- El deber de motivación del laudo posee un parámetro propio, independiente del exigido a las sentencias judiciales, y no incide en el concepto de orden público
Este artículo ha sido publicada en el número 1033 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
El pasado 23 de junio de 2026, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia núm. 49/2026 (“STC 49/2026”), que se inscribe en la línea de tensión entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (“TSJM”) y el Tribunal Constitucional en torno a la anulación de laudos arbitrales por supuesta insuficiencia de motivación y vulneración del orden público. La sentencia continúa con la senda favorable del Tribunal Constitucional en pro del arbitraje, lo que confiere al pronunciamiento una especial relevancia práctica para la seguridad jurídica del arbitraje con sede en Madrid.
En el supuesto de hecho, el TSJM, mediante la sentencia núm. 31/2023, de 19 de octubre (“STSJM 31/2023”), estimó una acción de anulación parcial de un laudo arbitral al considerar que su motivación carecía de un razonamiento mínimamente conectado con la prueba practicada. La STC 49/2026 declaró la nulidad de la STSJM 31/2023, al apreciar que ésta última había introducido “un canon de control que no se corresponde con el estándar constitucional de motivación aplicable al arbitraje«, y restableció la subsistencia y validez del laudo parcialmente anulado.
En este contexto, el presente artículo examina el deber de motivación de los laudos arbitrales a la luz de las características inherentes al procedimiento arbitral y de la doctrina constitucional asentada sobre la materia. Asimismo, dicha doctrina contrasta con el criterio jurisprudencial aplicable a las resoluciones dictadas por tribunales judiciales extranjeros. Por último, analiza el alcance del poder revisor del Tribunal Constitucional y concluye sobre la tendencia pro-arbitraje del ordenamiento jurídico español.
El deber de motivación de los laudos arbitrales
Antes de examinar el deber de motivación de los laudos, conviene precisar el alcance del concepto de «equivalente jurisdiccional» con el que se ha calificado al arbitraje. Esta noción –introducida por el TSJM mediante la sentencia núm. 33/2017, de 4 de mayo– ha sido delimitada por el Tribunal Constitucional, que la circunscribe exclusivamente a los efectos de cosa juzgada y ejecutabilidad del laudo. El Tribunal Constitucional –vid. entre otras las sentencias núm. 17/2021, de 15 de febrero, y 921/2022, de 2 de diciembre– ha rechazado la extensión de dicha equivalencia a las obligaciones exigibles al árbitro, recordando que debe adoptarse una posición de deferencia hacia el arbitraje que preserve su autonomía.
El artículo 37.4 de la Ley de Arbitraje dispone que «[e]l laudo deberá ser siempre motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes». Conforme a la doctrina constitucional –vid. entre otras las sentencias 17/2021, de 15 de febrero; 65/2021, de 15 de marzo; 50/2022, de 4 de abril; y 146/2024, de 2 de diciembre–, dicho deber posee un «parámetro propio«, independiente del exigido a las sentencias judiciales conforme al artículo 24 de la Constitución. La motivación del laudo no se integra, por tanto, en un derecho fundamental ni incide en el concepto de orden público.
El Tribunal Constitucional precisa que dicha exigencia se cumple cuando el árbitro exterioriza una motivación racional y cognoscible, sin que le sea exigible un pronunciamiento pormenorizado sobre todos los argumentos de las partes ni una indicación de las pruebas en que funda su conclusión. En consecuencia, el tribunal que ejerza el control del laudo no puede examinar la idoneidad, suficiencia o adecuación de la motivación ni sustituirla por un criterio propio, pudiendo únicamente excluir decisiones que “carezcan de toda base racional o resulten radicalmente incompatibles con los principios esenciales del ordenamiento”. Este estándar configura la anulación del laudo por defecto de motivación como un supuesto verdaderamente excepcional, reservado a los casos de arbitrariedad manifiesta.
La STC 49/2026 reitera dicha doctrina al señalar que la motivación del laudo se integra “en un parámetro de legalidad ordinaria configurado por el legislador en atención a la autonomía dispositiva de las partes«. Dicho parámetro se considera superado “siempre que exista un núcleo argumental que permita comprender las razones de la decisión adoptada” y “la relación entre los hechos relevantes, los criterios jurídicos aplicados y la conclusión alcanzada”.
Un tratamiento distinto respecto de las resoluciones judiciales extranjeras
El tratamiento descrito contrasta con el aplicable a las resoluciones dictadas por tribunales judiciales extranjeros cuyo reconocimiento o ejecución se pretenda en España. En este ámbito, el artículo 24 de la Constitución opera como límite al reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras –a diferencia de lo que ocurre en el control del laudo arbitral–, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que las autoridades españolas no pueden reconocer resoluciones extranjeras que vulneren los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, dado que el orden público del foro ha adquirido «un contenido distinto, impregnado en particular por las exigencias del artículo 24 de la Constitución» (Sentencia núm. 43/1986, de 15 de abril). En la misma línea, el auto núm. 4/2019, de 29 de enero, del Tribunal Supremo precisa que la sujeción del Poder Judicial español a los derechos fundamentales “no desaparece” cuando ejecuta resoluciones de órganos de un Estado extranjero.
Los autos del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2001 y de 20 de enero de 2004 ya aclararon que la falta de motivación de una sentencia extranjera puede constituir un obstáculo para su reconocimiento cuando vulnere el orden público procesal, al impedir a la parte conocer el razonamiento de la resolución y frustrar los fines de la motivación: facilitar la impugnación o la debida ejecución de la resolución. En definitiva, a diferencia de lo que ocurre con los laudos arbitrales, el deber de motivación de las resoluciones judiciales extranjeras sí incide en el orden público español y su insuficiencia puede fundamentar la denegación de su reconocimiento o ejecución.
Esta diferencia de tratamiento se explica por la distinta base constitucional de cada mecanismo. El arbitraje se incardina en los artículos 1 y 10 de la Constitución, en cuanto deriva de los derechos de libertad y autonomía de la voluntad de las partes (sentencia núm. 65/2021, de 15 de marzo, del Tribunal Constitucional). El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que el convenio arbitral implica una renuncia legítima al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, lo que justifica un estándar de control diferenciado. Las partes no tienen obligación alguna de someter sus controversias a los órganos jurisdiccionales estatales y, al optar voluntariamente por el arbitraje, aceptan un marco de garantías procesales propio, razón por la cual el deber de motivación del laudo no debe medirse con los parámetros aplicables a las resoluciones judiciales.
Esta distinción se ve reforzada por la irrecurribilidad del laudo arbitral (salvo en contadas ocasiones conforme a unos pocos reglamentos institucionales de arbitraje). Mientras que las resoluciones judiciales –nacionales o extranjeras– son generalmente susceptibles de impugnación conforme a garantías equivalentes a las del artículo 24 de la Constitución, el laudo únicamente puede ser impugnado mediante la acción de anulación por motivos tasados, sin que la motivación desempeñe la misma función instrumental.
El alcance del poder revisor del Tribunal Constitucional
Un aspecto particularmente relevante de la STC 49/2026 reside en que el Tribunal Constitucional, en lugar de retrotraer las actuaciones al TSJM para que dictase nueva resolución, declaró directamente la subsistencia y validez del laudo parcialmente anulado.
Dicha declaración se fundamenta en el artículo 55.1.a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que faculta al Tribunal para declarar la nulidad de la resolución impugnada «con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos«. El precepto no impone un catálogo tasado de efectos, sino que confiere un margen de apreciación para determinar el alcance del pronunciamiento en función de las circunstancias del caso.
En supuestos análogos, la práctica habitual del Tribunal Constitucional ha consistido en acordar la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la resolución anulada. La STC 49/2026 constituye, hasta donde hemos podido identificar, el primer supuesto en el ámbito civil desde la sentencia núm. 288/1993, de 4 de octubre, en el que el Tribunal Constitucional ha declarado directamente la firmeza de un laudo arbitral sin devolver el asunto al Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Conclusión
La STC 49/2026 consolida la rectificación de la tendencia anulatoria del TSJM y confirma que el estándar de motivación exigible al laudo arbitral es autónomo y sustancialmente menos riguroso que el aplicable a las resoluciones judiciales. Esta doctrina resulta coherente con la naturaleza contractual del arbitraje y con los estándares internacionales predominantes, que reservan el control judicial del laudo a supuestos de vulneración grave del debido proceso. Un laudo dictado en España puede así resultar más resistente a una impugnación por defecto de motivación que una resolución judicial extranjera cuyo reconocimiento se pretenda en territorio español, lo que convierte el pacto de arbitraje con sede en España en una opción estratégicamente sólida para operaciones comerciales internacionales.
Asimismo, al declarar directamente la firmeza del laudo –sin retrotraer las actuaciones al TSJM-, la STC 49/2026 sienta un precedente que puede contribuir a reducir el riesgo de litigios post-arbitrales prolongados.
En definitiva, el Tribunal Constitucional, una vez más, refuerza la posición de España como jurisdicción predecible y favorable a la práctica arbitral, en línea con los principios de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional y con la práctica de las principales sedes arbitrales a nivel mundial.

