El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un plan de reinserción al que podrán acogerse presos condenados por terrorismo, entre ellos los etarras, y por crimen organizado, seis meses después de que la banda armada anunciara un cese definitivo de la violencia.
"La condición necesaria es que se desvinculen formal, pública y solemnemente de la organización criminal a la que pertenezcan, sea ETA, sea el Grapo…" dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a periodistas en Luxemburgo.
"Recientemente lo han hecho siete de los 35 presos del Grapo que existen en las prisiones españolas", agregó Fernández Díaz antes de asistir al Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea.
La medida también se aplicará a presos que pertenezcan al crimen organizado, al yihadismo y al crimen internacional y podría afectar a unos 1.000 recursos, con la condición que se sometan a un plan de formación que arrancará en mayo para forzar su reinserción.
La situación de los presos de ETA es una de las cuestiones más importantes en el proceso abierto tras el cese definitivo de la violencia anunciado por la banda armada en octubre de 2011, con el que puso fin a 40 años de violencia por la independencia del País Vasco español y francés tras más de 800 asesinatos.
El colectivo de familiares de presos Etxerat cifra en unos 520 el número de encarcelados en España por integración o colaboración con ETA.
A partir del mes de mayo comenzarán a funcionar unas aulas en las prisiones españolas con el objetivo de acercar la realidad social y facilitar la reinserción de los presos, según informaron fuentes de Instituciones Penitenciarias a Reuters.
Esto podría facilitar el acercamiento de los internos, un proceso que sería reversible si el recluso no cumple con los requisitos de la reinserción, agregaron las fuentes.
El plan no supone un cambio legal, porque tienen que seguir cumpliendo todos los requisitos legales para acceder a los beneficios penitenciarios, como condenar la violencia y pedir perdón a las víctimas, según Instituciones Penitenciarias.
La iniciativa amplía la conocida como "vía Nanclares", denominada así por la prisión vasca de Nanclares de Oca, donde en los últimos años se ha concentrado a los presos que se habían desvinculado de ETA, pidieron perdón y se comprimieron a pagar la responsabilidad civil a sus víctimas.
Estos pasos, si se ha cumplido tres cuartas partes de la condena y se tiene un pronóstico favorable de reinserción, abren la puerta a acceder al tercer grado penitenciario.
APOYO DEL PSOE
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, respaldó la decisión del Gobierno y retiró el apoyo de su partido a la política antiterrorista.
"No conocemos el detalle del plan pero, efectivamente, creo que esto puede hacer daño al núcleo más duro de la banda terrorista ETA y por lo tanto creo es una decisión bien adoptada", dijo Valenciano en declaraciones a TVE.
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, Francisco Llera, lo consideró un plan "razonable" dadas las nuevas circunstancias, pero entendió el rechazo de las asociaciones de víctimas del terrorismo.
"El plan es muy razonable (..) está de acuerdo con el espíritu constitucional, se busca la reinserción y el primer elemento es además del arrepentimiento, el reconocimiento de los errores y la desrradicalización del grupo terrorista", dijo a RNE.
Una encuesta elaborada por el Gobierno vasco el mes pasado determinó que casi tres de cada cuatro vascos se muestran partidarios de que se facilite la reinserción de los presos de la banda armada siempre que renuncien a la violencia, y un 69 por ciento aboga por su acercamiento a cárceles del País Vasco.
