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27/09/2022. 13:42:09

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Juan Antonio García Casquero, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

“Los pronunciamientos judiciales caminan de espaldas a la sociedad”

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"Tal vez tendremos que valorar la conveniencia o incluso necesidad de reformar la Constitución"

Desde hace cuatro meses, Juan Antonio García Casquero es Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. García Casquero sufrió un atentado de ETA en mayo de 1992 cuando los terroristas hicieron estallar un coche bomba contra una patrulla de la Policía Nacional donde iba él. Al poco tiempo de estrenar responsabilidad, ha sido la voz de respuesta a la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos tras un cumplimiento legal, pero llamativamente menor de sus penas de cárcel por los 25 asesinatos que ha cometido.

Los pronunciamientos judiciales caminan de espaldas a la sociedad

García Casquero ha conversado con Legal Today y nos ha contado cómo ven desde la Asociación este hecho y las circunstancias legales y políticas que la rodean.

Iñaki de Juana Chaos salió de la cárcel el 2 de agosto, y pretende fijar su residencia en un piso de San Sebastián que tiene como vecinos a cinco víctimas de ETA. La opinión pública se ha movilizado en contra de lo que parece una falta de consideración del dolor de los afectados por el terrorismo. Sin embargo, parece inevitable, desde el punto de vista jurídico, que el etarra logre su cometido. Visto en perspectiva, esta nueva afrenta era previsible y, Código Penal en mano, era evidente que este asunto saldría tarde o temprano. En este sentido, ¿por qué no se han tomado medidas jurídico-penales que eviten este tipo de exabruptos?

Los distintos gobiernos, que no han tenido el más mínimo interés en tomar esas medidas "políticamente no oportunas", y la inactividad de los legisladores; quienes no han modificado la legislación aplicable han sido factores que han jugado a favor del terrorista y en contra de las víctimas. Este terrorista fue juzgado por sus delitos antes de que se reformase el Código Penal y se ha visto beneficiado, ya que las penas y sanciones que le eran aplicables son más benévolas que las que podrían aplicarse hoy en día. Llegados a este punto, la única medida que se puede tomar ahora es comprobar que las leyes que le han permitido reducir su tiempo de estancia en la cárcel se hayan aplicado con rigor y exigir que se examine si ha habido alguna irregularidad.

 

Asuntos como el alzamiento de bienes por parte de los terroristas, el alejamiento de las víctimas, la prohibición a los etarras de participar en las subastas de los bienes que les han sido confiscados; debieron estar contempladas desde hace décadas. ¿De quién es la culpa?

Insisto, obviamente de los legisladores que no actuaron, que no son otros que los políticos que nos representan en el Congreso y en el Senado; y que al elaborar las leyes no han incluido estos contenidos porque no eran ni políticamente ni electoralmente "rentables" para ellos.

En todo caso, y si en el pasado se cometieron errores o se dejaron pasar oportunidades, debemos aprender para poder evitar en el futuro que esto ocurra de nuevo. Hay que solicitar que las sentencias que se dicten contra terroristas incluyan todas estas medidas y, si la legislación existente no acoge esa posibilidad, llevar a cabo las modificaciones necesarias a tal efecto.

 

En el mundo se han planteado, ante casos similares al de De Juana, otro tipo de formas no violentas de impedir que el asesino se instale a pocos metros de sus víctimas: en Argentina, por ejemplo, cuando las víctimas de la represión descubrían a uno de sus verdugos en el barrio, se ponían en su puerta y denunciaban día y noche los delitos cometidos por el inquilino del inmueble; a esta forma de protesta la llamaron "escrache". ¿Han pensado ustedes en algún tipo de resistencia pasiva para que desista de su intención de instalar su residencia en el barrio Amara de San Sebastián?

Desde la AVT una de las iniciativas que hemos llevado a cabo, y me consta que otros colectivos también lo han pedido, es pedir al Ayuntamiento de San Sebastián que sea declarado persona "non grata" de la ciudad, u otra medida análoga y jurídicamente posible que exprese el reproche social como acto que pueda servir de apoyo social y de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, especialmente a las víctimas de De Juana Chaos y a las víctimas que tendrán que convivir con él en la misma ciudad. A día de hoy no hemos recibido respuesta de este Ayuntamiento.

 

Antes de su excarcelación, usted manifestó que la AVT exigiría al Gobierno "…un decreto-ley con carácter de urgencia y retroactivo para que este asesino no pueda vivir en el mismo lugar donde viven víctimas del terrorismo". ¿Cómo sustentan ustedes, desde el punto vista jurídico, la creación de este decreto-ley? Se lo pregunto porque hablar de retroactividad en la ley penal afecta a uno de los principios guardados por el estado de derecho y no será fácil convencer al Constitucional de su viabilidad.

Es cierto que la AVT, en su reunión con el Ministro del Interior, pidió respetando todas las garantías y dentro de lo jurídicamente posible, la elaboración de una norma urgente que impida o dificulte en lo posible que los terroristas puedan residir cerca de las víctimas del terrorismo. El propio ministro  respondió que el gobierno estudiaría nuevas vías en este sentido, aunque hizo hincapié en que "no se pueden aplicar medidas retroactivas penales". En nuestro ordenamiento jurídico hay una serie de principios fundamentales y uno de ellos es el de la irretroactividad de las leyes. Llegados a este punto, tal vez tendremos que valorar la conveniencia o incluso necesidad de reformar la Constitución, si es que jurídicamente es ésta la única vía para resolver este problema que lleva a una situación a todas luces injusta y muy dolorosa para las víctimas.

 

¿Qué mecanismo propone la AVT para que este alejamiento pueda llevarse a la práctica de manera efectiva?

En primer lugar, la sentencia tendrá que recoger el alejamiento del terrorista de las víctimas en justa compensación al dolor y deterioro psicológico producido a la víctima. En segundo lugar, víctimas y condenados tendrán que comunicar cuáles son sus lugares de residencia y la autoridad judicial, con esa información y teniendo en cuenta la medida recogida en la sentencia, permitirá o no al terrorista residir en su domicilio o le obligará a hacerlo en otro lugar.

La obligación del legislador y el político es buscar fórmulas que, respetando las garantías, proteja a las víctimas, grandes olvidadas del proceso penal y la justicia criminal y no permitir actos en fraude de ley y en burla de los derechos de las víctimas.

 

¿Con qué medios contará el terrorista puesto en libertad para asegurarse de que cerca del domicilio que ha escogido no hay familiares o víctimas de los atentados de ETA?

Más bien tendríamos que preguntarnos con qué medios va a contar la víctima para controlar que los terroristas no vulneren esas medidas de alejamiento impuestas a los terroristas. Desde luego la víctima podrá comunicar a las autoridades judiciales su lugar o lugares de residencia y, con esta información, se permitirá o no al terrorista condenado vivir en su domicilio o tendrá que cambiarlo. Luego habrá que establecer qué medios se van a utilizar para hacer un seguimiento del cumplimiento de esta restricción y que no se vulneren las medidas ordenadas. Tal vez se podría valorar la posibilidad, como ocurre en países como Francia, de que la condena no incluya un alejamiento de la víctima, sino un confinamiento, es decir, que se establezca un territorio en el que el terrorista puede residir, y fuera del cual no le esté permitido hacerlo. Todo ello debe articularse, con respeto a las garantías, con flexibilidad e imaginación y tutelando eficazmente los derechos de las víctimas.

 

La Asociación ha estado frontalmente en desacuerdo con la política antiterrorista del Gobierno y, a pesar de haber dado marcha atrás en la negociación con ETA, muchas veces han manifestado su desconfianza al considerar que el Presidente está a la espera de un buen momento para sentarse de nuevo en la mesa. ¿No es un contrasentido desconfiar del Gobierno y por otro lado otorgarle poderes extraordinarios como la retroactividad de la ley penal? ¿Descarta usted que este precedente pueda ser usado en el futuro contra los detractores del gobierno?

Desde la AVT no se está pidiendo que se quebrante el principio de irretroactividad de las leyes penales ni ninguna norma o disposición legal, no son las víctimas las que están quebrantando la ley. Lo que pedimos es que se logre una situación de mayor justicia y, actuando siempre en el marco de la legalidad, y con respeto a las garantías  modificar la legislación de la forma oportuna. Por otra parte, no se trata de confiar o no confiar en el Gobierno, se trata de solicitar su apoyo y pedir e incluso exigir que actúe y realice su trabajo adecuadamente y al servicio de la sociedad y los derechos, tantas veces olvidados de las víctimas.

 

A las autoridades no se les ve muy interesadas en suprimir los nombres de calles y plazas con nombres de conocidos etarras. ¿Qué valoración se hace desde la AVT ante este asunto?

La valoración que hacemos es muy negativa, como no puede ser de otra manera. Consideramos lamentable la desidia de las autoridades en este tema, y más cuando  no es su desidia la que hace que estos nombres se mantengan en las calles, sino el deseo de homenajear a los terroristas. Una vez  más los pronunciamientos judiciales que, por ahora, no consideran que este comportamiento sea delictivo,  caminan  de espaldas a la sociedad y a lo humanamente razonable y lógico. Además aprovecho para poner de manifiesto que en muchas localidades se están poniendo nombres a calles y plazas en homenaje a las víctimas del terrorismo, en unas ocasiones como colectivo, y en otras a título individual.

Todas las víctimas agradecemos el gesto y la actitud de esos ayuntamientos que nos apoyan y nos ayudan a seguir adelante.

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