- Avisa de afecciones directas sobre el patrimonio en la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño
La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo pidiendo medidas cautelarísimas para que se disuelva la acampada «ilegal» en la Puerta del Sol, en el que avisa también de las afecciones que está generando la protesta en el centro de la capital.
Según ha avanzado esta mañana la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, la medida va contra la «inacción» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante la «acampada ilegal» que «nunca se debió permitir».
«Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias… ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir», ha cargado la mandataria autonómica.
De esta manera ha concretado lo que hace ya 48 horas su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, advirtió: que si el delegado del Gobierno en Madrid no desalojaba el asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, acudirían a la Justicia.
Se están «excediendo límites constitucionales»
En el recurso, según explica el Gobierno regional, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que «se están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión, habiéndose producido una ocupación ilegal del espacio público».
Señala que corresponde al delegado del Gobierno «obligaciones regladas e imperativas» en materia de prevención y vigilancia, «sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones».
Además, apunta a un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, que ha constatado que la acampada en la Puerta del Sol «genera una evidente y manifiesta afección física y directa» a dos Bienes de Interés Cultural (BIC), la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño.
Ello podría constituir «un delito de expolio contra el patrimonio cultural, motivo por el que la Administración del Estado debería actuar de inmediato y en virtud de sus competencias».
En el caso de la sede de la Presidencia autonómica, el escrito refleja «cómo se ha podido ver a personas subiendo a su fachada, trepando por las ventanas y rejas, en elementos que no están diseñados ni construidos para soportar el peso, tirones y agarres de personas, lo que puede implicar el desgarre, la rotura y otras afecciones directas».
Y en la escultura, expone «el claro intento de desvirtuar un bien patrimonial que forma parte de la historia colectiva de todos los madrileños».
En concreto, y en relación a los daños que afectan a la Puerta del Sol por la acampada a los que aluden, subrayan que los manifestantes han trepado por la fachada utilizando ventanas y rejas como puntos de apoyo; ejercer peso, tirones y agarres sobre elementos arquitectónicos; realizar pintadas y grafitis en la fachada y en otros elementos del conjunto protegido y subirse a la escultura del Oso y el Madroño, sometiendo tanto la pieza de bronce como su pedestal a un peso excesivo.
También, indican que se han colocado pegatinas en el Oso y el Madroño, «que deberán ser retiradas por un restaurador utilizando los medios físicos y químicos»; se han colocado cuerdas, banderas y otros objetos ajenos al conjunto histórico; se ha ocupado la totalidad de la plaza «dificultando la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido», y se ha impedido la inspección de otras zonas.
