Uno de los puntos de más calado en la evolución que está viviendo la Justicia con las últimas novedades legislativas, es el crecimiento de las atribuciones de los secretarios judiciales, quienes han ido tomando un rol protagonista en la técnica procesal, al adquirir competencias de impulso y resolutivas en las causas. Rafael Lara Hernández, presidente del Colegio Nacional de secretarios judiciales, se muestra muy satisfecho de las relaciones corporativas con la Abogacía, así como de la postura de escucha que sostiene el Ministerio de Justicia. Lara nos ilustra acerca de estos cambios revalorizadores y de cómo está mejorando el servicio público en los juzgados desde que la presencia del Cuerpo de secretarios es mayor.
La normativa tiende a dar más funciones a los secretarios judiciales. ¿Está satisfecho con esta evolución?
Evidentemente. El aumento de las funciones de los secretarios judiciales es un proceso natural, necesario e imparable. Los secretarios judiciales somos un Cuerpo superior jurídico de la Administración de Justicia que atesora una experiencia dilatada y de excelencia en la gestión de los juzgados y en la resolución e impulso de los procesos judiciales. Además, la carga de trabajo ingente de los juzgados contribuye a consolidar nuestra presencia.
La reforma de la LOPJ y la reforma procesal del 2010 tenían que venir y vinieron, y su llegada ha sido un completo éxito. Desde que nos hemos encargado de competencias hasta entonces reservadas a los jueces, los procesos van mejor, la ejecución va mejor, las conciliaciones van mejor, y la dirección de las oficinas van mejor.
Piense que, por lo que respecta a los decretos, que son la resolución de fondo de los secretarios judiciales, en el 2012 se dictó un 175% más que el año anterior, y llegaron en el 2013 a alcanzar la no desdeñable cifra de casi 1.600.000, tantos como sentencias judiciales.
Por ponerle otro ejemplo, los procesos monitorios desde que están en manos de los secretarios judiciales se resuelven en mayor número y más rápido. Se ha pasado de una pendencia de unos 422.000 en 2008 a solo 317.000 en el 2013. Si tomamos como muestra el monitorio -la reclamación que podíamos decir ultrasumaria de deudas- que son un 50% de los asuntos que entran en los juzgados de lo civil, significa que estamos devolviendo a la economía de la gente miles de millones de euros paralizados.
¿Cuál sería la meta a alcanzar en este sentido?
Seguir trabajando, ofreciendo posibilidades. Y hacerlo como hasta ahora sin tacha alguna, y con la mira puesta siempre en el mejor servicio público posible. El futuro está en la resolución alternativa de conflictos: la conciliación y la mediación. En estos campos, nuestra aportación es muy significativa. En el 2009, cuando no era nuestra competencia, se celebraron en el ámbito civil cerca de 42.000 mediaciones, para pasar a 118.000 en el 2013, cuando la hemos asumido. En lo laboral, la resolución alternativa de conflictos representa ya el 45% de las sentencias dictadas.
Querría igualmente resaltar la marcha excelente de la ejecución desde que la hemos asumido. El número de las resueltas es ya casi un 17% más de las registradas, más de 200.000. Profundizando en nuestras competencias en ejecución, sin necesidad de acudir a otras experiencias, podemos en unos años poner al día la Justicia.
¿Qué novedades destacaría usted para el cuerpo en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial?
Afortunadamente soluciona muchos problemas estatutarios de nuestro Cuerpo como el régimen disciplinario, y el mal sistema de categorías con un maltrato a los más jóvenes secretarios con perjuicios de carrera profesional y hasta retributivos, que quedan subsanados. La Ley reconoce la interlocución asociativa frente a la tradicional sindical, que tanto nos ha perjudicado. Avanza, además, en la mediación, el reconocimiento orgánico de funciones procesales.
Con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, los secretarios judiciales pasan a denominarse letrados de la Administración de Judicial. ¿Qué relevancia tiene este cambio?
A la denominación de secretario judicial se la recordará con cariño y reconocimiento, pues dio significado durante muchos años a nuestra profesión. Pero en un contexto de una sociedad moderna, la carga social de esta, y sobre todo, de cara a un relanzamiento profesional, un reconocimiento competencial y un nuevo impulso para la Justicia, el nombre debía cambiar. La denominación adoptada va en esa línea y no sólo la apoyamos, sino que le damos la bienvenida.
¿Qué necesidades tecnológicas tiene un secretario judicial que aún no han sido colmadas?
Se ha avanzado mucho, pero aún andamos en ciclomotor cuando la sociedad va en Ferrari. Hemos de aprender mucho, adquirir muchos procesos de nuevas tecnologías, aplicaciones que hablen entre ellas y no sean islas perdidas. Y, lo más esencial, avanzar en un nuevo proceso digital. El Ministerio ha constituido acertadamente una Comisión multidisciplinar para el diseño neo-tecnológico de la nueva Justicia y alcanzar el papel cero que se anuncia para el año próximo. Estaremos ahí trabajando y aportando, pues sospecho que nuestra intervención será fundamental.
Frecuentemente, el secretario judicial es el interlocutor del abogado en los juzgados ¿Cómo son las relaciones entre el colectivo de los secretarios judiciales y la Abogacía?
Magníficas. Los secretarios judiciales y los abogados nos entendemos, pues hablamos el mismo lenguaje jurídico y procesal. Cada uno desde su posición, ambos colectivos aspiramos a un mejor servicio público de la Justicia.
En todo el llamado proceso privatizador del Registro Civil, ¿qué interlocución están teniendo con el Ministerio de Justicia?
Nos estamos sintiendo no sólo escuchados, sino atendidos en el Ministerio. Eliminando caracterizaciones del proceso de desjudicalización del Registro, en el que creo todos estamos de acuerdo, incluido el Ministerio, estamos convencidos de que, como todo tránsito, tendrá sus altos y bajos, aciertos y desaciertos. Para contribuir a que la solución final sea la mejor, cosa que es lo que debe importarnos, los secretarios judiciales, futuros letrados de la Administración de Justicia, sabemos aportar y ser escuchados. No me cabe duda.
¿Qué hay de verdad en que ustedes quieren asumir el Registro Civil?
Los secretarios judiciales apoyamos la desjudicialización del Registro Civil porque institucionalmente es lo mejor, y ello redundará en una mejora del servicio. Sabemos, además, que se está repensando quién asumirá este cambio. Como debe ser, estaremos a disposición del Gobierno y el Parlamento, plenamente comprometidos con que el Registro sea útil en la vida de la gente, ofreciendo aquello que podamos aportar para ese fin.
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