El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, “que consolida una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida a estudiantes y trabajadores”, según defendió el Ejecutivo. La norma lleva anexada una memoria económica de 5.474 millones de euros, de los cuales 1.550 provienen de los Fondos de Recuperación y Resiliencia europeos.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, calificó la futura ley como «un proyecto de país, transformador y modernizador» que mejorará la vida de los ciudadanos. Además, agradeció el trabajo de su antecesora, Isabel Celaá, quien presentó la norma el pasado 15 de junio.
Pilar Alegría destacó que el documento se ha perfeccionado con las numerosas aportaciones de la comunidad educativa, empresarios, sindicatos y comunidades autónomas, con quienes se desarrolló un intenso proceso de diálogo y negociación. La ministra apeló a los grupos parlamentarios para que el Congreso de los Diputados apruebe la ley con el mayor consenso posible.
El texto recoge que toda la Formación Profesional (FP) se integra en un sistema único organizado por grados y dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto ocupados como desempleados, para que puedan programar itinerarios formativos en función de sus expectativas y necesidades.
Además, toda la formación será dual. Es decir, se garantiza que todos los estudiantes de FP van a tener posibilidad de un periodo de formación y de prácticas en la empresa. La ministra concretó que la FP general tendrá un periodo de prácticas de entre el 25% y el 35% y la FP intensiva de un 35% a un 50%. En esta última modalidad existirá una vinculación contractual remunerada del estudiante con la empresa.
Ley de Convivencia Universitaria
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga la norma vigente de 1954.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que era necesario actualizar esta ley para adaptarla plenamente al marco constitucional y reformular el marco de convivencia universitaria, poniendo el acento en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y en la mediación como vía principal para la resolución de conflictos.
El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en mayo pasado y sometido posteriormente a información pública, señala que las universidades públicas y privadas deberán aprobar normas de convivencia que garanticen el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica, y la utilización y conservación de los bienes y recursos de acuerdo con su función de servicio público.
