- “La Ley de cambio climático y transición energética, establece entre sus principios rectores la descarbonización de la economía española”
- “El PNIEC recientemente actualizado ha establecido objetivos ambiciosos para 2030 en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables, eficiencia energética y electrificación del transporte, pero el mayor reto está en la red”
El pasado 19 de noviembre, Luis Castro, Partner y Head of Energy and Energy Transition en Osborne Clarke, moderó la mesa transversal sobre La descarbonización de la economía, retos y oportunidades, en el marco del ‘II Congreso Aranzadi de Abogacía In House’. En dicha mesa intervinieron como ponentes: Emma Manzanedo Andany, directora Fiscal y Legal Corporativo de Logisfashion; Helena Yperlaan Blajé. Head of Legal – Spain en Statkraft; Gabriel López Serrano, director de Regulación y RRII de Microsoft Ibérica S. R. L.; Ana Julia Mendoza Chiappori, abogada, Dirección de Servicios Jurídicos del Grupo Iberdrola y Javier Nájera Neila, senior account director Decarbonisation & Strategic Partnerships Commercial & Clean Energies (Moeve). En esta entrevista Luis Castro profundiza en las cuestiones que fueron objeto de debate.
En el II Congreso Aranzadi de Abogacía In House usted moderó la mesa centrada en la descarbonización de la economía. ¿Cuáles fueron las grandes líneas del debate?
Los ponentes se ocuparon de desgranar los retos y oportunidades que enfrenta la descarbonización de la economía, y trataron así mismo sobre la ambición del PENIEC, las oportunidades en el contexto de mercado actual para incentivar la demanda y para lograr la descarbonización en industrias no susceptibles de electrificación, especialmente en el ámbito de los gases renovables, y finalmente, de cómo la logística y la descarbonización del transporte resultan una pieza clave en la hoja de ruta de la descarbonización a largo plazo. El tema estrella fueron los centros de datos y la oportunidad que estos representan para la inversión en este tipo de infraestructuras, dadas las ventajas competitivas que pueden convertir a España en el principal hub de datos del continente.
¿Qué desafíos y oportunidades presenta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 para lograr los objetivos de descarbonización?
Partimos de una situación de estancamiento de la demanda eléctrica en España y de una red con limitaciones de capacidad que redunda en la limitación en acceso para generación, pero también en los problemas para obtener acceso para la gran demanda de suministro eléctrico. Por otro lado, la oposición social creciente a los proyectos de renovables es una realidad de compleja gestión que se une al cada vez más complejo proceso de permiting, y a la falta de agilidad en la tramitación de los proyectos que hay en desarrollo. Finalmente, la canibalización de la generación renovable crea una situación de desincentivo en la inversión, dada la incertidumbre que genera la volatilidad del mercado mayorista por las expectativas claras de retorno rentable a esa inversión en la venta de energía. Los retos están identificados, pero también lo están las soluciones, y existe una voluntad clara de aprovechar las oportunidades que se brindan al mercado.
Entre todas ellas, hay que destacar el almacenamiento energético, tanto en el ámbito de las baterías stand alone como en el de las centrales de bombeo y la hibridación de generación renovable con baterías. Asimismo, hay que hacer referencia a la necesidad de promover más puntos de recarga rápida, superando el laberinto administrativo y las limitaciones de capacidad de suministro de la red, pues esta es la piedra angular para la electrificación del parque de vehículos privados y la electrificación de las flotas y el transporte por carretera. También el autoconsumo industrial (C&I) y las redes de distribución cerrada. Todo ello va a suponer una auténtica revolución verde asociada a la logística y a la industria en general.
Es esperable, por otro lado, un significativo crecimiento de la demanda asociado al desarrollo del hidrógeno verde, pues España puede convertirse en el gran hub europeo del hidrógeno cuando este consiga un mercado que le proporcione liquidez y precio predecible a largo plazo; sin olvidar el biometano, que representa también una oportunidad verde para el futuro de la gestión de residuos y la generación de energía limpia, convirtiéndose en un claro ejemplo de economía circular. Y como no, los ya mencionados centros de datos que pueden hacer de nuestro país, que, dadas sus coordenadas geográficas, óptimas para la generación de energías renovables y la interconexión entre continentes, el epicentro digital del sur de Europa. Pero es esta una oportunidad muy dependiente de que los retos del suministro eléctrico y la burocracia asociada a su tramitación se superen a tiempo para convencer a los grandes gigantes tecnológicos de que esas excelentes ventajas competitivas se unen a una red capaz de permitir un suministro suficiente. Y ello en un contexto de instalaciones cada vez de mayor capacidad (100 o incluso 200 MW), dadas las exigencias de consumo de la IA, y debiendo asumir a su vez los retos de sostenibilidad y eficiencia energética que establece el marco regulatorio.
Para que todo ello sea una realidad, es preciso como he indicado antes, la implementación de un marco regulatorio que proteja al inversor y que procure la necesaria seguridad jurídica en el desarrollo de los nuevos modelos de negocio en el sector. Por citar algunos ejemplos, resulta clave el desarrollo de subastas que permitan dotar de un régimen económico que garantice la rentabilidad del almacenamiento, que se convoquen los esperados concursos de capacidad de acceso, tanto en el ámbito de la generación como en la demanda, y que los nuevos criterios para la asignación de capacidad de acceso y conexión para demanda se empiecen a aplicar con la publicación de las necesarias especificaciones de detalle. Es necesario también impulsar los PPAs públicos (contratos bidireccionales por diferencia, en los que el productor vende la electricidad en el mercado, pero después liquida con la entidad pública la diferencia entre el precio de mercado y el precio previamente acordado) y privados, que constituirán una pieza importante de la reforma del mercado eléctrico, promoviendo que las empresas tengan precios más estables gracias a contratos a largo plazo, y los productores de energía obtengan unos ingresos también estables.
Y finalmente, resulta clave acortar los plazos de revisión de la planificación del transporte, dada la velocidad con la que cambian las necesidades de crecimiento de la red es necesario poder responder con más agilidad a la necesidades de refuerzo de las infraestructuras existentes y la promoción de nuevas instalaciones, que permitirán a España avanzar en el camino de la transición energética, pero sin perder de vista la necesaria garantía de suministro (y de paso la tan ansiada independencia energética), y sin olvidar tampoco la protección del medioambiente y la eficiencia económica del sistema eléctrico.
¿Qué caracteriza a la asesoría jurídica interna de una empresa energética con relación a otras?
Estamos viendo un incremento significativo tanto de la sofisticación como de la especialización de las asesorías jurídicas internas de las empresas del sector. También asistimos a un fenómeno de claro crecimiento de sus plantillas, en algunos casos hasta adoptar el tamaño de muchas firmas de abogados. Todo ello responde a una regulación sectorial cada vez más compleja y a unos nuevos modelos de negocio que suponen un auténtico reto diario para que los abogados internos puedan dotar de seguridad jurídica a la actividad de la compañía, respondiendo a sus necesidades de manera eficiente.
Y, en concreto, ¿qué dificultades están encontrando las asesorías jurídicas internas ante un escenario de inflación regulatoria en materia de medio ambiente?
El reto es evidente, la inflación regulatoria en medioambiente es quizá la más clara de entre las tres disciplinas que conforma el ESG. Y esta inflación es un reto en términos competitivos, es decir, supone un incremento significativo del coste que supone su cumplimiento tanto en términos de tiempo de dedicación como de especialización en las plantillas de la asesoría jurídica de las empresas. Ello hace que muchas veces resulte más eficiente la externalización de determinado tipo de asesoramiento en los despachos, y en cualquier caso, que resulte preciso recurrir habitualmente recurrir a la opinión de especialistas externos para dar solución a problemas que paradójicamente crea esa misma regulación, que muchas veces resulta de compleja aplicación práctica.
¿Están realmente las empresas buscando el camino hacia la eficiencia energética, o muchas de las medidas adoptadas son más cosméticas que reales?
España es uno de los países en los que se venden menos bombas de calor de alta eficiencia, claves en la descarbonización del sector residencial y terciario, y en los que hemos tenido que esperar a los fondos Next Generation de la UE para ver un auténtico auge de la rehabilitación energética de edificios. Pero también vemos que la eficiencia energética es un potente argumento comercial, y ello incentiva a las empresas a establecer estándares de sostenibilidad cada vez más elevados, y día a día vemos cláusulas más y más exigentes en materia de compliance en la contratación de proveedores.
En este contexto, juegan un papel relevante los CAEs (Certificado de Ahorro Energético), instrumento regulatorio que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final que permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema CAE.
Pero hablar de eficiencia energética (recordemos aquí que la mejor energía es la que no se consume), es hablar también de ahorro energético, y ese ahorro tiene que ver también con los precios de la energía, y aquí juega un papel crucial el contexto geopolítico actual en el que la volatilidad de los precios de las materias primas y de la propia energía son siempre una incógnita de riesgo de no siempre fácil gestión, y en el que los PPAs a los que antes nos referíamos, jugarán de seguro un papel crucial.
¿Cuál es la visión de Osborne Clarke sobre las necesidades legales de la empresa en materia de descarbonización y cómo ha evolucionado el asesoramiento legal en el sector energético en los últimos años?
Como recordábamos en la apertura del Congreso, nuestra área ha pasado recientemente a denominarse Energy and Energy Transition, y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros denominamos como «Estrategia de cliente 3D», que motivó el reconocimiento de nuestra firma en los premios «Finantial Times Innovative Lawyers Europe 2021», que son uno de los galardones jurídicos internacionales más prestigiosos del sector, y que celebran los logros destacados de despachos de abogados y clientes, equipos jurídicos internos y proveedores de servicios jurídicos que promueven la innovación dentro del sector.
Nuestra «estrategia de cliente 3D» combina competencias y servicios jurídicos con especializaciones sectoriales y tres «motores de transformación»: la descarbonización, la transformación digital y la transformación de las dinámicas urbanas que afectan a la forma de vivir, trabajar y hacer negocios hoy en día, y que abarcan a su vez diversas áreas de práctica y sectores con equipos a medida y experiencia que se entrecruzan a través de los servicios jurídicos, los sectores de actividad y los retos de transformación más urgentes a las que se enfrentan las empresas y la sociedad, liderando el desarrollo de soluciones legales para apoyar a inversores y empresas sostenibles. Todo ello para abordar estas tendencias y retos, mitigar su impacto y convertirlos en oportunidades de negocio rentables.
Las tres se interrelacionan muy bien en el sector energético hasta el punto de que todas ellas se erigen en claves para lograr a largo plazo el objetivo de cero emisiones netas en Europa. Para lograrlo, ayudamos a nuestros clientes a financiar su transición hacia un futuro con cero emisiones y a invertir en proyectos que colaboran en la consecución del objetivo de descarbonizar la economía con recursos tanto públicos, a través de ayudas y subvenciones, como privados, a través de la financiación bancaria y alternativa (fondos de deuda, aseguradoras), o bien acudiendo al mercado de capitales, así como a afrontar los retos regulatorios que deriva de un exigente y complejo marco regulatorio hoy vigente en nuestro sector, asesorando a nuestros clientes sobre cómo afectará a su organización el cambiante panorama jurídico, y a navegar por leyes complejas en un continuo cambio hacia nuevos modelos y estrategias de negocio, dando el necesario soporte jurídico en proyectos, transacciones e inversiones que ayudan a alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía, incluyendo el desarrollo de infraestructuras sostenibles y la descarbonización del transporte y la movilidad con bajas emisiones.
Vivimos en un mundo global y nuestra visión es por tanto también global, trabajando en equipo con nuestros compañeros en otras jurisdicciones, compartiendo conocimiento y experiencia para entender las necesidades de los clientes, y así poder ayudarles eficazmente a hacer ese camino para lograr un negocio de cero emisiones netas desde todas las dimensiones que ese negocio abarca.
