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29/09/2022. 13:05:31

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Creadores contra internautas, ¿quién tiene el arma más cargada?

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Desde la SGAE se afirma que "la cultura no puede ser gratis, ya que es un bien que se transmite previo pago, porque detrás de su construcción se encuentra el esfuerzo y el talento de una persona"

Informábamos anteayer acerca de los problemas con los que el sector de los creadores se está encontrando a la hora de redactar un texto que pueda pasar una votación parlamentaria. Con una Ministra de Cultura a favor de “blindar” los contenidos de posibles tránsitos hacia teléfonos móviles y equipos informáticos, todo parecía más fácil; pero no. El tema de las descargas provoca mucha contestación social, de uno y otro lado. Por ello, merece la pena hacer un pequeño memorándum acerca de cómo están las cosas.

Creadores contra internautas, ¿quién tiene el arma más cargada?

No es un secreto que hay deseos muy grandes de legislar el tema de las descargas de contenidos protegidos por Propiedad Intelectual, de modo que deje de haber tanta confusión como se está viviendo en el sector.

En el mes de noviembre pasado, la puesta en marcha de un Plan Antipiratería especificaba formas de cooperación y de colaboración, preventivas, de sensibilización social, normativas y formativas. En él, se encargaba al Ministerio de Cultura la coordinación; aunque estarían implicados once departamentos ministeriales. El cambio de titular ha movido el peso de responsabilidad hacia una -todavía no definida con exactitud- "Comisión de Control", en cuyo diseño y puesta en marcha los internautas se están sintiendo excluidos.

A día de hoy, las descargas, si no hay ánimo de lucro, son inatacables. Para que pasen a ser punibles, habría que modificar la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de modo que se pudiera trasladar una potestad a la administración que actualmente sólo la tienen los jueces.

En estos días, ya hay acuerdo por parte de administración y creadores (patronales del cine, música, software y SGAE) acerca de lo nocivo que resulta para la protección de la propiedad los llamados "concentradores", al mando de sitios de Internet que facilitan el acceso a contenidos protegidos por copyright, que posteriormente se descargarían a través de programas p2p (eMule, BitTorrent, etc.).

El desacuerdo ha llegado por dos puntos. En primer lugar, los internautas se sienten totalmente excluidos de las conversaciones, y están llevando cabo una amplia campaña en blogs y páginas personales acerca de los intereses estrictamente económicos, que, a su parecer, están moviendo toda esta actividad política. Por otro lado, el sistema de envío de avisos a usuarios, que se haría desde la Administración, a quienes lleven a cabo descargas masivas; y los eventuales cortes del servicio se ven, también desde la Administración, difícilmente compatibles con las libertades de un Estado de Derecho.

Visto lo visto, se está demostrando que normativizar las descargas es, efectivamente, poner puertas al campo.

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