Los honorarios constituyen una materia de absoluta importancia para el abogado; no en vano, los despachos de abogados nacen y crecen gracias a los recursos económicos que nos proporcionan los clientes por la resolución de los asuntos que nos encomiendan. Por ello, la materia relativa al proceso de facturación, cobro y reclamación de los honorarios cobra enorme relevancia para garantizar, no sólo la justa compensación de nuestros servicios, sino igualmente la vida de las firmas jurídicas.
La regulación de los honorarios, y especialmente los criterios que disponen los abogados para minutar, ha sufrido en los últimos años una serie de vicisitudes legislativas y jurisprudenciales que nos conducen a un escenario en el que prevalece de forma absoluta el principio de libertad de fijación y establecimiento de honorarios, o lo que es lo mismo, libertad de pactos entre abogado y cliente, lo que supone que el abogado podrá fijar sus honorarios libremente y cerrar el correspondiente acuerdo con su cliente, careciendo de cualquier referencia legal o estatutaria para adecuar la determinación de los mismos.
Por lo tanto, es el mercado el que ahora manda, y a través del mismo el abogado deberá fijar sus honorarios. No hay mínimos ni máximos, ni orientación colegial alguna, pues las Normas Colegiales o Baremos de Honorarios tienen su eficacia limitada a los procesos de tasación de costas y reclamaciones de honorarios al amparo del artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ante esta tesitura, los abogados han de emplear para establecer nuestros honorarios diversos criterios o factores, entre los que podemos destacar los siguientes:
- El trabajo profesional realizado.
- Su mayor o menor complejidad.
- El tiempo empleado o dedicación.
- La dificultad que en cada caso concurra.
- La cuantía del asunto.
- Los intereses de toda clase en juego.
- El prestigio y experiencia del abogado.
- El valor o precio de la hora del abogado.
- Cualquier otra circunstancia relevante.
¿Cómo fijas la política de precios de tu despacho?
La inflación en 2022 se convirtió en una de las principales preocupaciones para la economía mundial y seguirá siéndolo en 2023. Para establecer una correcta política de precio por los servicios legales prestados a nuestros clientes, es necesario analizar cada tipo de asunto, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y alinearlo con tu visión del despacho.
Para tomar las mejores decisiones necesitas:
- Trazabilidad completa del servicio prestado en asuntos y/o cuotas, así como control del tiempo empleado en cada una de las diferentes actuaciones.
- Control del coste de los servicios prestados al cliente, así como sus márgenes.
- Control del precio hora real en función del trabajo por cliente realizado en el asunto y/o cuota.
Las soluciones Aranzadi de gestión te proporcionan toda esta información en tiempo real, lo que te permite anticiparte a posibles situaciones adversas en el mercado y aplicar cambios estratégicos de forma inmediata.