Los próximos 26 y 27 de septiembre Málaga acogerá la II edición del Congreso de la Abogacía Pública, patrocinado por Aranzadi LA LEY y que, bajo el lema «Abogacía pública: nuestra seña de identidad», ofrecerá un marco inmejorable para la puesta en común de los distintos escenarios, problemas suscitados y posibles soluciones ante el ejercicio de la abogacía pública. Ma. Concepción Serrano Luque (a la derecha de la imagen), Jefa de Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Málaga y Amelia I. Aguilar Román, Jefa de Servicio de su Agencia Pública de Recaudación, ambas pertenecientes a la Asociación de Letrados de Entidades Locales y que forman parte de la organización del evento, nos ofrecen en esta entrevista las claves del encuentro, en el que se debatirá sobre temas de máximo interés como el principio de buena administración, la evaluación del desempeño, la IA aplicada a la administración de justicia, los puntos críticos de los Next Generation o la casación contencioso-administrativa.
En breve se celebrará la II edición del Congreso de la Abogacía Pública. ¿Quién lo organiza, a quién va dirigido y qué objetivos persigue?
Este II Congreso de la Abogacía Pública lo organizan conjuntamente la Asociación de Abogados del Estado, el Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas y la Asociación de Letrados de Entidades Locales, junto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en cuya sede va a celebrarse, y todo ello con el patrocinio de Aranzadi LA LEY y AON.
Es una apuesta decidida para el encuentro de letrados y letradas del sector público de los tres niveles territoriales, totalmente novedosa y que va, como se apunta, por su segunda edición. También se ha querido hacer extensivo al Cuerpo de Habilitación Nacional y Técnicos de las distintas Administraciones, así como a los profesionales de la abogacía. El objetivo principal es, como no podía ser de otra manera, servir de punto de encuentro, darnos a conocer entre nosotros, así como dar proyección y reforzar la importancia de las asesorías jurídicas en el sector público, sin olvidar poner el foco en las habilidades y capacidades técnicas.
En el encuentro se tomará el pulso a la actual situación de la abogacía pública ¿Qué perspectivas de futuro se atisban en el desarrollo de las funciones de asesoramiento, representación y defensa de las AAPP?
No podemos desconocer cómo va a afectar a la profesión la digitalización de la justicia y, en especial, la introducción de la IA. Igualmente, el Principio de buena Administración, cada vez más presente tanto en la normativa como en la jurisprudencia, es evidente que tiene incidencia en la función de asesoramiento y defensa de las entidades del sector público. Tampoco debemos obviar la necesidad de profundizar en la actualización de la normativa sobre función pública y, en este sentido, consideramos que la abogacía pública tiene mucho que aportar.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector público?
El envejecimiento de las plantillas, que es una realidad. Encontrar fórmulas flexibles y atractivas de reclutamiento de personal, siempre con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como la retención del talento. También la implantación completa de la administración electrónica, especialmente, en los pequeños municipios, para lograr una prestación eficaz de los servicios públicos, para lo cual las Diputaciones tienen un papel fundamental.
También se prestará una especial atención a la inteligencia artificial. ¿Desde qué perspectiva se abordará?
Ana Barrachina, vicepresidenta de la Asociación de Letrados de Entidades Locales nos ofrece unas pinceladas: “Primero intentaremos comprender adecuadamente qué es la inteligencia artificial y su potencial, para que todos tengamos claro a qué nos referimos. Abordaremos su empleo por las partes del proceso judicial prestando atención a la defensa de los derechos de los litigantes. Finalizaremos analizando la forma en que nos puede ser útil en la gestión de los servicios jurídicos”.
Una de las mesas lleva por título “Evaluación de desempeño, medición de cargas de trabajo y organización interna de los servicios jurídicos”. ¿Qué mejoras son inaplazables en estos ámbitos?
En palabras de Iñaki Bilbao Castro, Letrado del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, es imprescindible implantar el diseño organizativo para que las RPT no ordenen lo que tenemos, sino lo que deberíamos tener, con especial atención a los puestos de letrados y letradas de las Administraciones Públicas, por la especialidad y responsabilidad de las funciones que desarrollamos; de forma que las dotaciones de cada puesto respondan a su auténtica carga de trabajo; y la evaluación del desempeño se ocupe de lo que es responsabilidad exclusiva de cada empleado, teniendo en cuenta los tiempos que a las letradas y letrados nos marcan los Juzgados y Tribunales.
Por último, se pondrá sobre la mesa de debate las dificultades a las que se enfrentan las entidades públicas en la gestión de los fondos europeos ‘Next Generation’ ¿Cuáles son las principales?
Como apunta Ignacio Herranz Elizalde, Abogado del Estado-jefe en la Secretaría General de Fondos Europeos, es un mecanismo novedoso, diferente a los fondos UE más tradicionales. Tiene objetivos más amplios; eso genera nuevos retos en materia de ayudas de Estado, su evaluación, y la evaluación del no hacer daño significativo, la prevención del conflicto de interés y la evaluación del cumplimiento de hitos y objetivos.
¿Consideráis que está bien definido el papel del letrado público?
En este sentido, sabemos que tanto la Abogacía del Estado como la de las Comunidades Autónomas cuentan con regulación específica. No ocurre lo mismo con los letrados de las Entidades Locales, necesitados de una normativa básica estatal que conlleve el reconocimiento de la especialidad de letrado local desde la perspectiva de sus funciones y de la carrera profesional.
