El Club de los Miércoles, organizado por Aranzadi LA LEY, celebró ayer una nueva edición centrada en cómo la jurisprudencia más reciente está redefiniendo los actos administrativos y los contratos del sector público, dos de los pilares esenciales del Derecho Administrativo actual.
La sesión estuvo moderada por la editora en el Departamento de Derecho Público de Aranzadi LA LEY, Concepción Obispo Triana, y contó con las intervenciones de Alberto Picón Arranz, profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y docente en diversas universidades nacionales y extranjeras, y de Guillermo Saiz Ruiz, abogado en Garrigues, Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente.
Jurisprudencia más garantista
Alberto Picón destacó que la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia de procedimiento administrativo mantiene una línea relativamente estable, lo que aporta “seguridad jurídica” y hace más previsibles los pronunciamientos judiciales.
A su vez, señaló también una evolución clara hacia posiciones “más garantistas” con los administrados, especialmente en cuestiones relacionadas con notificaciones, subsanaciones y revisión de oficio, aunque en los casos de nulidad total, el Supremo es implacable.
Entre las resoluciones analizadas, el profesor puso el foco en varias sentencias recientes sobre notificaciones defectuosas. Así, recordó que el Tribunal Supremo ha llegado a considerar inválida una notificación por no incluir correctamente todos los datos del domicilio o por practicar dos intentos de notificación el mismo día, interpretando que la Ley 39/2015 exige que se realicen en días distintos.
También subrayó que, aunque las personas jurídicas estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, esta debe avisar previamente de cualquier cambio en el sistema de notificación para evitar indefensión.
Flexibilidad en la subsanación
Para terminar, destacó resoluciones que obligan a la Administración a conceder plazos de subsanación, dado que no el administrado no puede verse afectado por los errores o incidencias derivadas del funcionamiento de plataformas electrónicas.
Contratación pública y criterios de adjudicación
Por su parte, Guillermo Saiz centró su intervención en las principales novedades jurisprudenciales en materia de contratación pública, especialmente en relación con criterios de adjudicación, ofertas anormalmente bajas y ejecución contractual.
Saiz explicó cómo los tribunales están avalando cada vez más la utilización de criterios sociales en la contratación pública, incluyendo mejoras salariales vinculadas a la calidad de la prestación del servicio, siempre que exista una motivación adecuada y una conexión real con el objeto del contrato.
Abordó, además, cuestiones relativas a la subrogación de personal, la formalización de contratos y las consecuencias derivadas de la falta de información suficiente en los pliegos.
Nuevos retos
A lo largo del encuentro, ambos ponentes coincidieron en que la jurisprudencia continúa desempeñando un papel esencial en la evolución práctica del Derecho Administrativo, adaptando las normas a nuevos escenarios técnicos, económicos y sociales.
La sesión permitió ofrecer una visión práctica de algunos de los criterios más recientes y controvertidos de nuestros tribunales en ámbitos especialmente sensibles para Administraciones Públicas, operadores jurídicos y ciudadanos.
