El nuevo presidente de la Audiencia de Vizcaya afirma, en una entrevista concedida a respublica.es, que en la Justicia hay «una especie de soka-tira permanente», donde los «muchos intereses creados» están impidiendo su reforma. Gil considera que la Audiencia vizcaína «funciona aceptablemente bien» y desvela que su primera labor al frente de este órgano consistirá en resolver el «tapón» de casi 900 asuntos sin resolver en la Sección Penal Cuarta a través de la modificación de las normas de reparto.
¿Cuáles son, a su juicio, las principales carencias de la Audiencia vizcaina y cuáles son sus inmediatas actuaciones, tanto desde el punto de vista interno como en la relación con Abogados, Procuradores y ciudadanos?
Este órgano, como todos los de esta comunidad, o la mayoría, no está ni intrínsecamente bien ni es intrínsecamente malo. Es un órgano que funciona aceptablemente bien que, como ha salido en algunos medios de comunicación, no está en el furgón de cola de los órganos judiciales en España, pero que, como es lógico, tiene algunos aspectos mejorables. Y el aspecto mejorable que yo he visto viene dado porque existe una asimetría o disfunción entre las secciones civiles y las secciones penales. Y, en concreto, entre las secciones penales hay una, que es la cuarta, que tiene un volumen de entrada tan exagerado que la labor de los compañeros no permite darle salida. Y que ha originado ahí un tapón de casi 900 asuntos sin resolver. Por lo demás yo creo que las demás secciones funcionan aceptablemente bien, o bien, sin adjetivarlo, y ese es el único problema que tenemos que intentar solucionar…
¿Cómo?
Yo creo que a través de la modificación de las normas de reparto, de forma que éste sea más equitativo entre las secciones, que en general están al día. Por lo demás es un órgano que funciona bien.
¿Por qué se ha producido ese desfase?
Porque la jurisdicción penal va recibiendo cada vez más asuntos -ha crecido entre un 10 y un 12% anual), mientras que el registro de asuntos civiles se ha mantenido más o menos estable.
¿Sería necesario, quizá, la creación de una sala nueva?
Pues no sé, habría que verlo. Ahora la creación de salas nuevas es un tema bastante peliagudo, y sé que la presidenta anterior llevaba pidiéndolo, pero no ha tenido ningún eco. Por eso no creo que este sea el momento adecuado para hacerlo, con las restricciones presupuestarias y la desviación del incremento a otros fines como modernización, la nueva oficina judicial, etcétera. Igual el primer paso, antes de solicitar una nueva sección, es intentar, vía normas de reparto, arreglarlo.
¿Cuál es su opinión sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Considera que es una norma procesal garantista?
Yo creo que ese proyecto ya lo vimos, vía proyecto de ley, hace seis años. Ha estado parada, y como consecuencia de este último proceso de negociación, impulso político-judicial.., parece que le han dado cauce. Pero esa reforma de la Ley.., es que tampoco sé muy bien cómo va a quedar en algunos aspectos fundamentales como el de la instrucción de los fiscales. Y ese aspecto más orgánico nuestro como es el de los recursos, es algo que debería estar resuelto hace muchos años, porque está obligado el Estado español por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí hay una doble instancia. Las sentencias nuestras no se conocen en doble instancia; van directamente al Tribunal Supremo, y eso está penalizado sistemáticamente por ese Tribunal Europeo. ¿Por qué no se ha hecho? Pues supongo que por lo de siempre, porque supone una reorganización, una ampliación de la planta.., y eso siempre es problemático.
Por los demás aspectos, como el de las grabaciones de vistas, es un tema que ya está instaurado, por lo menos en esta Audiencia.
De todas formas, da la sensación de que la reforma de la Justicia es el capítulo eternamente pospuesto, la tarea permanentemente aplazada…
En la Justicia es muy complicado todo. Tanto que nadie le ha podido meter mano. Y supongo que los principales interesados serían los políticos, y, sin embargo, ninguno lo ha podido resolver. Eso da idea de que hay algo muy problemático. En la Justicia, a diferencia de otras administraciones, hay dos partes en conflicto, y en la práctica es como una lucha de trenes, una soka-tira permanente, a la que no ha habido forma de hincarle el diente. Hay muchos intereses creados.
Lo cual enlaza con la siguiente pregunta: ¿está demasiado "politizada" la Justicia?
A nivel nuestro le aseguro que no. Igual hay que distinguir entre algunos órganos de gobierno y los órganos judiciales "ponedores" de sentencias. En éstos últimos órganos la política no entra para nada.
¿Y si vamos subiendo?
Pues en la medida en que la designación se hace por otros criterios políticos, y respetando que los que son designados no creo que tengan intención de realizar su trabajo políticamente, a lo mejor la dinámica en la que trabajan pueda ir por ahí. Pero, en principio, yo tengo que presumir que no es así. Lo que sí es cierto es que la opinión unánime es que alguno de esos órganos de gobierno sí está politizado. Y si es una opinión unánime, o casi unánime, no creo que se puedan equivocar.
Cómo juzga las modificaciones propuestas en su día por el tripartito en relación a la Administración de Justicia en general?
Por mi experiencia aquí, que data del año 92, ha habido consejerías del Partido Socialista, del PNV.., y, bueno, más o menos la orientación ha sido la misma: una potenciación de los medios materiales, como signo distintivo…
¿Suficiente?
Yo creo que sí. Hombre, por pedir todos podemos pedir más, pero en principio debemos ser realistas y reconocer que en medios materiales estamos bien. Y de eso te das cuenta sobre todo cuando sales de aquí. Aquí no tenemos ese problema grave de medios que ocurre en otras zonas. Es más, la cercanía es muy grande Aquí, si hay un problema material, tenemos unos cauces muy directos con el Gobierno Vasco, vía EAT o incluso cargos intermedios, de mucha comunicación. Ese es un punto igual de diferenciación con otras comunidades, donde al parecer está más burocratizado.
¿Estima necesaria o al menos conveniente, la descentralización del Consejo General del Poder Judicial?
Pues es un criterio también estrictamente político. La asociación a la que pertenezco no está de acuerdo en principio con una descentralización radical. Habría que hacer quizá un sistema intermedio: pensar qué facetas pueden ser descentralizadas pero manteniendo igual un núcleo duro o un núcleo común a todas las comunidades. Un sistema mixto. Igual que un jurado puro a lo mejor no es conveniente. Y además esa transformación debería ser muy gradual, estamos jugando con intereses muy importantes como para pasar de lo blanco a lo negro al día siguiente. Por eso es una medida que políticamente es muy complicada de adoptar. A lo que vamos es a una progresiva descentralización, empezando por temas no problemáticos, quizá de gobierno nuestro, y después, si vemos que la cosa funciona, ir extendiéndolo.
¿Cree usted que las asociaciones de jueces son compatibles con la imparcialidad y la independencia de la judicatura?
Volvemos a lo de antes. Para la independencia del juez ponedor de sentencias, por supuesto que no le suma ni le quita. Ahora bien, las asociaciones cumplen una función necesaria, y es que tiene que haber una interlocución con los órganos que resuelven los problemas que tenemos. Entonces, en lugar de acudir a la vía asamblearia a ver quién va a negociar a Madrid, pues los jueces canalizamos las reivindicaciones a través de las asociaciones.
¿Cree Vd. que nuestro sistema legal vigente garantiza eficazmente la exigencia de responsabilidad al juez?
Pues normativa hay de sobra. No hay más que leerse la Ley Orgánica del Poder Judicial y observar el elenco de sanciones -muy graves, graves y leves- para comprobar que cualquier omisión, cualquier defecto que se comete, está tipificado. Lo que pasa es que la labor del juez tiene digamos que dos componentes: la labor funcionarial, que sí es perfectamente comprobable -estadística, números.., hasta horarios, si se me apura-, y la labor jurisdiccional, la cual, por definición, no debe ser controlable, porque es la esencia de su funcionamiento. Hay que compaginar las dos vertientes, e igual lo que la sociedad no entiende es eso: que un juez puede igual adoptar una decisión contraria a lo que la sociedad puede opinar, pero está legal y correctamente canalizada esa decisión. El control debe circunscribirse a la dimensión funcionarial.
¿Considera aceptables los llamados Jueces de proximidad?
Los jueces de proximidad tienen un inconveniente grande para la asociación a la que pertenezco y para casi todos, y es el proceso de selección. No su tarea, que sería la de descargar de lo que es la justicia menor, la antiguamente llamada "justicia bagatela", pero en el proyecto el proceso de selección de estos jueces era a nivel de ayuntamientos. No formaba parte de un proceso selectivo de oposición, sino que vienen designados por el Ayuntamiento, con la posibilidad de incorporarse, creo que era a los nueve años, a la carrera judicial. Esa perspectiva ha creado un no muy buen ambiente en cuanto a que de dónde vienen estas personas.
¿Cuál puede ser la causa de que se celebren tan escasos juicios con jurado? ¿Hay algún tipo de miedo por parte de la judicatura o de las partes?
No, no, miedo ninguno. Son los que son. Lo que pasa es que es igual ya un problema técnico. Ha habido una interpretación según la cual los delitos competencia del jurado, cuando van junto con otros delitos del jurado, estos últimos absorben la competencia a favor de la jurisdicción ordinaria. Que igual no era ese el espíritu de la ley. Me explico: por ejemplo, un homicidio en concurso con violencia de género. Pues ese segundo delito detrae al juzgado de la competencia del jurado. Más que miedo es un problema de economía de medios, y es que nosotros celebramos en un día, con un jurado no baja de una semana. Y, por otra parte, yo creo que la percepción de la sociedad sobre los juicios con jurado también está cambiando en favor de los juicios con tribunal ordinario.
¿Considera aceptable el nivel de preparación que se observa en las Escuelas de Práctica Jurídica, o, a su juicio, se deberían introducir mejoras en las mismas?
Por lo que conozco, sí. En mi opinión, las dos que hay aquí están dando una formación correcta.
¿Cuál es el nivel que, a su juicio, se observa en las actuaciones de la Abogacía vasca?
Hay que distinguir. La complejidad del Derecho es tal que lo que lo que no puede hacer un abogado es dedicarse a todo. Sí que se nota mucha diferencia, por lo que se refiere a mi jurisdicción, entre los abogados que se dedican al derecho penal y los abogados que hacen un juicio penal siendo matrimonialistas, por ejemplo. O al revés, un abogado penal que se metía en un proceso de divorcio. La labor de los abogados que se dedican al derecho penal es estupenda.
¿Es realmente alto el nivel en el derecho penal?
En penal tenemos que distinguir el digamos que "top ten", que se lleva la mayoría de los procesos importantes, y el resto. Pero el nivel general es bueno, sí.
Amaitzeko. Zure iritziz, epaileek euskara ikastearekin konpromisoa hartu dute?
Zer gertatzen da agian? Jende gazteak konpromisua hartu du. Eta jende heldua, ez hainbeste. Baina hori normala da, bizitza horrelakoa da: zenbat eta helduagoa, zailagoa da. Epaile gazteek bederatzi urte behar dute euskara menperatzeko. Jakina, helduentzat lan zaila eta luzeago da. Hau da, batez ere, arazoa.