"El Partido Popular ha defendido en su programa electoral que el CGPJ sea elegido por los jueces y no por los políticos". "Respecto a la violencia contra la mujer sería de gran utilidad que el quebrantamiento de una orden de alejamiento fuera juzgado a través de un juicio rápido". "De la reforma propuesta por el partido socialista lo que ha trascendido es su empeño en encomendar al fiscal la dirección de la investigación del proceso, lo que será un gran disparate con la actual situación de dependencia de la Fiscalía respecto del Gobierno"
Ignacio Astarloa es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas. En la esfera pública ha sido, entre otros cargos, Diputado por Vizcaya en la Legislatura VIII, Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Actualmente es Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, elegido en el 15 Congreso Popular. Su carrera política la ha compaginado con su labor como docente de Derecho Laboral, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad de Comillas, y de Derecho Parlamentario y Constitucional en la Carlos III de Madrid. De todas las iniciativas que ha llevado a las Cortes —que son muchas— le gustaría ser recordado por su papel en la Ley de Partidos Políticos y en la Ley Concursal. Y así será.
Después de una legislatura tan dura como la anterior, ¿cree posible un gran Pacto de Estado en materia de justicia?
El Partido Popular, cuando tuvo responsabilidades de Gobierno, demostró que es posible liderar un proyecto integral de modernización a través del Pacto que firmamos con el partido socialista en 2001. Nosotros deseamos que el consenso alcanzado entonces entre operadores jurídicos, Comunidades Autónomas, Gobierno y oposición se reedite, porque es exactamente eso lo que la Justicia necesita y lo que lamentablemente se perdió en la primera legislatura del Sr. Zapatero.
¿Es usted optimista sobre el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos trabajando con toda la voluntad y el empeño en la consecución de un acuerdo sobre éste y otros importantes asuntos en materia de justicia que consideramos inaplazables. Esperamos que esta vez el gobierno socialista muestre la disposición que no tuvo con el Pacto del Tinell y el "cordón sanitario".
¿Está politizado el Tribunal Constitucional? ¿Cómo afecta ello a la vida institucional de este país? ¿Hay solución a este entuerto?
El Tribunal Constitucional ha tenido un protagonismo inusitado la legislatura pasada que no le ha beneficiado en nada. No fue una buena noticia que su Ley Orgánica se reformara sin el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, ni que se ampliara el mandato de su Presidenta sine die. Además, asistimos al bochorno de ver cómo la Vicepresidenta del Gobierno abroncaba a la Presidenta del Tribunal a la vista de todos el pasado 12 de octubre. La recusación histórica de dos de sus magistrados a instancia del Gobierno fue otro grave episodio. El respeto a las instituciones constitucionales y el respeto a la independencia de los jueces y magistrados han de servir de base en la recuperación del prestigio de tan Alto Tribunal.
En este mismo medio, el ex Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, manifestó que la solución de fondo al problema del CGPJ pasaba por anular la reforma de 1985 y recuperar la primera interpretación del art. 122.3 CE. ¿No le parece que sustraer el ingrediente político del órgano de gobierno de los jueces y magistrados es una medida que sanea el debate y garantiza la independencia de los poderes del Estado?
No podemos estar más de acuerdo con esa idea. Tanto es así que el Partido Popular ha defendido en su programa electoral que el CGPJ sea elegido por los jueces y no por los políticos, de forma tal que doce de sus miembros sean elegidos por y entre jueces y magistrados. Lamentablemente, el partido socialista no está dispuesto a renunciar al reparto de los vocales por los políticos y es un gran error.
Diversos sectores se han opuesto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone el PSOE. ¿Qué fallos presenta? ¿Qué modificaciones propondría?
Nosotros pensamos que la reforma de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal resulta inaplazable y proponemos abordar esta tarea para garantizar la celebración rápida de los juicios penales, recoger las garantías constitucionales e incluir la generalización de la segunda instancia. Pensamos que el papel de la víctima ha de verse fortalecido con la incorporación de nuevos derechos y un mayor protagonismo procesal, de forma que sean necesariamente oídas antes de acordar la libertad condicional de cualquier condenado por delitos graves contra las personas. Respecto a la violencia contra la mujer sería de gran utilidad que el quebrantamiento de una orden de alejamiento fuera juzgado a través de un juicio rápido. De la reforma propuesta por el partido socialista lo que ha trascendido es su empeño en encomendar al fiscal la dirección de la investigación del proceso, lo que será un gran disparate con la actual situación de dependencia de la Fiscalía respecto del Gobierno.
La violencia de género es una de las lacras que afectan a nuestra sociedad de manera persistente. ¿Qué le ha hecho falta a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para cumplir su cometido? ¿Hay voluntad política o se trata de un tema meramente técnico y resolutivo?
Tal y como afirmamos en el Parlamento cuando dimos nuestro apoyo a su aprobación, esta lacra no tendrá su fin por la publicación de leyes en el Boletín Oficial del Estado, sino por tener la determinación política y social de acabar con ella. Han faltado medios en el ámbito judicial, policial y social, tanto personales como materiales, y ha faltado coordinación entre las entidades implicadas. La insuficiencia financiera y la improvisación han sido lamentablemente la tónica general en la aplicación de esta Ley.
El juez de Ejecutorias número 2 de Madrid, Eduardo López-Palop, afirmó recientemente: "Estoy sentado sobre un polvorín y fumando", refiriéndose a las 7000 resoluciones contra maltratadores pendientes de ejecución. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? ¿Qué propone el Partido Popular para encarar esta crisis?
Estamos convencidos de que las soluciones sólo vendrán cuando la Justicia vuelva a ser tratada como una cuestión de Estado y se convierta en prioridad de Gobierno. Sólo así estaremos en condiciones de encontrar soluciones integrales y perdurables en el tiempo, con el respaldo financiero suficiente que este reto demanda. Si la prioridad política son, como en los últimos 4 años, Consejos Autonómicos, el desapoderamiento del Tribunal Supremo, la Justicia de Proximidad servida por jueces no profesionales, no se va a acometer la resolución ni de éste ni de ninguno de los restantes problemas reales que están exigiendo una profunda transformación y modernización de nuestra justicia.
De todas las iniciativas que ha llevado usted a las Cortes, ¿por cuál de ellas le gustaría ser recordado? ¿Cuál de todas las leyes en las que ha intervenido le gustaría que se llamara "La Ley Astarloa"?
Me siento muy orgulloso de un buen número de iniciativas que con gran esfuerzo conseguimos aprobar cuando desempeñábamos labores de Gobierno. Recordaría por ejemplo dos leyes tan diferentes como la Ley de Partidos Políticos o la Ley Concursal.
Después de dejar la política, ¿a qué le gustaría dedicarse?
Volveré con toda naturalidad a mis clases y a mis dictámenes. El Derecho es mi profesión y la política nada más – y nada menos- que un tiempo transitorio de servicios (eso sí, de una extraordinaria intensidad).
Entre los líderes de su partido, figuran muchos juristas y abogados. ¿Es la política un reducto de nuestra profesión? ¿Por qué se nos da tan bien a los abogados la política?
El dominio de lo jurídico es un instrumento muy valioso para la acción política y para el ejercicio de las responsabilidades públicas, tanto en el Parlamento como en el Gobierno. Pero he conocido también grandes políticos de otras profesiones. Lo que me parece muy recomendable es que los jóvenes que se dediquen a las política tengan su propia profesión, a la que regresar tras el tiempo de servicio público que a cada cual corresponda.
