presunto jefe de la trama.
Pero además, podría sentarse en el banquillo acusado de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no tenía competencias. El Supremo ha admitido a trámite su recusación contra cinco de los siete magistrados que le tienen que juzgar en este proceso.
Al mismo tiempo, el propio Garzón ha demandado al Supremo ante el Tribunal de Estrasburgo en la que cuestiona su actuación en este caso al considerar que ataca la independencia de los jueces, pone en entredicho la libertad de interpretación de las leyes y deja indefensas a las víctimas de 40 años de dictadura, según sus abogados.
El magistrado jienense de 55 años tiene una tercera causa pendiente en el Supremo, por los ingresos que recibió del banco Santander durante una estancia docente en Nueva York.
