El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha atendido a Legal Today en exclusiva. Durante la conversación ha habido tiempo para desgranar el presente y futuro de la Justicia. Una Justicia que afronta cambios procesales desde mayo y que mira de frente a la nueva oficina judicial, sin perder de vista la necesidad de tutear a las Nuevas Tecnologías.
La Justicia aboga y apuesta por su modernización. ¿En qué punto del recorrido nos encontramos de cara a alcanzar dicha meta?
Ya hemos iniciado el proceso de cambio. Puede decirse que se ha superado una primera fase, centrada en lograr el consenso entre todos los actores implicados. Así lo requería el hondo calado de las reformas modernizadoras. En este momento ya están en marcha una batería de proyectos transformadores en el ámbito normativo, organizativo y tecnológico, por lo que podemos decir que, aunque aún camino porque la reforma es muy ambiciosa, pronto empezarán a percibirse los cambios.
Los recientes cambios procesales, ¿le parecen un punto de inflexión de cara a lograr esa optimización?
Sin duda. Las dos leyes de reforma procesal para implantar la nueva oficina judicial aportan el marco normativo necesario para operar la reingeniería que necesita nuestra Justicia. Pero sobre todo son el símbolo más evidente del gran consenso político y social en torno a la modernización de la Justicia: las normas más importantes para la Administración de Justicia aprobadas por unanimidad.
¿Considera la nueva oficina judicial una pared maestra de la modernización?
Probablemente, la nueva oficina judicial sea el proceso de transformación institucional en la Administración de Justicia más importante desde la Constitución de Cádiz. El diseño de la oficina judicial añade racionalidad y eficacia en la gestión de los recursos, en el proceso judicial y en el reparto de tareas. Es, además, un ejemplo de motor de cambio, esto es, de un elemento de reforma que a su vez impulsa y amplifica los efectos positivos de otros cambios.
¿Existe la necesidad de lograr un nuevo esquema para distribuir y organizar el trabajo judicial?
Ésa es una de las piezas centrales, como decía hace un momento, del proyecto de nueva oficina judicial. Los secretarios judiciales, con las nuevas unidades a su cargo, asumirán un mayor protagonismo en la gestión procesal y administrativa, descargando de esas tareas a los jueces. El nuevo marco legal se encarga, además, de precisar con toda claridad quién es responsable de cada tarea, introduciendo criterios de transparencia y eficiencia. Creo firmemente que este diseño no sólo va a mejorar el servicio a los ciudadanos sino que va a incrementar notablemente las condiciones de trabajo de todos los profesionales que trabajan en la Justicia.
¿Qué compromiso han de tener los colectivos que trabajan por y para la Justicia en aras de su modernización?
Ante todo, compromiso con los ciudadanos y, por tanto, por un mejor servicio público. Nos encontramos ante una nueva etapa de la Justicia en la que es imprescindible un cambio de cultura organizativa. Somos conscientes de que los cambios de esta índole no siempre son fáciles y requieren su tiempo. Por ello, el proceso de gestión del cambio ha sido diseñado meticulosamente a fin de que cada actor sepa en todo momento qué se espera de él y pueda cumplir con sus funciones sin dificultades, para lo cual se están desplegando numerosas actuaciones de comunicación y, sobre todo, de formación. Contamos con el compromiso de todos y cada uno de aquellos que trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia y con su responsabilidad para con el objetivo que nos hemos marcado. Sólo podemos triunfar con el esfuerzo, el compromiso y el apoyo de todos.
Acercar la Justicia al ciudadano, agilizarla, perder de vista la abundancia de papeles, ¿en qué plazos serán objetivos factibles?
Trabajamos con el horizonte de 2012, fecha en la que está previsto consolidar la mayoría de los proyectos iniciados. De hecho, son ya bastantes los resultados que empiezan a ser visibles. Así, por ejemplo, en relación con los profesionales, se han desarrollado nuevas páginas Web, se están llevando a cabo, como señalaba antes, cursos de formación presencial y online. En lo que concierne a las nuevas tecnologías, se han implantado ya nuevos sistemas informáticos, se está trabajando en el expediente digital y se están desarrollando los aplicativos informáticos precisos para disponer de sistemas de comunicaciones y notificaciones con todas las garantías de seguridad. En algunos partidos judiciales, además, ya se ha iniciado la implantación de la Nueva Oficina Judicial. En lo que hace al capítulo de infraestructuras, se están remodelando los edificios o construyendo otros nuevos. Esto está "abierto por obras" y estamos satisfechos con los positivos resultados que se están obteniendo.
La Justicia y las Nuevas Tecnologías ya se conocen. ¿Han empezado a tutearse?
Sí, podemos decir que se tutean o de manera más precisa, se han dado cuenta de que se necesitan para mejorar. Con la hoja de ruta que marca el Plan Estratégico 2009-2012, las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel fundamental para la modernización de la Justicia tanto que esperamos que contribuyan a alterar las estructuras tradicionales, logrando un modelo avanzado, eficaz, y de verdadero servicio público. Los objetivos en este punto son claros y, para este Gobierno, son una prioridad. Además el Ministerio con el esfuerzo presupuestario en nuevas tecnologías y los proyectos ya iniciados está demostrando que la inversión en Justicia es rentable y contribuye a la innovación tecnológica.
¿Le parece vital la sintonía entre Justicia, Nuevas Tecnologías y trabajo en red?
Efectivamente, para nosotros ése es un punto fundamental. Lo hemos repetido hasta la saciedad y hemos logrado un amplísimo consenso al respecto. El mejor ejemplo es lo que hemos llamado Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), que es uno de los proyectos más importantes del Ministerio de Justicia para interconectar todos los juzgados del país y otras Administraciones públicas. Se trata de un gran enchufe, un traductor que permita a los distintos actores implicados, cada uno con su sistema informático, entenderse y compartir datos. La mejor muestra de su importancia es que es un proyecto en el que participan mediante convenio tanto el propio Ministerio como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y todas las comunidades autónomas con competencias en justicia.
Los sistemas de gestión e información han de ir de la mano para que la Justicia camine por terrenos asfaltados. Un instrumento al servicio de todos los intervinientes en la gestión procesal de expedientes, ¿qué proporcionaría a la Justicia?
Muchas veces desde la Justicia miramos con envidia a otros ámbitos de la Administración pública como Hacienda o Seguridad Social. Lo que estamos haciendo es, lisa y llanamente, someter a la Administración de Justicia al mismo proceso de modernización tecnológica y funcional, adaptando ese proceso, lógicamente, a las particularidades organizativas, competenciales y de otra índole que tiene nuestro ámbito.
Tras estas reflexiones, ¿cuál va a ser la fotografía de la nueva Justicia?
Una fotografía realista y dinámica de un servicio público de la Administración de Justicia ágil, racional, eficaz, capaz de dar una respuesta en plazo y generar seguridad jurídica en la sociedad. Y me gustaría destacar esta idea, porque en el contexto económico actual, el hecho de generar seguridad jurídica, así como acortar los plazos de respuesta es esencial para contribuir a la salida de la crisis, y por ello trabajamos concienzudamente en esta línea. Sin esa seguridad, será muy difícil generar la confianza necesaria para animar el desarrollo económico y garantizar los derechos de los ciudadanos. No hay economía sostenible sin una Administración de Justicia moderna.
