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06/02/2023. 10:29:04

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El Gobierno nombra a Juan Carlos Campo y a Ana Díez magistrados del TC sin esperar más al CGPJ

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El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, ex directora general en Moncloa, como los dos magistrados que le corresponde designar en la renovación periódica del Tribunal Constitucional. De esta forma, el Ejecutivo ha dado el paso de designar a sus dos candidatos sin esperar más a que Consejo General del Poder Judicial haga lo propio con los suyos (le corresponden otros dos), ante la situación de bloqueo en la que permanece la renovación del órgano rector de los jueces.

El Tribunal Constitucional tiene a cuatro de sus miembros con el mandato caducado desde el pasado mes de junio, los dos que fueron designados por el Gobierno de Mariano Rajoy y los dos que fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial. Son el presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez.

El Gobierno defendió ayer que Juan Carlos Campo y Laura Díez «cumplen los requisitos» para ir al TC y defendió que está «predicando con el ejemplo» al cumplir la Constitución: «El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión y nombrar a dos magistrados».

Licenciado en Derecho en 1984 por la Universidad de Cádiz, Juan Carlos Campo Moreno ingresó en la carrera judicial en 1987. Pasó a la categoría de magistrado en 1989. En 1991 pasó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz. Entre 2001 y 2008, fue nombrado, a propuesta del PSOE, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fue elegido ministro de Justicia, cargo que ostentó desde el 20 de enero de 2020 hasta julio de 2021. El Consejo General del Poder Judicial le adjudicó, en diciembre de 2019, una plaza en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo que no llegó a ocupar hasta su salida del Ministerio e incorporación en septiembre de 2021. 

Por su parte, Laura Díez Bueso es catedrática de Derecho Constitucional y fue directora general de asuntos constitucionales en el Ministerio de la Presidencia hasta que hace seis meses pasó al Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña. Es además catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y doctora en Derecho por esta misma universidad. Ha sido directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho (2016-2018), directora del Diploma de Posgrado en Derecho Público (2015-2017), directora del Máster en Estudios Jurídicos Avanzados (2014-2015) y delegada del Rector para la ordenación normativa (2011-2013).

Renovación pendiente

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la Cartera de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, afirmó que, con esta propuesta de renovación del Tribunal Constitucional, el Gobierno cumple con la Constitución y las leyes: «El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales».

Bolaños hacía referencia así al hecho de que el CGPJ no haya propuesto todavía a los dos magistrados cuya designación les corresponde según la Constitución. El Ejecutivo argumenta que el pasado mes de julio, mediante una modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, se facultó al CGPJ para que pudiera realizar esta propuesta a pesar de estar en funciones y se estableció un plazo, que ya ha vencido.

El ministro señaló expresamente que el incumplimiento de la Constitución y la ley «es atribuible a los ocho vocales conservadores del CGPJ y no al órgano en su totalidad», al que ha invitado a nombrar a los dos magistrados que les corresponden para que el Tribunal Constitucional pueda renovarse en su totalidad y «se recupere la normalidad constitucional en nuestro sistema democrático».

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