Presionados por el número cada vez mayor de desahucios que se ven obligados a decretar en cumplimiento de la ley, los jueces se han mostrado partidarios de modificar la actual ley hipotecaria para evitar el drama de familias que se ven en la calle tras perder sus viviendas por no poder pagar el crédito al banco.
"Existe una problemática social, una problemática social en materia de desahucios y sí que consideramos que debería haber una reforma de la legislación hipotecaria que venga a solucionar estos problemas", dijo el lunes Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Barcelona.
De Rosa consideró que la actual ley hipotecaria está provocando disfunciones por el elevado número de ejecuciones hipotecarias que los juzgados se ven obligados a ordenar, con el consiguiente impacto social.
Los desahucios de los que no pueden pagar su hipoteca alcanzaron los 50.000 en el primer semestre de 2012, frente a los 77.000 del pasado año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El total de ejecuciones hipotecarias judiciales ha ascendido aproximadamente a 373.000 desde 2008.
En los últimos meses, esas cifras han ido aumentando a medida que más sectores de la población han ido engrosando las listas de desempleo.
El PSOE ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de una ley hipotecaria que está causando estragos en España, donde el desempleo ya afecta a 5,7 millones de personas, un 25 por ciento de la población activa, la mayor tasa de toda la zona euro.
"(Debemos) encerrarnos en una habitación y hasta que no tengamos un texto definitivo que pueda ser de forma inmediata aprobado por las Cortes Generales, porque hay mucha gente que ha sido ya desahuciada: 400.000 familias", dijo a los medios Antonio Hernando, secretario de relaciones institucionales y política autonómica socialista.
La propuesta socialista de la también llamada 'ley de segunda oportunidad' incluye la dación en pago (entregar la propiedad a la entidad financiera para saldar la deuda) y que los bancos que reciban ayudas públicas estén obligados a renegociar los créditos hipotecarios para frenar los desahucios, entre otras cosas.
El PP se ha mostrado dispuesto a negociar con los demás partidos políticos una reforma de una ley calificada por los socialistas de "antigua y desequilibrada".
"Estamos dispuestos a abrir un proceso de diálogo (..) estamos dispuestos a hacer lo que nunca se ha hecho", dijo el lunes Carlos Floriano, vicesecretario de organización del partido en el Gobierno.
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