La Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, encargado de los hechos que protagonizaron los controladores aéreos los pasados días 3 y 4 de diciembre, ha admitido la personación, como acusación particular, del colectivo de más de cinco mil afectados, cuya representación y asistencia legal ha asumido el despacho de Abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
En su Providencia de fecha 18 de marzo, la Magistrado-Juez de Instrucción acepta además la práctica de la mayor parte de diligencias de prueba propuestas por la defensa legal del colectivo, entre las que figura la averiguación de la identidad de los controladores atendiendo a su turno, y su interrogatorio como imputados.
Además de las pruebas solicitadas por los afectados, la Instructora señala más diligencias de prueba. Concretamente, pide a AENA que remita toda la documentación acerca de las órdenes emitidas para cerrar el espacio aéreo, así como para abrirlo.
Desde la personación en el proceso penal, la Agrupación de Demandantes ha seguido creciendo. El despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a la Agrupación, informa de que en breve será presentada una nueva solicitud de personación para los grupos recientemente adheridos a la acción colectiva.
Esta personación penal supone un impulso muy importante para el procedimiento penal y el esclarecimiento de los presuntos delitos que en el puente de la Inmaculada pudieron cometerse por parte de los controladores aéreos. Además, otorga al citado colectivo un primer éxito en su estrategia jurídica, dirigida a exigir responsabilidades por los daños provocados por el caos originado en dichas fechas.
Junto a la acusación particular en el proceso penal, la representación de estos afectados tiene previsto articular, igualmente, una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA. En esa reclamación, además de los daños materiales sufridos, se solicitará una indemnización por el daño moral soportado por cada uno de los afectados. En total, Cremades & Calvo-Sotelo estima que la suma total de lo reclamado podría superar los diez millones de euros.
