Los gobiernos de la UE podrían suspender la circulación de personas sin necesidad de pasaporte en algunas regiones de Europa durante hasta dos años, según normas propuestas el jueves para afrontar los temores por la inmigración a gran escala.
En una cumbre en Luxemburgo, los ministros de Interior de la UE acordaron nuevas normas que permitirían a los países reintroducir los controles fronterizos si un país falla reiteradamente a la hora de impedir la entrada de inmigrantes ilegales en la zona Schengen.
Esa decisión debería producirse tras una cuidadosa supervisión de las fronteras externas durante al menos tres meses que mostrara una "seria amenaza a la política pública o seguridad interna" en la UE.
Los controles entre el país que no estuviera cumpliendo las normas europeas y otros estados de la UE podrían reinstaurarse durante seis meses cada vez, con posibles extensiones de hasta dos años. Otros miembros de la UE tendrían que aceptar antes de que se impusieran controles de pasaportes.
"No puede haber eslabones débiles en la cadena cuando se trata de inmigración ilegal", dijo en una rueda de prensa tras la reunión el ministro danés de Justicia, Morten Bodskov. "Si la cooperación Schengen está bajo amenaza, deben tomarse medidas rápidas".
Las normas propuestas tendrán que aprobarse en el Parlamento Europeo antes de poder convertirse en ley.
Para garantizar que las fronteras externas de la UE están bien protegidas, los ministros también acordaron reforzar la vigilancia sobre cómo se realizan los controles.
Un país que podría verse bajo mayor escrutinio es Grecia, que suele recibir críticas por no proteger su frontera con Turquía.
La agencia de fronteras europea Frontex dice haber registrado más de 60.000 inmigrantes que entraron el año pasado a Grecia de forma ilegal, en su mayoría personas de Afganistán, Pakistán y Bangladesh.
Los graves problemas económicos de Grecia también han acaparado atención en Europa por un posible auge de griegos o europeos de otros países que buscan seguridad financiera fuera de sus estados.
Reino Unido, por ejemplo, está preparando controles migratorios de emergencia para combatir un aumento de emigrantes económicos de Grecia y otros países de la UE si el euro colapsa, según dijo el mes pasado su ministro del Interior.
El año pasado, 23.800 griegos emigraron sólo a Alemania, un 90 por ciento más que el año anterior, según datos alemanes.
El debate sobre la inmigración se ha calentado en Europa en el último año, después de que los alzamientos populares en Oriente Próximo y el norte de África llevaran a cientos de miles de personas a buscar refugio de la violencia. Muchos intentaron cruzar a Europa.
El flujo de inmigrantes ilegales se ha reducido desde entonces, pero un creciente apoyo a la retórica populista en toda Europa, impulsado en parte por el alto desempleo y los recortes de gastos públicos, ha mantenido el asunto en lo alto de la agenda pública.
Alemania y Francia, en particular, han presionado en favor de que los países tengan más margen para reintroducir controles. Pero los detractores de la idea han advertido de que la retórica antiinmigración está socavando uno de los mayores logros de la integración europea.
El tratado de Schengen incluye a los 27 países de la UE salvo Reino Unido, Irlanda y Chipre. Rumanía y Bulgaria han aceptado el texto y se espera que se sumen pronto. Fuera de la UE, la zona incluye a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.
