Procedente de la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana María Ferrer es la primera mujer que accede a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Atesora más de treinta años de carrera en la jurisdicción penal, en la que no faltan numerosas actividades docentes y de investigación jurídica, la coordinación territorial de la Escuela Judicial en Madrid, y la pertenencia a la Comisión General de Codificación y a la Comisión Jurídica Asesora de la Nueva Oficina Judicial.
¿Qué tiene usted para haber sido la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo en 200 años?
A día de hoy somos muchas las mujeres que reunimos mérito y capacidad suficiente para ocupar una plaza como esta. Espero que mi nombramiento no se quede en un hecho aislado y ser la primera de una larga lista.
Las noticias sobre su nombramiento han hecho hincapié tanto en su condición femenina como en su pertenencia a la Asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista. ¿Demasiado énfasis en aspectos ajenos a su labor jurisdiccional en la cima de la Administración de Justicia española?
Mi nombramiento ha tenido especial trascendencia precisamente por haber sido la primera mujer que accede a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y este hecho ha atraído la atención de determinados datos de mi perfil profesional, entre ellos mi afiliación asociativa. En cualquier caso los magistrados nos legitimamos por nuestras resoluciones. Si hace algunos años la ausencia de mujeres en los más altos tribunales podía estar justificada al haber sido más tardía nuestra incorporación a la Administración de Justicia, hoy por hoy más de la mitad de los integrantes de esa carrera judicial somos mujeres. Somos ya muchas las que acumulamos experiencia y conocimiento para alcanzar los puestos de mayor nivel dentro de la jurisdicción, y espero que la incorporación de mujeres al Tribunal Supremo deje de ser noticia. Supondrá que nuestra carrera profesional discurre por cauces de igualdad respecto a la de nuestros compañeros varones.
¿Qué aporta la mujer juez o magistrado a la Justicia?
Lo mismo que su incorporación a otros campos profesionales. Si somos más de la mitad de la población mundial, es necesario que nuestro punto de vista esté igualmente representado, superando situaciones de flagrante desigualdad. La judicatura no puede ser ajena a la realidad social.
En el mes de febrero se verificó que las mujeres ocupan más de la mitad de los puestos de la judicatura española, pero la proporción desciende vertiginosamente cuando se miran las cifras de puestos de promoción profesional interna. ¿Qué reflexión le provoca esto?
En cifras porcentuales, según la fuente a la que alude, las mujeres en el Tribunal Supremo no alcanzamos el 12%, es decir, una representación femenina menor que en los consejos directivos de las empresas del Ibex, donde ese porcentaje es del 14%. La presencia de la mujer también es reducida en puestos con responsabilidad gubernativa, especialmente en los Tribunales Superiores de Justicia, donde sólo una mujer ostenta la presidencia o en las Audiencia Provinciales, donde es minoritario el número de presidentas. La mujer no encuentra obstáculos en la promoción reglada por el escalafón. Sin embargo, en los puestos de nombramiento discrecional todavía su presencia es minoritaria. Y como ya he dicho, existen mujeres en la carrera con antigüedad y experiencia sobrada para alcanzar las cotas de excelencia, mérito y capacidad que se exigen para tales nombramientos. Hay que hacer una apuesta decidida para que esta situación cambie y la presencia de las mujeres en estos puestos se equipare a la de los hombres. Ello está directamente vinculado con las medidas que facilitan la compatibilidad de la vida laboral y familiar, y exige que éstas no se soporten solo por las mujeres, sino la directa implicación de los hombres en las mismas. Es un campo en el que vamos avanzando. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer. Examinando el informe del CGPJ sobre la estructura de la carrera judicial, podemos comprobar que medidas tales como la excedencia voluntaria por cuidado de hijo o cuidado de familiar sólo han sido solicitadas por mujeres
¿Cómo valora el Plan de Igualdad del CGPJ?, ¿es necesario un Plan oficial para que haya igualdad de trato?
Cualquier medida tendente a eliminar las situaciones de desigualdad que puedan producirse es bienvenida.
Usted ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto desde el que seguramente se divisa gran parte de la Justicia española. ¿Qué moraleja sacó de esta responsabilidad?
La Administración de Justicia se ve obligada a lidiar con problemas que ya son endémicos, como la sobrecarga de trabajo, la necesidad de reformas legislativas que, sin restringir derechos esenciales de los ciudadanos, agilicen y racionalicen los procedimientos; la carencia de diseños funcionales modernos que permitan optimizar medios personales y materiales; y el lento avance hacia las nuevas tecnologías, entre otros. Problemas a los que se suman los derivados de la política de contención del gasto inevitable en una situación económica de crisis como la que atraviesa el país. Sin embargo, no se puede olvidar que la Justicia es un bien de primera necesidad y que el servicio público que la sustenta no puede ser relegado de entre los prioritarios. Una Administración de Justicia moderna, que se legitima por la calidad de sus resoluciones y por resolver los conflictos con prontitud, es esencial para la convivencia democrática en cuanto que ofrece al ciudadano que el Estado de Derecho existe.
¿Con qué se encuentra usted en la Sala para lo cual no prepara la oposición a Juez?
Preparé la oposición para ser Juez y como tal creo que entran dentro de lo normal los problemas a los que tenemos que enfrentarnos en el ejercicio de la jurisdicción. Nos legitimamos por nuestras resoluciones y éstas tienen que conciliar el rigor técnico con la claridad expositiva necesaria para su general entendimiento.
No le revelo un secreto si le digo que la ciudadanía en general desconfía de la Administración de Justicia. ¿En qué considera que la ciudadanía tiene razón?
No estoy segura de que esa mala imagen de la Justicia que presupone su pregunta esté generalizada entre los ciudadanos. Reputados informes evidencian que, si bien en términos generales en las encuestas la Administración de Justicia no sale bien parada, el resultado varía cuando se analiza la opinión de personas que han tenido una experiencia judicial. En cualquier caso, es responsabilidad de todos aquellos que participamos en la Administración de Justicia y especialmente de quienes ejercen funciones de gobierno adoptar cuantas medidas estén a nuestro alcance para ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad. No sólo entendida como nivel técnico de las resoluciones, que en general se cumple, sino además una justicia cercana y ágil. Uno de nuestros grandes problemas son los retrasos en la Administración de Justicia, hasta el punto que es habitual en las causas penales la alegación de la circunstancia de dilaciones indebidas. Es necesario adoptar medidas para agilizar los procesos y ofrecer una justicia que no sea "menos justa" porque se ha dilatado en el tiempo.
¿En qué, sin embargo, considera que la ciudadanía opina "por inercia" y maneja prejuicios?
Tanto una cosa como otra es inevitable. Por eso creo que es esencial la proyección pedagógica de las resoluciones judiciales, lo que exige que su contenido técnico se compatibilice con un uso claro y adecuado del lenguaje.
Actualidad Jurídica Aranzadi lo leen gran cantidad de abogados. Ahora que le oyen, ¿qué mensaje les querría trasladar?
Que tenemos que trabajar todos, cada uno en la faceta que nos es propia, para conseguir ofrecer al ciudadano la mejor justicia posible.
Su materia, la Jurisdicción Penal, está a punto de ser regulada por un nuevo Código. ¿El proyecto es mejor que el texto vigente?
Se está debatiendo un nuevo texto a partir de un proyecto con algunos puntos cuestionables. En cualquier caso, creo que las normas nacen con una vocación de permanencia y que someter un texto legal a continuas reformas rompe con la estructura que le es propia y puede dejar abierta la espita a importantes fisuras.
¿Veremos algún día la nueva Ley Procesal Penal?
Espero que sí y que no tarde mucho.
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