La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, aprobada por el Parlament con los votos del PP y Vox el pasado mes de marzo y publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de abril.
La normativa derogada contemplaba medidas como la elaboración de un censo de elementos franquistas para su retirada, el derecho a prohibir la exhibición de elementos o la celebración de actos y homenajes franquistas o la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.
En este sentido y tras consumarse la derogación, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofreció a Baleares abrir una negociación para tratar de restituir la ley, una vía que finalmente no prosperó.
Ante esta situación, la decisión que ha anunciado la portavoz del Gobierno se adopta después de constatar la «imposibilidad» de alcanzar un acuerdo con Baleares para revertir la derogación y con el fin de evitar «la vulneración de los derechos de las víctimas» que, a su juicio, «se deriva de la eliminación de la normativa autonómica de memoria democrática».
Esta iniciativa se plantea con el objetivo de que se produzca la suspensión de la norma recurrida en su conjunto mientras el TC resuelve el procedimiento, como ya ha sucedido con otras leyes autonómicas de concordia recurridas por el Ejecutivo.
El recurso cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que considera que la ley vulnera el deber de colaboración que corresponde a las comunidades autónomas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y sostiene además que afecta a derechos fundamentales relativos a la dignidad de la persona y a la integridad moral.
Otras leyes autonómicas recurridas
Por otro lado, el Ejecutivo enmarca la norma balear en la misma línea que otras leyes autonómicas aprobadas en Aragón, Cantabria o la Comunidad Valenciana, todas ellas ya recurridas ante el TC, mientras que otras iniciativas similares continúan en fase de negociación, como ocurre en Extremadura.
Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, estas normas mantienen las actuaciones relacionadas con exhumaciones previstas en la legislación estatal, pero eliminan otros elementos vinculados al derecho a la verdad, la reparación pública y las garantías de no repetición.
Asimismo, considera que estas leyes suprimen órganos administrativos y procedimientos destinados a desarrollar las políticas públicas de memoria democrática, dificultando el cumplimiento efectivo de la legislación estatal.
El Gobierno recuerda además que el estatuto jurídico de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos está reconocido en diversos instrumentos internacionales aprobados por Naciones Unidas y recogido también en la Ley estatal de Memoria Democrática.
Derechos de las víctimas y límites a la derogación
En este sentido, sostiene que una mayoría parlamentaria puede modificar legítimamente una política pública, pero no hacerlo vulnerando la legislación estatal, el deber de colaboración institucional ni los derechos constitucionales vinculados a la dignidad y la integridad moral.
