El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abogó en Valencia por ajustar un marco normativo en el que el sistema del arbitraje para solucionar conflictos sea «obligatorio» en algunas materias. Sin embargo, Catalá ha indicado que todavía no hay elaborado ningún documento ni ninguna propuesta concreta sobre las cuestiones que englobarían esa obligatoriedad.
Así lo ha indicado el ministro de Justicia durante su intervención en una Conferencia en la Cámara de Comercio de Valencia con motivo de la sesión anual del Consejo Superior Arbitral de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia.
Catalá ha apuntado que en España existe una cultura "muy tradicional" en la cual para resolver cuestiones entre particulares o entre empresas se acude al sistema jurisdiccional, con las garantías que llevan consigo, pero también "con los tiempos y las dilaciones" que el proceso conlleva.
De este modo, ha defendido que los sistemas de arbitraje, mediación y de jurisdicción voluntaria son instrumentos que se están poniendo en marcha y que las empresas están demandando que sean "más eficaces" para "ser capaces de resolver sus conflictos y problemas, sin necesidad de esperar a un procedimiento judicial".
En este sentido, ha indicado que coincide con esta demanda de las empresas para que, así, se pueda descargar parte de la carga de los juzgados y conseguir "una Justicia más ágil" y "desjudicializar conflictos".
Mecanismos que se utilizan "muy escasamente"
Según ha explicado el ministro, estos mecanismos se utilizan "muy escasamente", ya que de los ocho millones de cuestiones anuales que lleva la Justicia española, "solo los asuntos que son objeto de mediación y arbitraje son unos cientos".
Por lo tanto, ha recalcado que hay un camino "enorme por recorrer" y por eso, ha destacado la labor de difusión que tienen que hacer las Cámaras de Comercio y los colegios de abogados para transmitir esa cultura del acuerdo previo entre las partes antes de llegar a un ámbito jurisdiccional.
Asimismo, ha destacado las reformas llevadas a cabo por el Gobierno en materia de Justicia que, según ha incidido, han ido encaminadas a agilizar la justicia y hacerla "más cercana al ciudadano". "Estamos convencidos de que contar con un sistema de justicia que garantice las resoluciones judiciales en un plazo razonable y una calidad asegurada, también es un factor de competitividad para nuestra economía y para las empresas", ha admitido.
Daño reputacional
Por otro lado, ha lamentado el posible daño reputacional que puede sufrir alguna persona como consecuencia de la mera investigación que, a su juicio, "no debería de ser relevante porque no deja de ser una mera investigación".
Sin embargo, ha indicado que en la sociedad actual "el mero hecho de ser llamado a comparecer en un juicio en calidad de imputado, se ha convertido en una especie de condición de culpabilidad".
