Una de las voces más autorizadas para valorar el recorrido del Derecho y la Abogacía en España es Miquel Roca Junyent, testigo privilegiado de la Transición, padre de la Carta Magna, político con responsabilidades estatales y autonómicas y titular de un relevante despacho de abogados. Partidario de que las normas no entorpezcan el natural despegue económico que nuestra estructura empresarial puede desarrollar, y que cada reforma ha de tener vocación de perdurar en el tiempo al margen de alternancias políticas, Roca también comparte en esta entrevista su visión personal acerca de los nuevos tiempos de la Abogacía.
Usted fue uno de los actores principales de la Transición española. Vista con la experiencia adquirida hoy en día, ¿de qué aspectos se siente más satisfecho?
Resulta difícil destacar algún aspecto en concreto, porque lo más importante de la Transición es su consideración global como proceso ejemplar que representó pasar de una situación de Dictadura a una situación de Democracia, con la base de un amplio consenso y sin necesidad de reeditar páginas poco brillantes de nuestra Historia. Hoy, cuando la vivencia de aquellos tiempos se aleja del recuerdo de mucha gente, aparecen críticas que no tienen ningún fundamento cuando se examinan a la luz del momento histórico de la Transición. Insisto en que sería absurdo intentar justificar una legítima ambición de cambio que la sociedad actual puede desear, en una crítica indocumentada sobre lo que la Transición representó. Y buena prueba de ello es que todavía hoy en el mundo se valora dicha Transición como un fenómeno singular que se toma como modelo para situaciones que pretenden homologarse con la que en aquellos momentos vivía España.
La experiencia que ha adquirido desde el primer momento en el ámbito administrativo le llevó a participar en operaciones de gran importancia, que le permitieron experimentar el desarrollo económico español y europeo. ¿Hay alguna moraleja jurídica de aquella época que podamos aplicar en estos momentos?
Más que moraleja, una conclusión: el progreso requiere estabilidad, y mucha seguridad, especialmente jurídica. Europa se ha construido -y España a su imagen- a través de bases sólidas construidas al margen de la alternancia política. La alternancia en el poder no solo es legítima sino también positiva, pero el progreso reclama de unas bases compartidas que no resulten afectadas por programas de gobierno coyunturales. En este sentido, la seguridad jurídica se constituye en un elemento fundamental para el progreso de un país y esto ha sido bueno para España durante muchos años; desgraciadamente en este momento hay elementos que cuestionan esta seguridad jurídica al amparo de una lectura un tanto sesgada de los efectos de la crisis económica.
¿Cree que el nuevo Código Mercantil contribuirá a reactivar la actividad económica?
No es tan importante como que contribuya a reactivar, como que no dificulte la reactivación. La actividad económica necesita de marcos jurídicos flexibles, no rígidos, que faciliten la iniciativa de los emprendedores. Cualquier entorpecimiento que tenga su origen en un excesivo intervencionismo o en un abusivo reglamentarismo, acaba perjudicando el crecimiento y la generación de empleo. Y esto atañe tanto al Derecho de Sociedades, como a la fiscalidad, la Seguridad Social, el medio ambiente, etc.
Hace cuatro décadas que usted se inició en el ejercicio de la Abogacía. ¿Qué aconsejaría a quien esté dando los primeros pasos en la profesión?
Mucho entusiasmo, mucha convicción, mucho trabajo. El abogado tiene que ser capaz de generar empatía con su cliente; una empatía que no es otra cosa que la versión actualizada de la confianza que siempre ha caracterizado la relación entre abogado y cliente. Proximidad, proactividad, identificación; estos y otros muchos de naturaleza similar son los requisitos que caracterizan al buen profesional. Ciertamente, sin olvidar la calidad del trabajo, el rigor y la competencia. Se nos va a pedir mucho, tanto en el contenido de nuestra aportación como en la forma en que éste deba producirse.
¿Cómo cree que ha evolucionado la profesión en España durante todo este tiempo?
A mejor. Sin lugar a dudas, a mejor. España tiene un muy buen nivel de servicios jurídicos profesionales y resiste plenamente cualquier comparación con Europa. Tenemos mucha calidad y los despachos han sabido adaptarse a las nuevas características del mercado con una gran exigencia y con resultados altamente positivos.
¿Con qué mentalidad cree que hay que incorporarse hoy por hoy a un despacho colectivo?
Como el de una gran oportunidad. La profesión puede ejercerse de maneras muy diversas, pero un despacho colectivo es una gran oportunidad para los jóvenes profesionales. En ellos tienen mayor recorrido, mayor capacidad de un aprendizaje global y por tanto garantía de una formación conveniente e incluso acelerada. Es, ciertamente, una gran oportunidad.
Usted atesora un reconocido prestigio en el campo del arbitraje y la mediación. Además de la reducción de los plazos, ¿qué otras ventajas ofrecen, en su opinión, estos modelos de resolución de conflictos?
Cualquier motivo alternativo de resolución de conflictos debe ser valorado positivamente desde una perspectiva de colaboración con la Administración de Justicia. No obstante nuestra legislación sigue siendo cicatera en la regulación de estas vías que, a veces, por su imprecisa regulación, no ofrecen suficientes garantías a los interesados. El arbitraje y la mediación son vías que deberán acentuarse en los próximos años y a la que los despachos de abogados deberíamos ofrecer apoyo incondicional en beneficio de los intereses de nuestros propios clientes.
La reforma del Código Penal introduce la prisión permanente revisable, que el CGAE tilda de inconstitucional. Si tuviéramos que buscar una voz autorizada en la materia esa es la suya.
Entiendo y comparto la posición del Consejo General de la Abogacía Española. Pero voy un poco más allá: todo nuestro ordenamiento jurídico penal debería ser objeto de una reflexión más sosegada y menos precipitada. Muy a menudo se legisla a impulsos de circunstancias coyunturales, y si esto no es nunca bueno, lo es mucho menos cuando de delitos y procesos se trata. Desde el año 1978 hemos modificado nuestro Código Penal en bastantes ocasiones; esto no es siempre garantía de acierto. Me temo que en la coyuntura actual las reformas que pretenden introducirse pueden vivir con la amenaza de un tiempo de vida corto.
También está en curso la reforma de la LECrim, al respecto de la que se habla mucho de la posible lesión de los Derechos Fundamentales en la instrucción, así como de los plazos, breves, de los que dispondrían los jueces para determinar el proceso penal. ¿Qué lagunas advierte en la propuesta?
Los plazos breves pueden ser una dificultad para la instrucción; los plazos indefinidos pueden convertir la instrucción en una especie de causa general o inquisitorial. El debate sobre estos aspectos debería realizarse en un ambiente más profesional y académico, y en cambio en este momento está situado en un ambiente fundamentalmente mediático. Los abogados son los especialmente facultados para tratar de esta cuestión, y muy a menudo se ven condicionados o superados por comentaristas u opinantes que no tienen ni el conocimiento ni la preparación académica para pronunciarse sobre estas cuestiones.
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