MADRID (Reuters) – REUTERS/Jon Nazcapor las reformas que plantea el Ministerio de Justicia y por las carencias de medios de los juzgados, convirtiéndose así en el último colectivo que se rebela contra los ajustes del Gobierno por la crisis económica.
Dieciocho agrupaciones judiciales de un espectro ideológico muy diverso, en las que hay desde asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales a sindicatos y usuarios, escenificaron el martes una unión inaudita contra la gestión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien ya no consideran un interlocutor válido.
"El ministro Gallardón tiene el poder pero no la razón, y a lo mejor consigue vencer pero no nos convencerá. Vamos a seguir intentando solucionar los problemas", dijo el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, en una rueda de prensa donde se presentó el "Manifiesto en Defensa de la Administración de Justicia".
El sector amenaza con convocar una huelga en enero – la segunda de la democracia – si el Gobierno no modifica el rumbo en una serie de medidas, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cambia el sistema de elección de los órganos judiciales, o la del Registro Civil, que pasará a cobrar por algunos trámites hasta ahora gratuitos, ambas aún en proceso embrionario.
"Mi obligación no es pensar en mí ni como fiscal ni como abogado, mi obligación es pensar como ministro de Justicia, y desde esa defensa del interés de los ciudadanos, soy plenamente consciente de que nuestras propuestas se enfrentan a determinados intereses legítimos pero corporativos", dijo Ruiz-Gallardón en un foro político, en declaraciones recogidas por RNE.
Los juzgados españoles, que se han quedado históricamente al margen de la modernización que ha transformado otros sectores de la administración pública como Hacienda, están colapsados por falta de recursos materiales, profesionales y carencia de informatización de los procesos, a lo que hay que sumar los recortes de financiación en los últimos años por la crisis económica.
De hecho, las asociaciones denuncian que la tasa de reposición de jueces – España cuenta con cuarta parte de magistrados que Alemania y un ratio jueces/ciudadanos a la cola de Europa – no cubre siquiera las defunciones y jubilaciones de los magistrados.
El 83 por ciento de los españoles está en contra del pago de las tasas para acceder a la justicia, mientras que un 79 por ciento cree que las tasas impuestas en el nuevo texto son excesivas, según una encuesta difundida a finales de noviembre por el Consejo General de la Abogacía Española.
CAMBIO DE RUMBO
Los firmantes del manifiesto instan a que se garantice la división de poderes, que consideran comprometida, se aprueben medidas que agilicen la administración de justicia y la implantación de las nuevas tecnologías.
También piden garantizar el acceso de los usuarios a la jurisdicción, sin trabas que limiten sus derechos fundamentales, en entredicho por la polémica ley de tasas, que ya está en vigor pero no se aplica por una cuestión técnica.
La asociación de usuarios FACUA denunció que por algunos trámites como el recurso de una multa de 150 euros o un laudo arbitral para recurrir una factura telefónica de 80 euros habrá que pagar 200 euros, lo que funcionará como un elemento disuasorio para reclamar derechos.
Algunas de las asociaciones, como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, advirtieron de que el Ejecutivo está "tendiendo a la privatización".
"El ministro ha actuado a través de iniciativas improvisadas, con poca consistencia, con anuncios de carácter populista que a menudo han caído en el sensacionalismo (…) Queremos soluciones reales a las carencias del sistema judicial y no se está viendo un proyecto claro y definido", dijo Joaquim Bosh, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.
Todos están de acuerdo en pedir cambios, pero no todos coinciden a la hora de solicitar la marcha de Gallardón, que ha pasado de ser uno de los políticos mejor valorados del Partido Popular a uno de los miembros del Gobierno con peor valoración.
Tras las movilizaciones del miércoles ante todas las sedes judiciales, tienen prevista una reunión con el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y han solicitado audiencia con el presidente Mariano Rajoy, aún sin respuesta, con la esperanza de hallar un modo de reconducir la situación y hallar soluciones para el sector.
