"El hecho de que los políticos estén sometidos a la ley, como cualquier ciudadano anónimo, genera expectación e interés público, pero no debe afectar a la administración de Justicia". "El malestar de la carrera judicial se ha puesto de manifiesto públicamente". "La puesta al día tecnológica va a ser una realidad de forma inmediata, en 2010".
De un tiempo a esta parte, motivado o ayudado por casos tristemente famosos, la Justicia está en primera línea de la prensa e informativos nacionales. Esa primera línea provoca que ciertos conceptos que deberían ser intocables –como la imparcialidad, el Estado de Derecho, la responsabilidad, o el servicio público- queden maltrechos. Por ello, y porque es siempre bueno contar con una opinión desde la cúspide, creemos que es una buena noticia el contar con las respuestas a unas cuestiones que le planteamos desde Legal Today de Gabriela Bravo, Fiscal, ex Presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y actual Portavoz del Consejo general del Poder Judicial.
Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los Jueces. ¿Cree que el español medio conoce sus funciones y alcance?
El primer objetivo de la política de comunicación que ha emprendido el Consejo General del Poder Judicial es que la sociedad conozca y valore la importante función que desarrollan nuestros Tribunales en el marco del Estado de Derecho. En cuanto a la actividad del Consejo, nuestro compromiso es el de la máxima transparencia y en este sentido pretendemos hacer más comprensibles las funciones constitucionales que nos son encomendadas como órgano de gobierno del Poder Judicial. Creo que la opinión pública empieza a percibirnos como una institución comprometida con la modernización de la Justicia y garante de la independencia judicial, que es el pilar de nuestra razón de ser.
Desde su perspectiva, ¿admitirían los Jueces algún tipo de control de calidad de su actividad, igual que en cualquier otro ámbito de responsabilidad, que no sea sólo la aplicación de la jerarquía jurisdiccional de los tribunales?
Los Jueces están sometidos, como todos los ciudadanos, a la ley. Si el legislador entiende en algún momento que los controles a la actividad judicial deben realizarse de forma distinta, la vía para implementarlo es la reforma legislativa. Ése es un debate que corresponde al poder legislativo.
El día 8 del pasado mes de octubre estaba convocada una huelga que finalmente secundó, según cifras hechas públicas por usted misma, un 23,57 por ciento de la carrera. Pensamos que, sin ser una cifra aplastante, es lo suficientemente grande como para tenerla en cuenta: ¿qué está fallando, para unos Jueces sí, y, para otros, no?
Desde el Consejo consideramos que las reivindicaciones de la carrera judicial son legítimas. De hecho, coinciden básicamente con el plan de modernización que el CGPJ aprobó nada más tomar posesión de nuestro cargo, hace ahora un año.
No obstante, entendemos que parar la Justicia no es el camino para reformarla. Cuando nos encontramos en pleno proceso de negociación, con todos los agentes profesionales e instituciones públicas implicadas, cuando hay un proyecto con plazos y presupuesto… es decir, cuando se está realizando la mayor inversión en Justicia en treinta años de democracia, puede no entenderse que se opte por una medida de esas características. En cualquier caso, es también destacable que una parte mayoritaria de la carrera judicial no secundara la convocatoria.
¿Va a cambiar algo tras la segunda jornada de huelga en un año?
Con o sin huelga, el Consejo va a seguir trabajando por la reforma de la Justicia, que esperamos pueda ser una realidad cuando concluya nuestro mandato, en 2013.
El llamado "caso Mariluz" provocó una huelga de Secretarios Judiciales, que creó un ambiente de reivindicación en el que, coincidentemente, y sumando muchos y heterogéneos motivos, hubo, meses adelante, una huelga de Jueces; y, en primavera, en medio de sucesivas noticias periodísticas, acaeció la dimisión del Ministro Fernández Bermejo ¿Parece que los trapos sucios se han dejado de lavar en casa?
El malestar de la carrera judicial se ha puesto de manifiesto públicamente. Ha sido un ejercicio visible para todos los ciudadanos. La transparencia forma parte de la política de comunicación del CGPJ, y, aunque el Consejo ya ha hecho constar su desacuerdo con los paros, no me parece mal que la opinión pública conozca la situación de los Jueces y magistrados, cuyo telón de fondo es la improrrogable necesidad de reformar la Justicia.
Los llamados "juicios paralelos" están a la orden del día. Usted se ocupa, precisamente, de la comunicación del más alto órgano de los Jueces. Desde su perspectiva privilegiada, ¿cómo valora el eco público que va teniendo el caso "Gürtel"?
Los tiempos mediáticos no son los tiempos de la Justicia. En el caso "Gürtel", como en cualquier otro, hay que dejar trabajar a los Jueces, a los fiscales y a todos los profesionales de la Justicia, con sosiego.
El hecho de que los políticos estén sometidos a la ley, como cualquier ciudadano anónimo, genera expectación e interés público, pero no debe afectar a la administración de Justicia. Estoy convencida de que así es, y de que los ciudadanos así lo entienden también.
Cambiando de tema. Hoy, los temas que llegan al juzgado son cada vez más contemporáneos: descargas por redes p2p, estafas por phising, insolvencias punibles en las que hay múltiples operaciones on line, suplantación de identidad, acceso no permitido a bancos de datos, etc. ¿El Juez está técnicamente preparado para esa marea?
La modernización tecnológica es una tarea pendiente que, afortunadamente, ya está recibiendo solución. El pasado 30 de septiembre se firmó precisamente en la sede del CGPJ el convenio para tener en el plazo de un año interconectados informáticamente todos los juzgados de España. Hay previstos planes de formación y actualización para los Jueces y demás personal de la administración de Justicia. La puesta al día tecnológica va a ser una realidad de forma inmediata, en 2010.
En materia de prueba electrónica, ¿cómo valora la regulación actual?, ¿cree que la imagen y valoración del Juez mejoraría de poder estar más "al cabo de la calle" de las nuevas formas de delincuencia?
A mi juicio, la imagen de los Jueces responde a criterios de responsabilidad, rigor, independencia y profesionalidad. La puesta al día es necesaria hoy en día en todas las profesiones, y en la carrera judicial es una constante del trabajo desde siempre, ya que la legislación es una realidad cambiante, sobre la que todos los Jueces y magistrados están permanentemente actualizándose.
Así que podríamos decir que los profesionales de la Justicia tienen entrenamiento en reciclaje porque forma parte de su oficio y de su responsabilidad. Los ciudadanos pueden estar tranquilos.
Si hablamos de violencia de género, podemos pensar en un fracaso del poder disuasorio de la pena frente al delito. Los datos del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ no son halagüeños. Hablar de un problema así, desde una sede de autoridad como el CGPJ, ¿puede decirse que lo normaliza, lo incorpora al debate general?
La violencia contra las mujeres es una realidad dura y que debe ser perseguida desde muchos ámbitos, también el judicial. No podemos sentirnos bien con las cifras jamás por lo que significan. Mientras haya una mujer amenazada, maltratada o asesinada, habrá tarea por hacer. Ahora, al menos, tras cinco años de la nueva ley de violencia de género en vigor, el debate está en los medios de comunicación y cala en la sociedad. Se ha dado un paso muy importante en concienciación y en medidas penales. No obstante, hay que seguir avanzando hasta erradicar esta lacra social.
Desde hace tiempo se viene hablando de incorporar un sistema de acceso a la carrera judicial que apartaría, al menos en alguna medida, las tradicionales oposiciones. ¿Cómo se valora esta posibilidad desde el órgano de gobierno de los Jueces?
El acceso a la carrera judicial es un debate abierto, sobre el que lo que el Consejo tiene claro es que, sea cual sea la fórmula de incorporación, debe garantizar la máxima preparación y cualificación de quienes habrán de impartir Justicia. A partir de esta premisa, pueden estudiarse diversas posibilidades que modifiquen el actual sistema.
