- “Mi intervención en el DATAFÓRUM 2023 ha planteado algunas ideas sobre cómo mejorar el funcionamiento del sistema judicial”
- “España no ha invertido poco en justicia, pero ha invertido con un perfil distinto al de otros países”
Juan S. Mora-Sanguinetti* es Economista Senior en el Banque de France y en el Banco de España-Eurosistema. Es también abogado (colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) y vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC). Es consejero Académico de la Fundación FIDE, consejero Científico de la Asociación Francesa de Derecho y Economía y miembro del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Aranzadi – La Ley. Anteriormente fue economista en la OCDE (París), presidente de la Asociación de Economistas del Banco de España y ha sido profesor invitado de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, en CUNEF y en la EAE.
Es licenciado en Economía (Premio al mejor expediente), licenciado en Derecho (Premio extraordinario) y doctor (Ph.D.) (mención europea) por la Universidad Carlos III de Madrid. También posee un Máster de investigación por el Instituto Universitario Europeo (EUI) de Florencia. Ha recibido diversos premios a su carrera y a su investigación. Es miembro del Comité de Expertos que redactó el Código Ético de la Universidad Carlos III de Madrid.
Su investigación trata principalmente sobre la cuantificación y el análisis del marco institucional y de sus impactos en la economía y en la sociedad. En los últimos años ha estudiado la complejidad de la regulación y el funcionamiento de la justicia.
*Sus opiniones son personales.
Usted ha sido uno de los ponentes en DATAFORUM 2023. Exponga de manera breve las líneas maestras de su intervención.
Mi intervención en el DATAFÓRUM 2023, que se tituló “¿CÓMO SEGUIR MEJORANDO LA JUSTICIA? LA CONEXIÓN (CON DATOS) ENTRE JUSTICIA Y COMPLEJIDAD DE LA REGULACIÓN” ha planteado algunas ideas sobre cómo mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Más allá de la necesaria tecnificación de la justicia y de la potenciación de los mecanismos alternativos (o adecuados) de resolución de conflictos (los “ADR”), hay otras medidas que se pueden tomar, como la mejora del diseño y de la redacción de la regulación.
En concreto, mi ponencia pone sobre la mesa unas medidas de cuantificación objetiva (con datos) de la complejidad de la normativa española. Por ejemplo, el conjunto de las administraciones españolas ha publicado 414.272 normas nuevas entre 1979 y 2022. Sabemos también que las administraciones autonómicas tienen cada vez más peso. En concreto el peso de la regulación autonómica ha sido del 75% en años recientes. Como complemento de lo anterior, los indicadores de legibilidad apuntan a que la normativa autonómica es difícil de leer y que las normas de las CCAA realizan entre ellas numerosos enlaces (11 menciones a otras normas en media).
Más allá de los datos, la complejidad del marco normativo nos importa porque afecta a cómo se relacionan los ciudadanos y las empresas entre ellos, y también influye en el funcionamiento de la justicia. Un aumento en el 1% en el número de enlaces se relaciona con un aumento del 0’02% en la congestión judicial.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos tecnológicos a los que se enfrentan la Justicia y el Derecho?
Santos Pastor, quien fue un apreciado y conocido catedrático de análisis económico del Derecho, dejó escrita la siguiente afirmación ya en 2008: “Se necesitan más medios, pero no de forma indiscriminada”. Creo que esta frase sigue siendo verdad. España no ha invertido poco en justicia, pero ha invertido con un perfil distinto al de otros países (una composición distinta de gasto). El presupuesto debería virar más hacia la inversión en las tecnologías. España, afortunadamente, ya lo está haciendo, pero no debemos olvidar ese rumbo.
La inversión en tecnologías funciona. Sabemos, por ejemplo, que técnicas como la identificación temprana de casos problemáticos que llegan a los órganos judiciales, gracias a la tecnología y la estadística judicial, han dado buenos resultados en los distintos países de la OCDE.
Por tanto, ¿Qué más se puede hacer? En mi libro “La factura de la injusticia” (Editorial Tecnos, 2022), ponía sobre la mesa las siguientes apuestas: la inversión en tecnología debe ir también de la mano de una mayor generación y uso de estadística judicial (jurimetría). Por otro lado, la tecnificación no puede olvidar la capacitación técnica de los usuarios. Si los usuarios (los ciudadanos) tienen un mayor dominio de las tecnologías, la inversión en tecnología rendirá mucho más.
En un mundo cada vez más avanzado, ¿considera que la función de hacer justicia pueda llegar a ser robotizable?
Creo que hay numerosas tareas (parte de los procedimientos) robotizables dentro de la justicia. Arriba incidía, de hecho, en la necesidad de utilizar cada vez más la estadística judicial y la modelización para reducir la congestión judicial. La robotización (y la inteligencia artificial en general) puede facilitar todo ello. Es posible que, incluso, la resolución de los casos más sencillos, en ámbitos muy concretos, puedan basarse en robotización.
Sin embargo, por el contrario, opino que la resolución de los casos mínimamente complejos (no partes concretas de los procedimientos), seguirá siendo necesariamente humana. No creo que la labor de un juez (como decisor final de un conflicto, dictando una sentencia), como tampoco la labor de un médico o la de un psicólogo clínico pueda ser robotizable. Ese juez, ese médico y ese psicólogo utilizarán herramientas de inteligencia artificial, pero no podrán ser sustituidos de forma completa.
Por hacer un paralelismo, en medicina se llevan realizando análisis clínicos precisos muchas décadas. Esos análisis son esenciales para la profesión médica. Le ha dado seguridad, eficacia y precisión. Sin embargo, no han sustituido la figura del médico, que debe dar una interpretación final a los resultados de las distintas técnicas en función del contexto y las circunstancias del paciente.
¿Qué consecuencias tiene en la Justicia y en la Economía que España sea un país litigioso en el que las empresas y la ciudadanía canalizan a la justicia un alto número de conflictos si hacemos una comparación con otros países?
En 2011 España llegó a ser el tercer o cuarto país más litigioso de toda la OCDE (ya se mida en relación con la riqueza del país o respecto de su población). Si bien esta litigiosidad se ha relajado con posterioridad, es un punto a tener muy en cuenta. En general se observa la siguiente relación estadística: a mayor litigación, mayor tasa de congestión judicial. Por otro lado, a mayor congestión judicial, mayores ineficiencias económicas.
Las consecuencias económicas son claras. A modo de ejemplo: 1 punto de congestión judicial le cuesta a Madrid 3400 viviendas (menos) en alquiler. Barcelona, por su parte, pierde 3100, dificultando la vida de los jóvenes o de los demandantes de empleo.
¿A qué se debe que haya más abogados en Madrid que en toda Francia? ¿Qué consecuencias puede tener en la profesión y en la sociedad?
La afirmación de que “en Madrid hay más abogados que en toda Francia” es estadísticamente verdad. Pero es una comparación que puede ser considerada una “caricatura”. Francia es un país con especialmente pocos abogados. En términos absolutos, como repetía en “La factura de la injusticia”, el resto de las grandes economías europeas tienen más abogados que España.
En ocasiones se pretende relacionar en el debate público la litigación con la presencia de abogados. Yo mismo estoy colegiado como abogado. Estadísticamente se encuentra para España que un aumento del 1% en el número de abogados, podría estar relacionado con un aumento del 1,4% en la litigación. Sin embargo, es necesario recordar que la litigación es un fenómeno multifactorial, siendo influida por muchos factores al mismo tiempo, también los económicos, como la situación de recesión y expansión o la composición sectorial de la economía (un carácter más industrial o más de servicios influye).
¿Existe una hiperactividad legislativa? ¿Ello provoca una deriva de la calidad normativa?
La medición objetiva de la “complejidad” del marco normativo español pone de manifiesto que España ha publicado 414.272 normas nuevas entre 1979-2022. Cabe también observar que la aprobación de regulación se ha cuadruplicado desde 1978, hasta alcanzar más de 12 mil normas nuevas al año (12.704 normas nuevas en 2021). Esto, en términos más cercanos, significa que el conjunto de las administraciones públicas españolas publica casi 35 normas nuevas cada día (más de 1 cada hora).
En ese conjunto de nueva normativa, el peso de la regulación autonómica ha pasado a ser cada vez más importante: el 75% de toda la normativa nueva en los últimos años proviene de las administraciones autonómicas.
El aumento del volumen de normativa ha ido de la mano de un empeoramiento de otras facetas, como la lingüística. Cada vez es más difícil de leer las normas.
Todas estas circunstancias, medidas de forma objetiva, con datos, deberían utilizarse para diseñar programas de mejoras de la regulación o “Better Regulation”.
