José Antonio Caínzos es presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM). Ha participado en más de 100 procedimientos arbitrales, como abogado y como árbitro, ante las instituciones arbitrales más prestigiosas, como la LCIA y la ICC. Respecto a su trayectoria como abogado, Caínzos ha sido abogado del Estado y ha trabajado en despachos como Baker & McKenzie y en Clifford Chance, donde se incorporó como socio en 1998.
¿Cómo valora la situación actual del arbitraje en España?
Es enormemente positiva. España tiene todo lo necesario para ser un país en el que el arbitraje nacional e internacional se convierta en una muy buena opción para las empresas por diferentes motivos: buena legislación, colaboración de los tribunales, una masa crítica de talento, experiencia, formación e intercambio de ideas al máximo nivel, así como árbitros, abogados y expertos de gran calidad. Si a ello le añadimos las sentencias del Tribunal Constitucional de 2020 y 2021, que han reforzado la seguridad jurídica al delimitar acertadamente el ámbito de la anulación de laudos, el resultado es que no se puede encontrar ninguna razón para que España no sea sede de arbitrajes en número creciente.
El nacimiento e inicio de actividad de CIAM es la gran noticia de los tiempos recientes. España cuenta, por primera vez, con un centro internacional de arbitraje que se convierte en su mascarón de proa para convertirse en un referente global, muy singularmente en el arbitraje relacionado con Latinoamérica y, en general, aunque no solo, en español. Prueba de que estas ideas van calando son el reciente y prestigioso premio concedido por GAR a España, por primera vez, como el país que ha sobresalido por su progreso en materia de arbitraje. El premio ha destacado las sentencias del TC y la labor de CIAM. Otro dato significativo es que en el estudio que hace la Queen Mary University, de Londres, que goza de un merecido respeto, se menciona a Madrid por primera vez como una de las sedes favoritas de las empresas de Latam.
¿Qué opina de la Ley de eficacia procesal y, en concreto, de las medias adecuadas de solución de controversias (MASC)?
Como CIAM no debemos pronunciarnos sobre un proyecto de Ley. Estamos de acuerdo en todo lo que suponga mejoría de los sistemas de resolución de conflictos en cualquiera de sus modalidades. La norma no se refiere al arbitraje internacional, que es nuestro foco inicial de actividad. En cuanto a nuestra otra área de actividad, que es la mediación internacional, reiteramos nuestro apoyo a la mediación como una forma idónea de resolver conflictos de manera rápida, barata y eficiente. Creo que esta vía tiene un gran futuro si se hace una labor didáctica de explicación de sus ventajas, sería una pena que se frustraran las expectativas que hay puestas en ella si se apuesta por la obligatoriedad y se acaba percibiendo por los operadores económicos como un obstáculo a la vía judicial en lugar de como una solución beneficiosa.
Al margen de la puesta en marcha de estas medidas, ¿qué hace falta para que en España se difunda una cultura de mediación y arbitraje?
Aún hay un gran desconocimiento sobre estas figuras y de ahí nace buena parte de la desconfianza hacia ellas. Quienes trabajamos en este campo tenemos que hacer una labor incansable de difusión para que sean conocidas. Las organizaciones empresariales y las administraciones públicas pueden ayudar mucho si conciben los sistemas de resolución de conflictos como una forma de generar riqueza y como un elemento competitivo de España en el plano internacional. Un país que invierte en estos temas es un país avanzado. Desde el punto de vista de los usuarios, mi consejo es que los prueben con el asesoramiento de expertos. La experiencia demuestra que quien acude al arbitraje o a la mediación, normalmente repite.
¿Ayudan las recientes sentencias del TC que establecen límites a los tribunales en cuanto a la anulación de los laudos de arbitraje?
Como ya he dicho antes, estas sentencias han aportado un enorme apoyo a la imagen de España como país seguro jurídicamente hablando. Le aseguro que estas sentencias han circulado por todo el mundo a gran velocidad y han sido valoradas muy positivamente. Los países que cuentan con credibilidad de su sistema judicial como apoyo del arbitraje no son tantos, pero son los más avanzados económica y socialmente. En ese grupo es donde debe estar España. El TC ha prestado un gran servicio a nuestro país que debemos reconocerle y agradecerle.
¿Por qué hasta ahora España no era un país con una vocación clara de arbitraje internacional?
Históricamente había tres factores que jugaban en contra. Hasta 2003 no tuvimos una Ley de arbitraje que se considerara homologable por la comunidad arbitral internacional. Ese problema está resuelto.
El segundo era la reticencia de las empresas españolas al arbitraje. Esa perspectiva ha cambiado con los grandes impulsos a la internacionalización de las empresas españolas que supusieron las privatizaciones de las grandes empresas públicas, que se han convertido en verdaderas multinacionales, y la crisis económica del 2008 que obligó a internacionalizarse a las empresas españolas de medio tamaño. La pandemia es otro incentivo para abrirse a los mercados internacionales porque el nacional cada vez se queda más pequeño y es más volátil en tiempos de dificultades.
El último era la escasa tradición de España en el mundo arbitral. Hoy la situación ha cambiado para bien. Creo que a los excelentes profesionales e instituciones con que cuenta nuestro país, se ha sumado, como gran catalizador, la aparición de CIAM. La visión que se tiene desde fuera es que ahora hay una institución que representa a España, que cuenta con un apoyo unánime y que ha hecho de la excelencia, el servicio al usuario, la sostenibilidad, la transparencia y la diversidad, que son valores compartidos globalmente, sus banderas. Creo que tenemos una oportunidad como nunca hemos tenido de que España sea uno de los países más relevantes a nivel internacional en este campo si perseveramos en la unidad de instituciones públicas y privadas apoyando la marcha de CIAM y en el trabajo bien hecho.
Desde su rol de abogado, ¿considera que ya se ha producido un aumento de la litigiosidad, especialmente en el plano mercantil, debido a la pandemia?
No tengo duda de que hay áreas en que la litigiosidad ya se ha disparado (se están reclamando modificaciones de muchos contratos por los efectos de la pandemia), pero aún hay otras que no han llegado y que pueden tener un impacto muy importante en el terreno judicial pero también para las empresas. Los Juzgados de lo Mercantil pueden sufrir especialmente sus efectos. Cuando se acabe la moratoria concursal se esperan decenas de miles de concursos que van a poner a prueba a los órganos judiciales. Ese dato no solo es trascendente por las situaciones de insolvencia en sí mismas sino porque otras competencias de estos Juzgados, como la resolución de conflictos societarios o de materias como la propiedad industrial, se van a resentir y son materias sensibles en las que las empresas necesitan decisiones rápidas.
¿Cuáles son los grandes desafíos de la Justicia en nuestro país?
Creo que necesita una inyección económica importante porque los jueces carecen de medios y de apoyos para administrar justicia con calidad y rapidez. La tecnología es hoy un instrumento esencial pero no es el único.
No se puede pedir a los jueces que sepan de todo y que, además, lo hagan de inmediato. La especialización y la distribución de funciones es otra asignatura pendiente.
También es necesario un cambio de cultura en la sociedad. Acudir a la vía judicial tiene que ser el último recurso, por eso es tan importante que los abogados estén formados en el abanico de posibilidades que hay para resolver los conflictos y sepan elegir el adecuado en cada caso.
Por último, yo pediría que se mire a lo que hacen otros países para que también en el campo judicial seamos un país de primera división. En algunos países de la Unión Europea ya hay juzgados que resuelven procedimientos en inglés, aunque no sea el idioma oficial de esos países. Es una medida que han adoptado para intentar atraer compañías internacionales a sus países.
La corte que usted preside, CIAM, se creó a principios de 2020. ¿Cómo valora este año y medio?
Apasionante. Hemos tenido que empezar a trabajar en tiempos de pandemia y no es fácil, pero nos ha hecho más fuertes, más ágiles. CIAM tiene una arquitectura jurídica de calidad totalmente concluida, cuenta con equipo experimentado por su trabajo anterior en las cortes fundadoras de CIAM, un sistema informático a la altura de los más avanzados del mundo, expertos de reconocido prestigio de tres continentes integrados en sus órganos de gobierno y comisiones y unos cuantos casos en marcha, el primero de los cuales ya ha terminado por laudo. Además, hemos puesto en marcha un buen número de iniciativas pioneras. Entre ellas destacaría la creación de grupos de trabajo sectoriales en los que hemos incorporado a empresas y especialistas jurídicos de distintos sectores de la economía para saber cómo les podemos ayudar a mejor resolver sus disputas.
¿Puede comentar qué asuntos están evaluando (al menos, procedencia, sectores…) y si han dictaminado ya algún laudo?
Efectivamente ya se ha dictado un laudo resolviendo uno de los primeros casos, que ha pasado satisfactoriamente el escrutinio de la Comisión de examen previo de laudos, en la que se integran practicantes internacionales de gran experiencia. Este es un servicio que aporta CIAM para asegurar el control de calidad de los laudos administrados por nuestra institución.
Respecto a los casos que ya han entrado en CIAM es pronto para identificar tendencias, pero hasta ahora hemos visto una sana variedad de partes de diferentes países, leyes aplicables y materias jurídicas planteadas.
¿Cuál es la principal recomendación que haría a una empresa española que inicio un proceso de internacionalización para contar con seguridad jurídica?
Que se deje asesorar por abogados con experiencia internacional, en primer lugar. Además, que aplique la abogacía preventiva, es decir, que tenga previstos los sistemas de resolución de conflictos adecuados cuando todavía no existen las disputas. En el comercio internacional el arbitraje es la opción favorita pero la mediación puede ser una alternativa muy útil siempre que haya una cláusula de arbitraje de cierre para el caso de que no se alcance un acuerdo entre las partes.
