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02/12/2022. 07:12:31

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Meritxell Regué, abogada de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional

“Memorizar textos no es el sistema idóneo para formar jueces, fiscales o abogados del estado”

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"Países como Francia o Alemania exigen ciertos años de experiencia laboral para poder obtener la licenciatura en derecho, además de no contar con el sistema opositor para trabajar como juez o fiscal". "El ICTY ha intentado combinar elementos del civil y el common law, sin embargo el carácter ‘adversarial' e inquisitorio hace que se aproxime más al sistema judicial de países anglosajones". "Un juez o fiscal que ha trabajado como abogado laboralista en un despacho tiene unos conocimientos prácticos de los que carece un juez o fiscal de oposición".

Meritxell Regué ha trabajado durante casi cuatro años en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY). Desde febrero de 2009 lo hace para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI o ICC). Previamente, desempeñó funciones en el High Commissioner on National Minorities, una institución que depende de la OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), también en La Haya; y con anterioridad en las oficinas de Madrid y Bruselas de Uria & Menéndez. Además, es analista del Gertrude Ryan Law Observatory.

Memorizar textos no es el sistema idóneo para formar jueces, fiscales o abogados del estado

¿Cómo llegó a trabajar en la fiscalía del ICTY?

Como muchas personas que vivimos y trabajamos en el extranjero en esta respuesta se suman muchos factores. En mi caso, cursé estudios jurídicos de post-grado en el extranjero que me abrieron las puertas pero también «los ojos y la mente» a un ámbito del derecho y la economía en gran parte desconocido para mí en aquel momento.

Siempre tuve un especial interés por el derecho constitucional y penal.  Pero fue en Estados Unidos donde se despertó mi interés por el derecho penal internacional y los derechos humanos, en especial de las minorías así como los temas de desarrollo. El poder trabajar en una organización que combinara tales materias me resultaba fascinante. Desgraciadamente en España no encontré tal oportunidad. Y así continuó mi experiencia en el extranjero, pero esta vez en el ámbito profesional.

De hecho, antes de trabajar para el ICTY trabajé en una organización gubernamental (OSCE -High Commissioner on Nacional Minorities) desarrollando e implementando proyectos de prevención de conflictos en países de la Antigua Unión Soviética con problemas relacionados con minorías. Fue una experiencia extraordinaria el poder comprobar que el trabajo diario se plasmaba en un resultado visible a corto/medio plazo. Fue después cuando surgió la oportunidad de trabajar en la Fiscalía del Tribunal Penal de la Antigua Yugoslavia (ICTY) y no me lo pensé dos veces. Para mí, trabajar en tal institución significaba el poder poner en práctica mis conocimientos jurídicos así como contribuir a prevenir conflictos similares.

 

¿Podría explicarnos la razón de ser del ICTY?

El ICTY fue creado en mayo de 1993 por las Naciones Unidas y ha sido el primer tribunal creado para juzgar crímenes de guerra desde los de Nuremberg y Tokio (y el primero creado por la ONU). El principal objetivo del tribunal es juzgar las personas responsables (de más alto nivel en la jerarquía militar o política) por los crímenes descritos en el Estatuto del Tribunal (asesinato, tortura, genocidio…) cometidos en el territorio de la Antigua Yugoslavia desde 1991 hasta 2001. 

El Tribunal fue creado además con el propósito de prevenir futuros crímenes y fomentar la reconciliación en la Antigua Yugoslavia. Este ultimo objetivo es uno de los mas complejos, y no sólo en la Antigua Yugoslavia, si no en otros territorios donde conflictos de similar naturaleza han ocurrido (Rwanda, Sierra Leone) y numerosos países donde un "conflicto armado" en el sentido jurídico no ha tenido lugar, pero sí son frecuentes enfrentamientos armados y existe una tensión y una difícil convivencia entre la población civil de distintas nacionalidades que conviven en un mismo país: Moldavia y Georgia, son claros ejemplos.

El ICTY, con base en La Haya (Países Bajos) ha acusado unas 160 personas pertenecientes a las distintas partes del conflicto (Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y Macedonia) incluyendo altas figuras militares y políticas (primeros ministros, ministros y los más altos cargos en el ejército de diversos países). Más de 60 personas han sido declaradas culpables y actualmente unas 40 se encuentran en distintas fases de los procedimientos judiciales que tienen lugar en el tribunal. 

Actualmente, el ICTY se encuentra en la última etapa de su existencia. Aunque trabajando a pleno rendimiento, el tribunal ha estado delegando casos referentes a acusados de un menor rango jerárquico a tribunales en Serbia y Bosnia creados especialmente para juzgar crímenes de guerra.  De hecho, el ICTY está cooperando para reforzar tales instituciones.

 

¿Y cómo funciona el ICTY?

Brevemente, el Tribunal consta de tres instituciones principales: "Chambers" (Judicatura), Fiscalía y "Registry". Dentro de Chambers encontramos en primera instancia paneles de tres jueces (Trial Chamber) y, en segunda y última instancia, los Tribunales de Apelación (Appeal Chamber). Los Tribunales de Apelación están constituidos por cinco jueces que revisan la sentencia si apelada y sólo en determinados casos descritos en el Estatuto.

La Fiscalía tiene como función principal la de investigar y acusar a aquellas personas responsables por graves violaciones de derecho humanitario en el territorio de la Antigua Yugoslavia a partir del 1 de Enero de 2001. El ICTY ha intentado combinar elementos del civil y el common law, sin embargo el carácter "adversarial" e inquisitorio hace que se aproxime más al sistema judicial de países anglosajones. Otra diferencia esencial con nuestro sistema jurídico es la inexistencia de un juez de instrucción (tal función es desempeñada por el fiscal) y la posibilidad de continuar con la investigación a pesar que el juicio ha empezado. 

El Registry es el órgano administrativo del Tribunal que asume múltiples tareas: desde garantizar el correcto funcionamiento de las sesiones en las tres salas del tribunal hasta traer los testigos y proporcionar ayuda financiera a la defensa cuando es necesario.

 

¿Cree que la labor del ICTY es conocida fuera del círculo de interesados?

Un hecho que siempre me ha sorprendido es el desconocimiento generalizado en España respecto la existencia de estos tribunales. Por ejemplo, muchísima gente pensaba que sólo Milosevic estaba siendo juzgado en el ICTY; o confunden el ICTY con el TPI (o ICC). El TPI o Tribunal Penal Internacional está en funcionamiento desde Julio del 2002 con el objetivo de juzgar los crímenes de guerra descritos en el Estatuto de Roma. La distinción cardinal entre ambos es el carácter permanente del TPI, el primero de tal naturaleza. El ICTY, así como los tribunales de Rwanda y Sierra Leone, fueron creados por tiempo limitado para juzgar conflictos cometidos en un ámbito geográfico concreto durante unas fechas concretas. Siempre he considerado que los medios de comunicación son en gran parte responsables de tal hecho debido a la poca repercusión que las sentencias del Tribunal han tenido en los medios de comunicación españoles. De hecho, no se dedicó ni una sola línea en la prensa española a la sentencia del último caso en el que trabajé. La situación ha cambiado ligeramente con el arresto de Karadzic, pero la gente (y la prensa) continúa olvidando que hay muchos más personas que han sido juzgadas, están en juicio o pendiente de él.  

 

¿Ha pensado en volver a España para ejercer como Fiscal?

No entra en mis planes el volver a España en estos momentos. Estoy muy satisfecha profesional y personalmente en La Haya, y espero con anhelo la nueva experiencia que me depara el ICC con su primer juicio ya en pleno funcionamiento. Además, no soy muy partidaria del sistema opositor existente en España para poder ejercer un gran número de profesiones, entre ellas la de Fiscal o Juez.  Siempre he querido ser fiscal y en los primeros años de facultad estaba convencida que quería opositar y ejercer como tal. Sin embargo,  nunca llegué a entender el sentido del sistema opositor en nuestro país y aún menos con el paso de los años en la facultad y sobretodo, conociendo otros sistemas jurídicos. 

Con todo el respeto que me merecen los grandes profesionales que ejercen en España, opino que sería mucho más efectivo el tener experiencia previa en el mundo profesional antes de poder juzgar, acusar o defender. No creo que el sistema actual de memorizar textos jurídicos sea el idóneo para formar jueces, fiscales o abogados del estado. Por ejemplo, un juez o fiscal que ha trabajado como abogado laboralista en un despacho tiene unos conocimientos prácticos de los que carece un juez o fiscal de oposición.  En mi humilde opinión, los primeros estarán en una mejor posición para ejercer sus funciones debido a su conocimiento no sólo teórico sino del mundo de la empresa.  Lo mismo sucede en otros campos jurídicos. De hecho, países como Francia o Alemania exigen ciertos años de experiencia laboral para poder obtener la licenciatura en derecho, además de no contar con el sistema opositor para trabajar como juez o fiscal.

En cierta forma, el sistema opositor -de memorizar y recitar- es un reflejo de nuestro sistema educativo en el ámbito jurídico. En otros países el sistema de enseñanza es completamente diferente al que se imparte en la mayoría de Facultades de Derecho españolas. Los estudiantes no son meros seres pasivos que escuchan y quizás toman notas. Hay una interacción continua entre profesor y alumno. El objetivo de la clase es discutir, analizar y razonar el tema que se está tratando. Los exámenes no son meros tests o ejercicios de memoria, sino que requieren razonar y aplicar los conocimientos teóricos a casos prácticos. Es por ello que fundaciones como Gertrude Ryan Law Observatory desarrollan un papel muy importante. Su labor de investigación, análisis crítico y estudio comparativo del derecho anglo-americano permite su mejor conocimiento y facilita el acercamiento entre ambos sistemas legales.  Además, la fundación fomenta una cultura de respeto de los derechos humanos más allá de las fronteras estatales.

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