LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Portal jurídico de Aranzadi, por y para profesionales del Derecho

03/02/2023. 00:51:11

LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

“Nos merecemos una Justicia mejor”

Legal Today

"Me gustaría ser recordado como un abogado que luchó por los abogados" "Es increíble que la octava potencia económica del mundo tenga la Justicia que tenemos" "Todo pasa por un Pacto de Estado para la Justicia" "La delincuencia no se combate llenando las cárceles y con un sistema basado en el mayor castigo y en la reclusión de por vida" "La Ley de Acceso ofrecerá mayores garantías sobre la formación de los abogados" "No hay que legislar a golpe de titular de periódico"

Carlos Carnicer Díez es uno de los juristas más importantes de nuestro país. Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en 1971. Al año siguiente, se incorporó al Colegio de Abogados de Zaragoza, del que fue Decano entre 1991 y 2001. Consejero al Consejo General de la Abogacía Española (1991), en 1997 presidió la Comisión de Ordenación Profesional del CGAE. A nivel internacional es miembro del Comité de la Federación de Colegios de Abogados de Europa y secretario de la Federación Internacional de Abogados Pirenaicos. En julio de 2006 fue reelegido Presidente del Consejo General de la Abogacía, cargo que desempeña en la actualidad. Su gestión a cargo del CGAE se ha destacado por la defensa de los Derechos Humanos, la lucha sin cuartel contra la violencia de género y el mejoramiento de la calidad de la justicia. Carnicer ha apostado por el consenso, una y otra vez. He aquí las ideas que sustentan sus acciones.

Carlos Carnicer Díez

Tras dos meses se ha solucionado la huelga de funcionarios de justicia y usted ha venido a ser una suerte de pacificador de gran relevancia. ¿Por qué decidió mediar en el conflicto?

No es correcto hablar de mediación. El CGAE y los Colegios de Abogados han impulsado, en buena medida, a las partes en conflicto para que flexibilizaran sus posturas y alcanzaran, en una negociación ininterrumpida, una solución final a una huelga que ha ocasionado serios perjuicios a ciudadanos y abogados, entre otros profesionales. Las reuniones que mantuvimos en la sede del CGAE con el secretario de Estado de Justicia, primero, y con los representantes sindicales, después, creo que han sido muy importantes. Fueron reuniones francas, dialogantes y abiertas en busca de soluciones. El CGAE y los Colegios decidimos tomar parte en este conflicto porque se estaba vulnerando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y además, muchos abogados de los territorios afectados comenzaban a encontrarse con graves problemas económicos.

 

¿Considera que el acuerdo es el mejor? ¿Quién sale ganando? ¿O todos pierden?

Lo importante es que se ha logrado alcanzar un acuerdo y que no hay vencedores ni vencidos. Desde la Abogacía nos felicitamos porque se haya llegado al fin del conflicto que ha afectado especialmente a los ciudadanos y a sus derechos, así como a miles de abogados que no han podido desarrollar el trabajo encomendado por sus clientes y esperamos que no se repita más.

 

Desde su punto de vista, ¿cuál es la peor consecuencia que ha tenido la huelga?

La peor consecuencia es el desamparo que han sufrido los derechos de los ciudadanos y que la tutela judicial efectiva se haya visto en serio peligro durante estos dos meses de huelga. Y que, al ya de por sí importante colapso de la Justicia, se sumen decenas de miles de nuevos procedimientos que tardarán meses en ser resueltos.

 

Tal como se ha observado, los ciudadanos se han visto muy afectados por el conflicto y la paralización de actividades. ¿Debería existir un sistema para que, en caso de huelga o problema de otra índole, algunos trámites se pudieran llevar a cabo de todas formas?

Debería existir un "plan alternativo" para que determinados asuntos que afectan de manera importante a los derechos de los ciudadanos -la inscripción en el registro civil, el derecho a casarse, la tutela de los derechos de personas discapacitadas, de personas privadas de libertad, la presentación de determinados documentos, la devolución de otros, etc.- no se vean vulnerados por un conflicto, tenga las justificaciones que tenga. Aunque se cumplan unos servicios mínimos, no se garantiza la tutela jurídica efectiva de los ciudadanos. Y tan importante como eso es que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia cuenten con los abogados para que en el proceso de normalización, los ciudadanos, los abogados y otros profesionales jurídicos no vuelvan a ser los paganos. Eso es lo que hemos pedido.

 

¿Qué medidas se deberían adoptar para que este conflicto sindical no se repita en un futuro?

Es difícil dar con la receta mágica a este tipo de conflictos pero todo pasa por un Pacto de Estado para la justicia, que firmen todos los partidos y todos los agentes sociales y por poner los medios humanos y materiales que permitan una modernización de la Justicia, que no sólo es una exigencia de los ciudadanos sino del sentido común. La Justicia debería estar a la altura de los tiempos que vivimos y no anclada en el pasado.

 

¿Qué beneficios tangibles obtendremos de la Ley de Acceso a la Abogacía? ¿Y problemas?

Todo son beneficios para los ciudadanos. La Ley de Acceso ofrecerá mayores garantías sobre la formación de los abogados. Las garantías para el ciudadano de una calidad de la defensa van a ser mucho mayores. Y eso repercutirá de una manera indudable en la calidad global de la justicia. Eso sí, habrá que esperar hasta 2011 para su entrada en vigor.

 

Sobre el caso de los errores administrativos que cometió la Justicia y que dejaron en libertad al presunto asesino de Mari Luz, ¿cuál considera que fue el problema fundamental que originó esta situación?

Está claro que hubo un cúmulo de fallos humanos y del sistema de Administración de Justicia. No debemos permitir que este tipo de errores vuelvan a repetirse. La imagen de la Justicia que transmitimos a los ciudadanos está viéndose muy deteriorada. En el "caso Mari Luz" se ha planteado el debate sobre la necesidad de que funcione la informatización de los juzgados, que haya redes y bases de datos centralizadas con resoluciones y medidas judiciales que podrían impedir que se repitan casos como éste. Hay quienes piensan que este tipo de medidas podrían chocar con la defensa de otros derechos, pero hay ocasiones en que los derechos debemos ponerlos en una balanza. Que existe la pederastia es una realidad, ahora ¿qué pesa más los derechos del menor que sufre el abuso o el derecho a la intimidad del agresor? Y si no queremos contraponer esos derechos ¿va contra el derecho a la intimidad el que los jueces puedan acceder a esa base de datos? Yo creo que no.

 

¿Piensa que se debe revisar el Código Penal para endurecer las penas a este tipo de delincuentes?

No me canso de repetir que no hay que legislar a golpe de titular de periódico, y tampoco creo que la solución sea endurecer las penas. Hay que aplicar las leyes que tenemos y apostar por la reinserción. Hay que buscar nuevas vías de reinserción. Se debe revisar el Código Penal pero la delincuencia no se combate llenando las cárceles y con un sistema basado en el mayor castigo y en la reclusión de por vida.

 

¿Qué opinión le merece la reforma que planea implementar el Gobierno respecto al CGPJ? ¿Son realistas las promesas de los partidos políticos en materia de justicia?

Creo en la buena voluntad con la que dicen comenzar unos y otros esta legislatura en materia de Justicia. Me parece coherente y acertada la disposición que dicen tener los dos principales partidos políticos. La reforma del Consejo General del Poder Judicial  es urgente, pero no debería limitarse, al menos en un objetivo a medio plazo, a los nombres de los vocales, sino a cuestiones mucho más profundas. Y como ya le he dicho, nuestra Justicia adolece de múltiples males y por ello es inaplazable el Pacto de Estado. Es increíble que la octava potencia económica del mundo tenga la Justicia que tenemos. Nos merecemos una justicia mejor.

 

La violencia de género se ha convertido en uno de los asuntos más debatidos, ¿Cuáles considera que han de ser los compromisos que tendrá que asumir la abogacía en España para hacer frente a este grave problema?

La Abogacía lleva tiempo trabajando en esta materia que es una de las lacras más importantes de nuestra sociedad. El CGAE ha estado presente en la elaboración de todos los protocolos de coordinación que se aprobaron en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Orden de Protección y en la de Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer y en el último año ha participado en la elaboración de un Protocolo de Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Abogados.

Además, un compromiso muy importante que ha asumido la Abogacía es la formación de los letrados que atienden los casos de violencia de género. En cuanto a formación, los Colegios de Abogados y los Consejos Autonómicos de la Abogacía y el CGAE, en el ámbito de sus respectivas competencias, han suscrito convenios destinados a garantizar la formación de los abogados integrados en los turnos especializados de violencia de género tras la entrada en vigor de la Ley Integral. Con anterioridad a la Ley Integral, ya existía una importante actividad formativa por parte de la Abogacía institucional destinada a los abogados que prestaban servicios de asesoramiento y guardia permanente para atención a las víctimas de violencia doméstica, pero desde la entrada en vigor de esta Ley se han incrementado. El último curso, organizado de forma conjunta con el Ministerio de Justicia y con el de Trabajo se celebró a primeros de abril y es una muestra de que estamos seriamente preocupados por encontrar, trabajando juntos, soluciones para paliar este problema.

 

El CGAE está adoptando un rol activo en la defensa de los DDHH y una de las claves de esta movilización es la situación de los inmigrantes sin papeles. ¿Qué debería hacer el Gobierno y la sociedad española respecto a este asunto?

Desde hace años, el Consejo celebra su Conferencia Anual en torno al 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ese día se entregan los Premios Derechos Humanos que ya van por su X edición y que han premiado a personas, instituciones y medios de enorme relevancia internacional. Además, coincidiendo con el 60 aniversario de la Declaración, hemos puesto en marcha una Caravana de los Derechos Humanos que está recorriendo España con gran éxito y que no es otra cosa que un "despertador de conciencias". Lo necesitamos. Tenemos uno de los sistemas más garantistas en cuanto a derechos humanos. Aun así, de vez en cuando hay que recordárselo a nuestros gobernantes y también a la gente. En el caso concreto de la inmigración lo primero que debemos tener claro todos es que los inmigrantes, estén o no estén en situación regular, son ciudadanos y como tales tienen derechos. El primero, para ellos y para todos los ciudadanos, el de defensa, sin el cual todos los demás quedan sin sentido. En mi opinión, al Gobierno le tocan dos tareas muy importantes: de cara a la sociedad deben luchar contra la xenofobia y enviar mensajes positivos a la ciudadanía; y en relación con la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración irregular, el Gobierno debe apostar por medidas que acaben con situaciones encubiertas de tráfico de personas, sea con el fin que sea. 

 

Los DDHH ¿son la clave de su gestión?

La lucha en defensa de los derechos humanos es clave en mi gestión porque todavía hoy, aunque nos cueste creerlo, los derechos humanos se siguen vulnerando a diario. Hay un ejemplo muy gráfico en nuestra Caravana de los Derechos Humanos, en unos de los contenedores, el que se refiere a los derechos humanos en el mundo, hemos colocado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el suelo y cuando nos preguntan el motivo la respuesta es muy sencilla: cada día se siguen pisoteando los derechos humanos en todo el mundo.

 

Cuando deje el cargo, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Me gustaría ser recordado como un abogado que luchó por los abogados, por una mejor formación de cada abogado y por los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que por no tener, no tienen ni derechos. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que ahora se cumplen sesenta años, dice textualmente: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Me gustaría haber ayudado a que eso se cumpliera un poco más.

Valora este contenido.

Puntuación:

Sé el primero en puntuar este contenido.