MADRID (Reuters) – El Congreso de los Diputados convalidó el jueves la reforma financiera, que obligará al sector a realizar un esfuerzo de saneamiento sobre los activos inmobiliarios de 52.000 millones de euros, con el apoyo del PSOE y de CiU y la abstención del PNV.
"(La cifra) es el resultado de la aplicación de estos requerimientos (para coberturas de activos inmobiliarios) al sector según la situación de sus balances a 31 de diciembre de 2011 de un saneamiento de unos 52.000 millones de euros", dijo en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Inicialmente, el Gobierno había hablado de unas estimaciones de 50.000 millones, aunque algunos analistas afirman que la reestructuración real no tiene tanto alcance, ya que gran parte de las provisiones y capital exigidos ya están constituidos por las entidades.
Una portavoz de Economía clarificó que la cifra finalmente válida para que las entidades hagan frente a las coberturas de los activos inmobiliarios es de 52.000 millones de euros, que obedecía a cuantificaciones "más afinadas y reales", después de que en los últimos días diversas entidades cuantificaran los esfuerzos a realizar por las nuevas provisiones.
Estaba previsto que la reforma financiera, que finalmente ha contado con el apoyo de 303 de los 350 diputados que componen el Congreso – 28 votos en contra, 6 abstenciones -, tuviera un respaldo más amplio que otras iniciativas del Gobierno, como la reforma laboral, rechazada por el Partido Socialista en la oposición.
Uno de sus principales objetivos es permitir a la banca un mejor acceso a la financiación mayorista para que se pueda reactivar el crédito a la economía, aunque analistas consideran que, en el corto plazo, el escenario de recesión económica que se avecina y los esfuerzos por realizar los saneamientos no facilitarán una rápida recuperación de los préstamos.
En líneas generales las entidades disponen de un año para afrontar estas exigencias contra resultados, aunque el Real Decreto permite a las entidades alargar el plazos hasta dos años y además realizar estas dotaciones también contra patrimonio en los procesos de fusión.
El Gobierno ha elevado las provisiones que deben afrontar los bancos por los activos inmobiliarios en su balance, llegando en el caso de los activos de suelo hasta el 80 por ciento de su valor.
La reforma, que incluye también el recorte de los sueldos de los directivos de las entidades intervenidas, contempla la posibilidad de que las entidades en procesos de fusión – que deberán presentar sus planes de integración antes del 30 de mayo – obtengan apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
