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01/12/2022. 18:05:41

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JAVIER GARCÍA ROCA, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y EDITOR DE ‘PAUTAS PARA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. UN INFORME PARA EL DEBATE’ (CIVITAS)

“La reforma de la Constitución es una decisión política; la función de los juristas en solo auxiliar”

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La preocupación de Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y de otros profesores por el deterioro que el tiempo y el devenir social de España está provocando en nuestra Carta Magna les llevó, hace año y medio, a organizar sucesivas ponencias mensuales de diversos grupos académicos universitarios para analizar nuestra Constitución y proponer ideas para su reforma. Fruto de este trabajo es el libro ‘Pautas para una reforma constitucional. Un informe para el debate’, editado por Civitas, del grupo Thomson Reuters. García Roca aflora el proceso creador del libro, sus objetivos y la estructura intelectual que lo sostiene.

Javier García Roca

¿Qué tipo de reforma necesita la Constitución?

Si una casa en la que habita una familia no es periódicamente sometida a labores de mantenimiento durante casi cuatro décadas, inevitablemente se deteriora, y llega hasta poder resultar inhóspita. Nos tememos que eso es lo que ha ocurrido. El grupo de expertos que hemos redactado este estudio comenzamos nuestros trabajos pensando -por prudencia- en hacer unas mínimas reformas en la Constitución de 1978. Según fuimos avanzando en el estudio y revisión de algunas de las cuestiones principales, aquellas que creemos más problemáticas, nos dimos cuenta de que la reforma ya no puede ser de mínimos.

No puedo detallar ahora las propuestas que en el informe se sugieren, pero mencionaré algunas. La Constitución ni siquiera menciona a la Unión Europea, pese a su relevancia, y es preciso prever una cláusula de integración europea y medir su impacto transversal en las normas constitucionales.

Ahora bien la reforma de la Constitución -insistiremos- es una decisión política y son nuestros representantes -y no los juristas- quienes deben alcanzar los acuerdos, fijar las prioridades y los ritmos de las modificaciones, así como acertar a explicarlas convenientemente a la opinión pública. La función del Derecho y de los expertos independientes es sólo auxiliar. Necesitamos representantes que asuman este reto político.

El libro ‘Pautas para una reforma constitucional. Un informe para el debate' (Civitas) describe y analiza los puntos para una reforma de la Constitución, mientras que políticamente se sostiene que ésta no puede afrontarse al faltar el consenso. ¿Qué piensa de esta postura?

El consenso es el fruto de la voluntad de acuerdo y del diálogo y no puede ser una condición previa, o nunca iniciaremos la reforma, debe ser la consecuencia de la tramitación de un adecuado procedimiento constitucional con sucesivos estudios y deliberaciones y la participación de todos. Pero es razonable pensar que, antes de iniciarse los trabajos en una Comisión parlamentaria y quizá de otra asesora, sea conveniente asegurarse de la existencia de un acuerdo de mínimos entre varias fuerzas políticas. Cuando menos un compromiso de llevar la reforma a buen puerto mediante recíprocas transacciones: una obligación de resultado. Ahora bien, los contenidos concretos deben negociarse y pactarse durante un largo tiempo, sin precipitaciones, y a lo largo de un procedimiento como ocurrió al aprobarse la Constitución vigente. Tememos que se nos ha olvidado la diversidad de posiciones de partida de la que arrancaron nuestros constituyentes en los años setenta y lo laborioso que fue alcanzar el famoso consenso, a menudo además mediante compromisos dilatorios.

¿Qué instituciones avalan la calidad de este informe para una reforma constitucional?

El estudio emana del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense el cual dirigía al tiempo de comenzar los trabajos. Pero, una vez concluso, hemos pedido a otros institutos y fundaciones que avalen la calidad o rigor del mismo, sin perjuicio de que comportan o no todas las propuestas, ya que simplemente intentamos convencer de la necesidad de la reforma constitucional y contribuir a la apertura de un debate, pero no podemos dar solución todos los problemas, pues ello desbordaría nuestras capacidades y es labor de toda la comunidad política y, en particular, de las Cortes Generales. Así lo han hecho el Institut de Dret Public de la Universidad  de Barcelona, el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III y la Fundación Alternativas. Otras fundaciones y entidades con diversas ideas no han firmado todavía el informe, pero nos han ofrecido ya su colaboración activa en diversos actos de presentación y seminarios de trabajo que pretendemos hacer en varias sedes y ciudades de España. En general hemos recibido opiniones en su mayor parte bastante positivas. Pero insisto en la modestia de nuestras pretensiones.

No todos los puntos de la Constitución necesitan reforma, ni todas las reformas que plantea el libro son de igual profundidad. ¿Puede anticiparnos cuáles son las reformas más urgentes que analiza el libro?

La reforma constitucional del Estado autonómico es probablemente la más urgente. Es preciso clarificar las competencias territoriales en la Constitución, detallando las competencias del Estado, y aprendiendo de las experiencias en conflictos que albergamos. Los Estatutos de Autonomía no deberían seguir comprendiéndose como concretizaciones o especificaciones de las competencias del Estado, por el carácter centrífugo que este modelo tiene y la tremenda confusión que genera. Es preciso realizar pactos estables sobre la financiación de las Comunidades Autónomas que se recojan en tres niveles: la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación y las concretas leyes de los impuestos cedidos. También es menester alcanzar compromisos constitucionales y estatutarios más precisos sobre el uso de las lenguas oficiales, y acerca de la integración del Estado por varias nacionalidades históricas -que son naciones culturales- y regiones como ya dice el artículo 2 CE y fue voluntad de los constituyentes. En pocas palabras, alcanzar acuerdos sobre una mejor organización territorial en competencias, financiación e integración política que diseñen un proyecto ilusionante de vida en común para todos los españoles. No será sencillo, pero no es imposible y no existe otro camino más corto.

¿Qué reforma plantean del Congreso de los Diputados y el Senado?

Nuestro sistema electoral del Congreso de los Diputados arranca de los años setenta, y debe ser revisado siguiendo otra filosofía distinta a la de la transición porque hoy son otras las demandas sociales. La reforma debería incrementar la proporcionalidad entre número de votos y escaños, dado el intenso pluralismo de nuestra sociedad; y fortalecer la capacidad de los ciudadanos para elegir realmente a representantes, concretos ciudadanos a la altura de su misión, y no sólo a partidos políticos.

Estas modificaciones del sistema electoral servirán de poco y no mejorará realmente la calidad de la representación política, si no prestamos atención a democratizar los partidos políticos en las leyes que regulan su organización interna -y no sólo en sus estatutos-, el proceso de selección de los candidatos, su financiación pública y privada, y el control de la misma mediante auditorías externas y una mayor eficiencia de las labores del Tribunal de Cuentas para frenar la corrupción.

El Senado actual no cumple las funciones que deben exigírsele y en ello hay un generalizado acuerdo. Sin embargo, un Senado territorial es imprescindible para amortiguar el excesivo número de conflictos territoriales entre el Estado y las Comunidades Autónomas -un mal rasgo de nuestro modelo- que genera constantes problemas políticos y tensiones centrífugas. Las leyes con impacto territorial deberían negociarse y pactarse en el Senado con representantes de las Comunidades Autónomas, porque de no ser así, luego no se cumplen.

Si tras la salida al mercado de ‘Pautas para una reforma constitucional. Un informe para el debate' (Civitas) se produjese una providencial asimilación de su contenido por parte de las fuerzas políticas y las instituciones públicas, aparte de una reforma constitucional, ¿qué otros procesos políticos cree usted que se abrirían?

No se trata de que se asuman los contenidos de nuestro informe, pues no es "el" informe oficial y preceptivo de un órgano público ni siquiera el fruto de una encomienda pública. Simplemente esperamos que surjan otros informes y contribuir al impulso de un debate sobre la reforma de la Constitución, que estimamos urgente, pero que debe hacerse siguiendo unos trámites adecuados y suficientemente participativos de todas las minorías. Porque, de no ser así, difícilmente se conseguirá la eficacia legitimadora de nuestras instituciones que pretendemos y la reforma no habrá servido para nada.

Nos hemos centrado en la reforma de las normas constitucionales, pero es manifiesto que varios cambios de este rango deberían llevar a modificaciones complementarias en varias leyes de desarrollo, siguiendo la lógica de un diseño unitario: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la Ley de partidos políticos, los Reglamentos parlamentarios de ambas Cámaras, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, las leyes que regulan el uso de las lenguas oficiales, etc. Previsiblemente también serán precisas reformas en los Estatutos de Autonomía para adecuarlos a las modificaciones constitucionales que se realicen. Un proceso largo e importante, pero que debe iniciarse cuanto antes.

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