Tengo temperamento de juez y una gran fe en el sector privado y la economía de mercado Prefiero ser juez que parte. Tal vez equivoqué mi vocación Muchos problemas han surgido de la doctrina del "café para todos"
Manuel Conthe es licenciado en Derecho y Técnico Comercial y Economista del Estado. Durante su etapa como presidente de la CNMV dirigió el grupo de expertos españoles que elaboraron el Código Unificado sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, el de reguladores europeos que elaboró el Protocolo sobre Mediación del Comité CESR y el de expertos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). Entre 1999 y 2002 Conthe fue también Vicepresidente del Banco Mundial para el Sector Financiero, tras una larga carrera en el Ministerio de Economía y Hacienda, como Director del Tesoro y Política Financiera y Secretario de Estado de Economía y Consejero Económico Jefe en la Representación de España ante la Unión Europea. Conthe culminó su carrera profesional en el sector público cuando en octubre de 2004 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dimitió en mayo de 2007, cuando, en la opa sobre Endesa, consideró que el Consejo de la CNMV había dejado indefenso al único oferente autorizado – la compañía alemana E.On- frente a la actuación de Acciona y Enel, que contaba con el apoyo del Gobierno. Con su decisión -que, en contra del deseo del Gobierno, insistió en explicar públicamente ante la Comisión de Economía del Congreso- mostró un sentido de la independencia que ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Actualmente es OF-COUNSEL, Bird & Bird LLP.
¿Por qué decide ingresar al terreno de la abogacía profesional? ¿Por qué en Bird & Bird
Tras años de practicar y contemplar el Derecho económico y financiero desde el sector público, tenía ganas de practicarlo desde el sector privado. La propuesta del director de Bird & Bird en Madrid me resultó atractiva y me pareció que encajaba con mi perfil: profesional independiente, con capacidad de análisis jurídico-económico de cuestiones económicas complejas. Javier Fernández-Samaniego me comentó que podía dedicarme al arbitraje en colaboración con su despacho. Bird & Bird es, además, un gran bufete internacional, con una potente área especializada en arbitraje internacional cuya base está en Londres. Tras acordar que me incorporara en calidad de of-counsel, parecía lógico que pudiera colaborar también en otros asuntos como Derecho financiero y regulatorio, o análisis económico del Derecho en el ámbito del Derecho de la competencia.
¿De qué manera su experiencia previa le puede ayudar en este nuevo reto?
Durante años he participado muy directamente en la elaboración de normas, nacionales e internacionales, sobre todo en el ámbito financiero (normas del mercado de valores, titulización, instituciones de inversión colectiva, capital riesgo, desarrollo de la Ley de Disciplina de Entidades de Crédito, normas sobre transparencia de operaciones bancarias, blanqueo de capitales…). En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, muchos asuntos y disputas exigían resoluciones y decisiones interpretativas de contenido asimilable al jurisdiccional o arbitral. En mi etapa en Bruselas, seguí muy de cerca los procedimientos arbitrales (llamados "páneles") en disputas entre países miembros de la Organización Mundial del Comercio sobre la interpretación de acuerdos internacionales sobre comercio internacional (GATT, GATs, etc.). En el Banco Mundial conocí de cerca el funcionamiento del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID), una institución que se alberga en el propio Banco.
¿Por qué le interesa el arbitraje como rama en la que desarrollar su carrera?
Tengo temperamento de juez y una gran fe en el sector privado y la economía de mercado. Me gusta ponderar y analizar, de forma desapasionada, los pros y contras de las ideas y posiciones que escucho. Soy sensible a los argumentos, pero impermeable a las presiones. Tengo capacidad de síntesis y afición a escribir. Prefiero ser juez que parte. Tal vez equivoqué mi vocación, y debiera haberme dedicado a la judicatura. Pero no es tarde para ser árbitro, una función que puede lograr el maridaje entre la función jurisdiccional y la eficacia del sector privado. Soy un enamorado de lo anglosajón, he vivido nueve años fuera de España y me atrae lo internacional.
Durante los puestos anteriores de responsabilidad que desempeñó, ¿tuvo una relación estrecha con el mundo de la abogacía? ¿En qué campos, por ejemplo?
Comencé mi carrera administrativa aplicando la legislación española sobre inversión extranjera y de control de cambios, en estrecho contacto con empresas extranjeras y despachos de abogados. Más tarde me ocupé, como he explicado antes, de elaborar y aplicar normas sobre los mercados y entidades financieras. Mi paso por Bruselas me familiarizó con las normas sobre comercio internacional; y las etapas en el Banco Mundial y en la CNMV, con la legislación y arquitectura financiera internacional. He estado, pues, en permanente contacto con el mundo de la abogacía, aunque hasta ahora del lado de la Administración pública.
¿Cómo un abogado puede apoyarse en el análisis económico del derecho para el ejercicio de su profesión?
Como el célebre personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, el buen jurista sabe economía, aunque no siempre sea consciente de ello. Si no, no sería buen jurista. Hace siglos la frontera entre Economía y Derecho era difusa: los jesuitas de la Escuela de Salamanca ¿eran economistas o juristas? Jeremy Bentham, ¿era sólo abogado o también economista? Joseph Schumpeter era licenciado en Derecho. Friedrich Hayek escribió no sólo sobre Economía, sino también sobre Derecho, Filosofía y Política. En el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, muchos jueces son grandes especialistas en Law & Economics (Posner, Breyer…). Hay ramas del Derecho -como el Derecho de la Competencia o la regulación de los mercados financieros- en las que Derecho y Economía están entrelazados íntimamente.
En Derecho español, la concepción causal de nuestros grandes civilistas enlazaba, en el fondo, con el análisis económico: las instituciones y figuras del Derecho no son meras formas susceptibles de ser desvirtuadas, u objeto de simulación o uso fraudulento, por los particulares, sino que responden a una finalidad típica y objetiva en la vida de los negocios. Ese análisis del negocio o causa subyacente en muchas transacciones es, en el fondo, una forma de análisis económico.
¿Cómo compagina derecho y economía? ¿Los abogados deben estudiar economía o simplemente tenerla como una disciplina de apoyo jurídico?
A mí me gustan las licenciaturas mixta, que combinan ambas disciplinas.
Hay ámbitos -como el Derecho Financiero, el Derecho Mercantil o el Derecho de la Competencia- donde la formación económica le resulta imprescindible al buen jurista.
¿El derecho puede ayudar a superar esta crisis económica? ¿Cómo?
La actual crisis económica en España tiene raíces económicas (falta de competitividad, pinchazo de la burbuja inmobiliaria…) y no está relacionada directamente con el Derecho. Un error común en España -especialmente en la clase política- es pensar que los problemas se resuelven legislando: por eso, cuando se le pregunta a un Ministro por su programa de actuación, raro es que no lo resuma en una larga colección de proyectos de normas.
En algunos casos se trataría de suprimir o flexibilizar muchas normas. Acaso sea injusto al hacer esta apreciación, pero en ocasiones me ha parecido que algunos catedráticos y juristas -especialmente en el ámbito laboral- sufren el "síndrome del río Kwai": están tan influidos por las normas en las que se educaron o contribuyeron a elaborar que, como el ingeniero militar que se opone a que sus mandos dinamiten el primoroso puente que tendió sobre el río, terminan siendo enemigos de las reformas.
¿El desarrollo del Estado de autonomías pone en peligro la unidad del mercado español?
El principal problema del desarrollo del Estado de las autonomías ha sido la expansión del sector público y del gasto que ha entrañado, así como la pasión regulatoria e intervencionista que ha alentado. Paradójicamente, mientras el Estado central privatizaba los pocos bancos públicos que teníamos (Banco Exterior, Entidades Oficiales de Crédito…), muchas Comunidades Autónomas, incluso regidas por políticos de convicciones teóricamente liberales, trataban de controlar plenamente "sus" Cajas de Ahorros y hacer de ellas, en la práctica, bancos públicos.
Muchos problemas han surgido de la doctrina del "café para todos" y, en particular, de la no aceptación política por las demás Comunidades Autónomas de que Cataluña, Navarra y el País Vasco eran "nacionalidades históricas" cuyo "hecho diferencial" las distinguía del resto. Esa aspiración igualitaria ha hecho que la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades no se guiara por criterios de racionalidad y eficiencia, sino por el deseo político de las Comunidades de aumentar sus competencias a toda costa, y no ser menos que nadie.
Ese excesivo crecimiento del sector público y del intervencionismo poco liberal no ha entrañado, sin embargo, un peligro grave para la unidad del mercado español.
