BERLÍN/MADRID (Reuters) – Las cajas de ahorros españolas podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española, según se desprende del borrador del Memorándum de Entendimiento acordado entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del sistema financiero.

Según una copia del borrador del MoU -siglas en inglés del documento- a la que tuvo acceso Reuters, España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorros en su papel de accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".
En todo caso, España deberá ofrecer una hoja de ruta para antes de diciembre de 2012 con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.
La desaparición de los vínculos entre las cajas y los bancos que han creado -y por tanto entre estas entidades financieras y los poderes políticos que durante décadas las han controlado- está en línea con las recomendaciones de un reciente informe del FMI sobre el sector bancario español, cuya larga resaca de la burbuja inmobiliaria ha hecho necesario el rescate por parte de los socios europeos.
Los ministros de finanzas de la zona euro acordaron en la madrugada del martes otorgar a Madrid relajar el calendario de consolidación a cambio de nuevos ahorros presupuestarios y establecieron los parámetros de un paquete de ayuda para los bancos de España, con un máximo de 100.000 millones de euros, y la concesión anticipada de unos 30.000 millones de euros estarían disponibles para fines de julio si hay una necesidad urgente.
Es previsible que estos 30.000 millones de euros, para los que España tendrá que enviar una petición, vayan a cubrir las necesidades de las cuatro entidades en manos del Estado (Bankia, CatalunyaCaixa, NGC Banco y Banco de Valencia).
Aunque las condiciones que se exigen a España a cambio del rescate de su banca son específicas para la banca, el MoU señala que "en paralelo España tendrá que cumplir plenamente sus compromisos y obligaciones bajo el EDP (procedimiento por déficit excesivo) y las recomendaciones para abordar los desequilibrios macroeconómicos dentro del marco del semestre europeo".
Estas condiciones llegan en un momento en el que el Gobierno español se dispone a aprobar una serie de ajustes fiscales que coincidirán previsiblemente con las recomendaciones presupuestarias de Bruselas con el fin de reconducir las cuentas públicas dentro de los límites europeos de déficit.
Los avances en este sentido "se vigilarán estrechamente", dice el borrador del MoU, que añade que habrá un control trimestral -incluyendo visitas al país- del programa de ayuda a la banca a cargo de las autoridades europeas, acompañadas por el FMI.