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02/12/2022. 09:40:14

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El 73% de los órganos judiciales catalanes están sobrecargados de trabajo

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María Eugènia Alegret, presidenta del TSJC, ha reclamado más recursos, sobre todo en materia de personal, para poder afrontar la demanda generada por las reformas legislativas

María Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha presentado el balance de la situación de los órganos de 2007, en el que se demuestra que el 73% de los órganos judiciales de Cataluña se encuentran sobrecargados de trabajo, situación que según Alegret es producto de los problemas de personal y el exceso en la «judicialización» de algunos «conflictos sociales».

Órganos judiciales catalanes sobrecargados de trabajo

Alegret, ha reclamado más recursos, sobre todo en materia de personal -donde ha denunciado un exceso en la interinidad-, para poder afrontar la demanda generada por las reformas legislativas, por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres, o los nuevos delitos de tráfico tras la reforma del Código Penal. Además ha abogado por que se potencie la mediación como vía para la resolución de algunos de estos conflictos y evitar así que se colapse y se ralentice la actividad en los juzgados, e incluso ha defendido que, en el caso de los contenciosos administrativos, no sea tan fácil acceder gratuitamente a la Justicia, y que la presentación de determinados recursos conlleve los costes procesales.

"Como jueces no discutimos las decisiones del legislador, pero sí pedimos que estos cambios vayan acompañados de la dotación presupuestaria para hacerles frente", afirma Alegret, que considera que la Justicia tiene que ser "una prioridad política, porque hasta ahora no ha sido así, y ahora es el momento de implantar estas mejoras, que llevan treinta años que se espera".

"Se está exigiendo a los jueces que seamos responsables, y lo podremos ser si tenemos los medios, si no, no se nos puede hacer responsables de determinadas instrucciones", ha añadido Alegret.

La presidenta ha reclamado además un registro único en toda España ya que la existencia de diferentes criterios en las comunidades autónomas hace que las estadísticas judiciales no sean fiables.

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