Tras las críticas que ha despertado sobre todo en América Latina la directiva europea de retorno de inmigrantes irregulares, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez han subrayado en una reunión celebrada con los embajadores iberoamericanos que "la política migratoria española no cambia".
A la reunión asistieron representantes diplomáticos de 20 países. Entre ellos se encontraba el embajador de Venezuela en España, Alfredo Toro Hardy, cuyo presidente, Hugo Chávez, amenazó la semana pasada con cortar el suministro de petróleo a la Unión Europea; y revisar las empresas y su implantación en suelo venezolano si se aplica la directiva. También participaron el embajador de Ecuador, Paraguay, y Perú.
Los representantes españoles para la UE y América Latina explicaron la directiva y cómo afectaría a la normativa española, y trataron de solucionar las dudas que ha podido suscitar en los gobiernos iberoamericanos.
Trinidad Jiménez aseguró que en España no se ampliará el periodo de detención a 18 meses
-el límite máximo que estipula la norma europea para la detención de ilegales-. Ha recordado también que la ley española ya regula el retorno de los indocumentados y que no hay previsión por ahora de variar el plazo máximo de internamiento, de 40 días. La posibilidad de elevarlo a 60 días contemplado por el gobierno "no es una consecuencia directa" de la norma de la UE, sino una garantía para poder completar los procesos de expulsión.
Los representantes españoles defendieron la inmigración como un "fenómeno positivo y enriquecedor de nuestra sociedad", que tiene que tener los máximos visos de legalidad. Según Jiménez y López Garrido, la función de la directiva es armonizar las condiciones de retención y expulsión de los inmigrantes irregulares, hasta ahora no reguladas en algunos países. Dado que en España la política migratoria está consolidada, la directiva no va a afectar a las reglas ya vigentes en España. El único punto que se transpondrá a la legislación española es el relativo al derecho de manifestación, asociación y reunión de los inmigrantes.
Esta postura de los representantes españoles en Latinoamérica y la UE se contradice con lo que dijo en su día el Ministro del Interior, a la sazón responsable último de la política de inmigración. En Legal Today dimo cuenta de que Rubalcaba estaba a favor de endurecer los plazos de retención ya que lo escuetos de los mismos impedían una tramitación completa de las extradiciones.
